El presidente Pedro Castillo y su gabinete tienen un 76% de imagen negativa, pero todo el Poder Legislativo de Perú tiene un 82% de rechazo de la población.


La idea de una nueva Constitución, o de reformas profundas a la actual, comenzó a aflorar en Perú como posible respuesta a la grave crisis de representación, reflejada según encuestas que marcan una opinión negativa del 76 % para el Gobierno del izquierdista Pedro Castillo y del 82 % para el Legislativo.

La posibilidad del cambio constitucional, al que se oponen la derecha, las élites económicas y el poder mediático, estuvo en el discurso colateral en las movilizaciones populares de la semana pasada, que fueron el momento más duro en nueve meses de gestión del presidente Castillo.

“Qué raro que solo en Lima pidan la vacancia (destitución presidencial). Acá la mayoría no está a favor de la vacancia. Lo que queremos es que se cambie la Constitución de 1993, porque ha hecho que los grandes monopolios hagan y deshagan precios”, dijo en medio de la marcha un poblador de la ciudad de Ica, citado por el diario limeño La República.

El tema fue puesto sobre el tapete por el gobernador del departamento de Puno, Germán Alejo, quien, en una reunión pública del Consejo de Ministros, en presencia de Castillo, exigió retomar el tema, pues, argumentó, la dificultad del momento exige grandes soluciones.

En ese marco, el politólogo Roger Santa Cruz consideró, en diálogo con Télam, que la posibilidad del cambio de Constitución está latente y “a la espera de encontrar su cauce político”, porque lo que está en juego no es solo la figura de Castillo, sino la estructura política en general.

El cambio de la Carta redactada “a imagen y semejanza” del entonces presidente Alberto Fujimori, figuró siempre en la agenda de la izquierda y el centroizquierda. El actual gobierno asumió la bandera pero la abandonó en medio de la crisis que lo ha acompañado desde el comienzo.

Perú se movilizó la semana pasada para protestar contra el alza del costo de la vida, que el discurso oficial atribuye exclusivamente al conflicto ruso-ucraniano, pero que según la oposición se agravó por falta de reacción gubernamental.

Seis personas murieron en tres departamentos –dos de ella directamente en choques con la Policía-, mientras que Lima estuvo paralizada el martes varias horas por un sorpresivo toque de queda diurno que hizo crecer aún más las críticas al mandatario, muy resistido en la ciudad desde el comienzo.

Lo llamativo de las jornadas es que no estuvieron limitadas a Lima, sino se extendieron por los Andes que el año pasado le dieron apoyo masivo a Castillo. De hecho, los disturbios más graves ocurrieron en el departamento de Junín, cuna y fortín del partido oficialista Perú Libre y único en que ese colectivo marxista leninista es gobierno regional.

Para Santa Cruz, como para otros muchos analistas, el que Castillo saliera comparativamente bien librado obedece a que el Congreso, que aparece como rostro institucional de la oposición, es aún más resistido por la opinión pública, lo que explica que los movimientos sociales no quieran verse como un furgón de cola de la derecha radical.

Los partidos Fuerza Popular (FP) Renovación Popular (RP) y Avanza País, de “línea dura”, iniciaron desde el primer momento acciones para vacar a Castillo y ya fracasaron dos veces en intentos formales. Eso, paradójicamente, parece haberse convertido en oxígeno para el Gobierno, a pesar de sus constantes “errores no forzados”.

Si Castillo saliera del poder vía destitución, tendría que ser reemplazado por la vicepresidenta Dina Boluarte, pero portavoces de FP, RP y Avanza País ya han dejado claro que no la aceptarían, por lo que la jefatura del Estado pasaría a la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, cuyas cifras de rechazo son similares a las del mandatario.

El clamor “que se vayan todos”, que sin rostros visibles exige elecciones anticipadas para que el Ejecutivo y el Legislativo se vayan pronto y no en 2026, también se ve obstaculizado porque requeriría compromiso de los dos poderes.

Santa Cruz, de las universidades Pedro Ruiz Gallo y Antonio Ruiz de Montoya, insiste por tanto en que la crisis es institucional y las soluciones tendrían que pasar por un proceso que incluya reformas constitucionales, aunque de momento no esté claro cómo podría materializarse.

El desconcierto fue resumido por la jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico, Alexandra Ames: “En Perú cualquier cosa puede suceder”. Pero “mi pronóstico no es bueno, el presidente está en cuidados intensivos y el descontento de la población va a aumentar”, complementó en el semanario Hildebrandt en sus Trece.

Tras los sucesos de la semana pasada, Castillo se declaró optimista: “Creo y tengo fe en que el momento político en el que hemos estado envueltos ha llegado a su fin y hay que demostrar que sí podemos trabajar con transparencia”, dijo al iniciar una reunión pública del Consejo de Ministros en Huancayo, la capital de Junín.

Esa reunión y una similar celebrada después en Puno parecerían indicar que el presidente busca reconciliarse con los Andes, en donde el apoyo a su gestión se deterioran a pesar de las distancias de esos sectores con Lima y con la derecha clásica.

De hecho, según pobladores de Junín, uno de los hechos que más los indignó fue que Castillo dijera que las protestas en esa región obedecían a que sus líderes –transportistas y agricultores, fundamentalmente-, eran pagados por sus enemigos.

En concepto de Santa Cruz, lo que tendría que hacer Castillo es retomar las banderas de cambio social que –además del desprestigio de su rival, Keiko Fujimori- explican su triunfo electoral. El problema, advierte, es que el presidente “no se deja ayudar”.

Castillo comenzó a enfrentar la carestía con medidas como la eliminación temporal del Impuesto Selectivo al Consumo para los combustibles y del Impuesto General a las Ventas para artículos de primera necesidad, aunque en esto último hubo polémica porque desde el Congreso se quiso incluir a los exclusivos lomo fino, faisán, ganso o gallina de guinea.

Para los analistas, el mandatario también tendrá que analizar la continuidad de su jefe de gabinete ministerial, Aníbal Torres, generador de diversas polémicas, la más reciente cuando elogió en público a Hitler y Mussolini. El problema es que ya ha tenido cuatro equipos ministeriales, algo inusual para un lapso tan breve.

Los peruanos, molestos con su Gobierno y su Congreso, afrontarán así la Semana de Pasión con la cada vez más debilitada esperanza de que desde la clase política surjan fórmulas que permitan superar las tablas y afrontar los problemas reales.