"El presupuesto es un mensaje de un gobierno a la sociedad, y ese mensaje tie­ne múltiples acciones, una de ellas es la manera en que el gobernador se presenta, eso es tarea de los publicis­tas, ellos recomiendan múl­tiples acciones que sumadas todas dan un mensaje o un posicionamiento ante la so­ciedad, a veces es un repor­taje televisivo, una publici­dad en el diario, reportajes escritos. Con la reforma constitucional me vi obli­gado a ir por la reelección y mostrar a la sociedad por qué quería ser reelecto: ese mensaje es oficial”.

 

Arturo Alejandro Colom­bi, ex gobernador de Co­rrientes (2005-09) decidió sentarse en el banquillo y hablar: negó los delitos -peculado y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública- que le endilgan los fiscales Gustavo Roubineau y Gusta­vo Schmitt. Ante los jueces del Tribunal Oral Penal Nº 1 (TOP 1), manifestó: “En un año y medio de juicio sólo se demostró que fuimos un go­bierno transparente”.

 

En 23 minutos que duró la declaración de Colom­bi, además de rechazar los cargos en su contra, hizo afirmaciones sobre su ges­tión: “Concentramos todos los presupuestos de publi­cidad (de ministerio y entes autárquicos) en la Dirección de Información Pública, pa­sando del 0,5 por ciento a un punto en el promedio en la ejecución presupuestario”. Y agregó: “En 2007 hubo un excedente presupuestario de 260 millones de pesos. Dos o tres ministerios pi­dieron refuerzos, el resto se incorporó a 2008, por eso es que un expedien­te iniciado en noviembre puede pagarse en febre­ro o marzo porque hay continuidad del Estado y el presupuesto contempla esta situación. Acá se lo señaló como una irregularidad pero es de absoluta normalidad”.

 

“Uso abusivo no hubo: hoy se gasta $400 millones. Si lo nuestro fue un uso abu­sivo cómo es que los fiscales no señalan estas diferen­cias”, espetó el ex mandata­rio. Y aseguró que “un sector de la Justicia fue utilizado por la política”, refiriéndo­se explícitamente al fiscal General, César Sotelo, y táci­tamente a su primo Ricardo Colombi.

 

El TOP1 lo indagó por la denominada “tercerización” de la pauta oficial a través de la empresa Negocios Correntinos (casa matriz de Agencia Corrientes), del extinto Hernán González Moreno (muerto el 2 de oc­tubre de 2009, a tres del balotaje entre los Colombi), a lo que el imputado respon­dió: “Niego la tercerización, debería haber una ley para que se pueda tercerizar. Ne­gocios Correntinos no supe­ró el 5 por ciento del presu­puesto en publicidad: era un diario digital, una página de noticias”. Acotando: “No se presentó una sola factura de un medio que haya cobrado a través de Agencia Corrien­tes”. 

 

“Otro juego”

 

“Un sector de la Justicia -declaró Arturo Colombi-, el fiscal general César Sotelo, fue utilizado por la política y a partir de ahí suceden estos casos y se arman estas cau­sas. Por ejemplo en 2009 encarcelaron a mi secretario privado (Diego Mosquera), que después fue sobreseído, y también a “Billy” Zampa. Pasaron 10 años. Es peligroso que un sector de la Justicia juegue a otro juego que no es el que le compete”.

 

Instancia final

 

Mayo será el mes en que el Tribunal Oral Penal Nº 1 (TOP 1) dé su veredicto, fecha proba­ble: martes 14. Ayer, los jueces Ana del Carmen Figueredo, Raúl Guerín y Ariel Azcona resolvie­ron el siguiente crono­grama:

 

-Martes 23/4 el TOP 1 resolverá la incorpora­ción o no de la declara­ción del imputado José Barreto (apartado del juicio por su salud) y de otras probanzas.

 

-Martes 7/5: alegatos de la Fiscalía (mañana) y del defensor Aquino Britos (tarde).

 

-Miércoles 8/5: alega­tos de la restantes de­fensas. Doble turno. 

 

Negó “tercerización” de la pauta. Dijo: “Agencia Corrientes era solo una página de noticias”.

 

Un consejo de la defensora oficial

 

La declaración de Arturo Alejandro Co­lombi fue un “consejo” de su defensora, la doc­tora Patricia Adriana Barbis, titular de la De­fensoría Oficial Penal Nº 2. El ex mandatario llegó a juicio asistido por la funcionaria ju­dicial, como cualquier otro ciudadano que no pueda solventar un abogado. Los particula­res que lo patrocinaron durante la instrucción no continuaron en la siguiente instancia del proceso: uno Armando Aquino Britos, sigue pero como defensor de otro imputado: José María Roldán; el otro, Fernando Carbajal de­bió renunciar al ser requerido como testigo por la Fiscalía: atesti­guó en la 31ª audiencia del juicio, una semana antes de asumir como juez federal en Formo­sa. “Mi defendido goza de la presunción de inocencia y en un año y medio de juicio no se ha podido mostrar ninguna prueba de car­go para derrumbar esa presunción”, dijo ayer Barbis. Otros tres im­putados son asistidos por el defensor oficial Nicolás Báez.