La apertura de sobres de la licitación privada se realizó el jueves 11 en el ministerio de industria. 120 días se estableció como plazo para la concreción de la obra. Son cuatro meses, Co­lombi se va en siete.

  

 

“Todo contrato se hará por licitación pública cuando del mismo deriven gastos”. Ley 5571, Art. 108º.

 

El Gobierno provincial en retirada buscó consolidar una alianza con empresarios a quienes disgusta competir en igualdad de condiciones y con sectores del Poder Ju­dicial que acompañaron la cartelización de la adminis­tración pública. Antes de irse pretende contratar sin lici­tación pública una obra por $8.538.059, según el anuncio del Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio, para su inversión en el Parque Tecnológico Unne-Corrientes.

 

La obligatoriedad de la licitación pú­blica admite excep­ciones, por ejemplo cuando el monto de la operación no exceda de $900.000 y tam­bién con autorización del Poder Ejecutivo, ante algu­nas situaciones como las si­guientes:

 

*Entre reparticiones ofi­ciales.

 

*Cuando la licitación pú­blica resultó desierta o no se presentaron ofertas válidas.

 

*Cuando medien probadas razones de urgencia no pre­visibles o casos fortuitos.

 

*Cuando las circunstan­cias exijan que las operacio­nes del Gobierno se manten­gan secretas.

 

Ninguna de estas causa­les, entre otras previstas en la ley, parece existir en el emprendimiento en clave de tecnología (“parque tecnoló­gico”) aunque suene bien.

 

El caso es que en una lici­tación pública lloverían ofer­tas válidas, para elegir. Con más razón en una política de Estado como la que montó Colombi, que ha privilegia­do contrataciones y privati­zaciones y deberían existir muchas empresas a efectos de mantener la competencia propia del sistema capitalis­ta.

 

En el caso del Parque Tec­nológico Unne-Corrientes no se advierten razones de urgencia. La propia natura­leza del emprendimiento su­pone convenios previos de la administración pública pro­vincial con una universidad nacional, con mayor razón si los trabajos deberían es­tar terminados en 120 días; salvo que deliberadamente desde el inicio se haya deci­dido burlar la obligatoriedad de la licitación pública. Pero no hay interpretación alguna que en castellano básico y de buena fe pueda suplantar a ese requisito legal.

 

Visto desde otro ángulo, si los trabajos deben estar ter­minados en cuatro meses, días más, días menos, esta­mos en octubre, lo que lleva a pensar en un propósito accesorio de anuncio electo­ral, como otros incumplidos desde 2013, pero además aparece cantada una viola­ción de la ley, hasta que se demuestre lo contrario. Norte Corrientes