Mauricio Macri cuya campaña electoral se había basado en la promesa de luchar por la unidad de los argentinos, la pobreza 0 y por una justicia independiente, en el año 2015, a 5 días de haber asumido la presidencia, ¡nombró a 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia por decreto! Todo el arco político y académico lo criticó, incluido el propio Miguel Angel Pichetto -años después su aliado- quien catalogó el hecho como un “disparate”.

Las cárceles están llenas de pobres, 6 de cada 10 presos lo están sin condena firme. Las causas de corrupción demoran en promedio 14 años. La Justicia lenta es justicia injusta. Si hay un poder que necesita un fuerte cambio, una gran reforma integral, es el poder judicial.


Al margen, entre otras licencias, es el único poder que no aceptó cumplir con la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública.

El Presidente de la Nación Alberto Fernández, en febrero de 2020, expresó en la red social twitter: “En los últimos años el lawfare se instaló en la Argentina. Entonces cuestioné la competencia judicial y mediática con el poder político que posibilitó la persecución y detención arbitraria de opositores. Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos”.

Siguiendo esta línea, no se trata de una justicia ineficiente, sino que justamente, dilatar algunas condenas y enredar y apresurar otras es parte de la dinámica de funcionamiento adrede.

El uso de la ley como un arma de guerra termina naturalizada y ya no se sabe quién es bueno y quién es malo.

Elisa Carrió es reconocida públicamente por presentar denuncias judiciales y mediáticas, pero lejos de cuidar el rol en el imaginario de algunos de “fiscal de la república” y respaldar sus presentaciones ante el Poder Judicial con pruebas contundentes, muchas pero muchas, de sus denuncias fueron desestimadas o archivadas por falta de pruebas. E incluso en algunos casos debió disculparse públicamente para resarcir el daño ocasionado por sus dichos. Hace unos meses hasta denunció que la vacuna contra la covid envenenaba.

Transitamos una etapa de la historia en que la apariencia de verdad puede valer más que la propia verdad. Se apuesta a las emociones, a los eufemismos y a generar un clima donde la diferencia con el adversario no es en el proyecto político que se impulsa, sino de carácter moral o de honestidad. Llevando el debate al terreno de quienes se calzan el traje de honestos y señalan a todos los demás como deshonestos. Y bajo ese paraguas todo vale.

Y así fue y es como empezó a rodar el círculo vicioso en donde se judicializa la política y se politiza la justicia. Y muchos medios de comunicación participan en este proceso de manera activa adulterando los elementos de juicio con los que cuenta la gente para armar sus opiniones. Se suman en este juego, las redes sociales y los chats donde una y otra vez circulan fake news fabricadas con fines bien establecidos.

Sin ir muy lejos, el Jefe de gobierno de la Ciudad acaba de acatar un fallo que coincidía con su punto de vista, desafiando una decisión presidencial, pero cuando otro fallo de una instancia superior lo contradijo, no lo acató. Pero la noticia no fue que incumplió una orden judicial sino que luchó por la escuela abierta, aún cuando en realidad el debate era si las clases serían virtuales o presenciales, no si se abría o cerraba la puerta de un establecimiento educativo. Acompañaron este conflicto las convocatorias públicas difundidas en los medios de padres y madres para abrazar las escuelas, y las consignas de Whastapp contra la “barbarie”.

El lawfare generalmente florece mejor en tierra abonada con odio. La clave para salir de este laberinto está en funcionar respetando las reglas de juego vigentes: la división de poderes, la libertad de expresión y las elecciones democráticas. Y todos rindiendo cuentas.

El que gana, gobierna. El que pierde controla, acompaña y se prepara para ser alternativa. No embarra ni obstaculiza, porque todo el sistema se supone que se armó para mejorar la vida de las personas, no para beneficiar a un político o a otro. La justicia no se acomoda a la política, aplica la ley sin importar sobre quien recaiga. Y los medios, aún teniendo líneas editoriales, informan, contextualizan, cuestionan, investigan, pero no marcan cuál es el camino ni condenan, contribuyen para que el debate democrático sea más rico y transparente.

Si cada uno/a cumple su rol fiel a la Constitución y a todas las reglas democráticas, entonces, podremos avanzar como país porque las instituciones y sus actores juegan dentro del tablero.

La corrupción mata, sin duda, también los huracanes de denuncias por “incumplimiento de deberes de funcionario público” sin fundamentos, promovidas por opositores tras perder las elecciones, al solo efecto de condicionar el ejercicio del poder, exacerbar el ánimo popular y aplasta garantías.

*Diputada nacional Frente de Todos.