Siete detenidos, pistas falsas y una cuota de incertidumbre que obligó a la Justicia a prorrogar la investigación para llegar a una conclusión



Este 13 de noviembre se cumplen cinco meses de la desaparición de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años que desapareció en el paraje Algarrobal, en Corrientes, cuando había salido a recolectar naranjas junto a un grupo de adultos y niños. Desde ese día, poco y nada se supo con certeza sobre lo que ocurrió con el menor de edad a tal punto que la jueza federal Cristina Pozzer Penzo decidió prorrogar la investigación. Por el momento, el caso cuenta con siete detenidos, diez “asesores” acusados de haber entorpecido la investigación y varias hipótesis inconclusas.



A pesar de que las autoridades reconocieron que en una causa que involucra la desaparición de un niño “no hay nada que asegure un resultado”, el procedimiento para dar con el paradero del pequeño oriundo de la localidad correntina de 9 de Julio fue extendido hasta marzo de 2025 luego de que la titular del Juzgado Federal de Goya admitiera la complejidad del caso. De hecho, aún restaría examinar al menos un 70 por ciento del material obtenido de las pericias.



Según las fuentes del caso a las que pudo acceder Infobae, la magistrada se concentrará en recopilar algunas testimoniales que la ayudarían a “cerrar círculos”. Al mismo tiempo, el nivel de información que contiene el expediente es tan alto que sería imposible que la jueza pudiera analizarlos en su totalidad antes de expedirse sobre los procesamientos de los detenidos, entre ellos, los tíos de Loan, Laudelina Peña y Antonio Benítez, el ex comisario de 9 de Julio Walter Maciel, el matrimonio de Mónica Millapi y Daniel ‘Fierrito’ Ramírez, y el de la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y el capitán de navío retirado Carlos Pérez.



Todos los imputados en la causa fueron señalados por la Justicia por haber estado presentes en el recorrido que realizaron desde la casa de la abuela paterna del nene, Catalina Peña, hasta un naranjal al que iban a recolectar algunos frutos, pese a que días después se constató que en el mismo no había naranjas listas para cosechar. La mayoría de ellos no aportó datos significativos para la búsqueda del menor, a diferencia de Laudelina que pasó a ser considerada como una de las principales sospechosas por haber intentado instalar la versión de que el niño había sido atropellado y ocultado. Un relato que se comprobó que fue inventado y que, según una declaración posterior de la mujer, habría sido producto de amenazas propiciadas por su entonces abogado, Jose Codazzi.




No obstante, la historia del presunto accidente fue solo uno de los giros que sufrió la investigación, la cual desde un principio había sido afrontada como un simple extravío. “El chico no se perdió, si no lo hubiésemos encontrado esa misma tarde”, reconocería Benítez durante la ampliación de indagatoria que realizó a principios de septiembre.



Las incongruencias y las faltas de pistas sobre la suerte de Loan llevaron a los investigadores a abrir múltiples líneas de investigación, sin embargo, 153 días después muchas de ellas ya perdieron fuerza producto de las pruebas recolectadas. Entre las teorías, ya se descartaron las ideas de que se hubiera perdido e, incluso, que se tratara de un secuestro, debido a que todavía está vigente una recompensa de $5.000.000 para quien pudiera brindar información que permitiera a las autoridades a encontrar al menor.



A la vez que no hubo nadie que reclamara la recompensa, los investigadores remarcaron que tampoco se obtuvieron resultados por medio de los más de 4 mil llamados respondidos por la línea 134 que es destinada para denunciar y reportar información de personas desparecidas. Asimismo, las fotos y videos de un supuesto Loan que lo ubicaron en otras provincias y hasta en el exterior también fueron descartados al comprobarse que se trataban de niños que solo compartían características físicas con Peña.



Por este motivo, las autoridades se enfocaron en despejar la hipótesis de que el niño podría haber sido víctima de trata de personas. Sin embargo, la causa se acomoda según las nuevas pistas que surgen hasta que estas terminan por agotarse. Tal como ocurrió el pasado 28 de octubre, cuando se ordenó un allanamiento de urgencia en el paraje Loma Alta, al norte de Corrientes, luego de que una nena le contara a su maestra de jardín que su padre habría enterrado a un nene que podría haberse tratado de Loan.



La denuncia fue realizada por la misma docente y tuvo en la mira al padre de la menor, identificado como B., de 30 años, quien trabajaría en plantaciones de sandías junto a un productor local, socio de uno de los hijos de Caillava. Este vínculo incrementó las sospechas en torno a la finca inspeccionada y a las posibles relaciones que tendría con el entorno de la ex funcionaria municipal presa, aunque los procedimientos dieron negativos y la línea de investigación tuvo que ser descartada.

Los diez asesores de la Fundación Dupuy que fueron acusados de entorpecer la investigación

A raíz de la mediatización que tuvo la desaparición de Loan, diez supuestos asesores que se presentaron en nombre de la Fundación Lucio Dupuy fueron procesados con prisión preventiva por presuntamente haber entorpecido la investigación. Los mismos fueron identificados como el psicólogo Federico Colombo, Nicolás Soria, Verónica Machuca Juni, los abogados Elizabeth Cutaia, Delfina Taborda y Alan Cañete, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López y el oficial primero de la Policía de la Ciudad Leonardo Rubio.



La Justicia sospecha que los imputados, desde un hotel de la localidad de 9 de Julio, “entrenaban” a, al menos, tres de los niños que estuvieron en el naranjal aquel 13 de junio pasado. También a Camila Núñez, testigo clave en la causa, y a la hija de Laudelina Peña, Macarena. Todo comenzó cuando Soria trató de impedir que Prefectura entrara al hotel donde se alojaban. La fuerza de seguridad tenían la orden de trasladar a Macarena y Camila junto a los menores a sus domicilios particulares.



Para la jueza, Soria impidió el procedimiento para “evitar que narren lo percibido por sus sentidos de forma llana, sin intromisiones de terceros o ‘coucheos’ (coaching)” y consideró que “resulta una faena dificultosa para las autoridades predispuestas por la casi inmediata intervención que tuvieron, desde estar junto a los padres, a la abuela Catalina, a los familiares; direccionando o intentando direccionar sus declaraciones sean por medios o en la justicia resulta sobradamente probado. Asimismo, apuntó que “el impacto es que este ‘entrenamiento’ realizado fuera del marco legal que impide estas acciones, el efecto es directo a la recolección de prueba y el impacto generado es dificultar el descubrimiento de la verdad real de los hechos como sus autores”.



Por este motivo, la magistrada imputó a los diez sospechosos por privación ilegítima de la libertad, fraude a la administración pública y encubrimiento agravado. No obstante, en el caso de Soria se le endilgaron los delitos de atentado a la autoridad, suministro de estupefacientes y usurpación de título, mientras que Colombo también está acusado de violación de secreto profesional, falso testimonio y usurpación de título. Cañete, Núñez, López y Machuca Juni también fueron acusados por usurpación de título.



A pesar de estos cargos en su contra, Rubio, Cutaia, Taborda, Cañete, Noguera, Núñez y López fueron excarcelados por la Cámara Federal de Corrientes el pasado 23 de octubre. Sin embargo, los siete deberán presentarse periódicamente ante las autoridades, no podrán salir del país y fueron obligados a entregar sus respectivos pasaportes. Finalmente, también les prohibieron que se acercaran o se comunicaran con las víctimas menores de edad involucradas en el caso y con los testigos para evitar que pudieran continuar con esta serie de entrenamientos por los que fueron detenidos previamente.