Cristóbal López se presentó hoy ante los tribunales de Comodoro Py 2000 para notificarse del embargo de sus bienes, luego de que el juez Julián Ercolini avanzara con el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil sobre el empresario y Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP.

 

López concurrió temprano a los juzgados del barrio porteño de Retiro para cumplir con una parte del trámite que tiene como objetivo determinar la magnitud y evolución de su patrimonio.

 

El 26 de marzo, Ercolini dispuso la medida de levantamiento de los secretos a pedido del fiscal general Gerardo Pollicita, en el marco de la investigación donde se investiga la maniobra a partir de la cual uno de los dueños del Grupo Indalo no pagó $8.000 millones al fisco en concepto de Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC).

 

El objeto de estas instrucciones judiciales, que se suceden después de la excarcelación de los empresarios kirchneristas junto a un controversial cambio de caratula, apunta a determinar el monto final de la riqueza perteneciente al grupo económico, con el objetivo de que afronten la deuda generada con el fisco.

 

Oil Combustibles SA, la firma petrolera intervenida por la justicia comercial y que durante el último gobierno de Cristina Kirchner no pagó el impuesto ITC ya adeuda, según cifras oficiales, cerca de $17.000 millones. En tanto, otras 25 firmas del Grupo Indalo contabilizan por diferentes tributos más de $1.900 millones.

 

López recuperó la libertad tras un fallo de la Sala I de la Cámara Federal porteña, donde se modificó la calificación del delito. Para los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero, el dueño del Grupo Indalo, su socio y Ricardo Echegaray (ex titular de la AFIP) no cometieron una defraudación contra el Estado, sino que retuvieron tributos indebidamente, una figura que se extinguiría con el pago de la deuda.

 

La AFIP se consideró como la principal afectada con las últimas novedades en las imputaciones, y apeló el fallo al entender que López realizó una maniobra corrupta se “se quedó con $ 17.000 millones de fondos públicos”.