Este martes 28 de marzo se cumplen 12 meses de la formalización de una denuncia que pidió investigar el reparto de pauta oficial. Sin novedades ni un solo movimiento del expediente, todo empezó por una filtración sobre pagos a periodistas, productoras y medios de toda la provincia. En un solo listado había casi 600 beneficiarios.

Un día como hoy pero de hace un año atrás ante la Fiscalía de Instrucción N° 3 de la ciudad de Corrientes se radicó una denuncia penal contra el reparto de pauta oficial, por parte del Gobierno de la provincia.

La presentación apuntó a “una matriz de corrupción” con foco en dos funcionarios de primera línea del gabinete provincial encargados del reparto de torta publicitaria oficial.

Doce meses después el expediente 255077/22 no se movió y ni siquiera se llamó a alguien para tomarle declaración. La denuncia solicita que se investigue la conformación de sociedades anónimas (también a medios y periodistas) que se ven beneficiadas con el pago por pauta oficial y cuáles son las contraprestaciones. Y sobre todo si realmente hay contraprestación y si esas personas físicas y jurídicas realmente existen. La mayoría de esas sociedades fueron creadas entre 2019 y 2021.

Todo empezó con una filtración de copias de listados de beneficiarios, más de 500 entre periodistas, medios, productoras de toda la provincia. Esta filtración se dio en medio de una fuerte puja de poder interno dentro del Gobierno. Fue tanto el impacto que la Dirección de Información Pública –organismo que reparte la pauta oficial- tuvo que cambiar todo el sistema de pago y aprobación de expedientes para pautas publicitarias.

Muy distinto en otra causa

El ex gobernador Arturo Colombi (2005-2009) fue condenado junto a un grupo de funcionarios de su gabinete por una idéntica denuncia a la presentada hace un año, pero aquella vez, desde 2007 la Justicia provincial con mucho menos pruebas trabajó aceleradamente imputando y hasta deteniendo a funcionarios.

Contratación de un encuestador en año electoral

La semana pasada se conoció la contratación de un encuestador electoral y gurú de campaña electoral por parte del Gobierno provincial para todo este año, esa contratación no está informada para qué es. Si es por cuestiones institucionales o político partidarias de la alianza gobernante liderada por la UCR.

Se trata de un encuestador cuya consultora tiene sede en Resistencia (Chaco), habitualmente se encarga del marketing político de la coalición gobernante Encuentro por Corrientes (ECO). Este dispendio de recursos estatales, como el de la pauta oficial también está en una zona oscura. Lejos de la transparencia pública.