En representación de los ciudadanos venezolanos e iraníes, los abogados Mariana Barbitta, Roberto Rallin y Francisco Oneto realizaron las presentaciones afines.

Las nuevas defensas los tripulantes del avión venezolano retenido por la justicia argentina desde el 6 de junio solicitaron que se declare la nulidad de lo actuado en la causa en la que se investiga si la llegada al país del Boing 747 de la empresa Emtrasur tenía objetivos distintos a los declarados, informaron fuentes judiciales.

Las presentaciones fueron realizadas por la abogada Mariana Barbitta, en representación de los 14 tripulantes venezolanos, y por los abogados Roberto Rallin y Francisco Oneto, como defensores de los cinco ciudadanos iraníes que llegaron en el mismo vuelo, según pudo reconstruir Télam de fuentes con acceso al expediente.

Barbitta presentó ante el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, una excepción por manifiesta inexistencia de delito y un planteo de nulidad a raíz de lo que consideró "graves irregularidades del proceso penal iniciado" por una denuncia de la DAIA y por el requerimiento de instrucción de la fiscalía.

"El cambio de estrategia vinculado a una presencia activa de la defensa radica en la urgente necesidad de que se revisen las nulas actuaciones que dieron origen infundadamente a este expediente, sometiendo a un estado de incertidumbre constante a personas que nada tienen que ver con la comisión de un delito", sostuvo la abogada en una de las presentaciones.

Desde esa defensa manifestaron que "era imperiosa la necesidad de demostrar la ausencia de argumentos legales que habiliten mantener a los ciudadanos de Venezuela atados a una causa que responde a presiones políticas, pero no jurídicas".

En el primero de los escritos, el de la "excepción de falta de acción por inexistencia de delito", la defensora recalcó que todas las conclusiones de los informes que constan en el expediente, así como de las testimoniales producidas y pruebas de las cuales surge que los ciudadanos de Venezuela no tenían antecedentes penales ni administrativos, que su operación comercial se encontraba autorizada y que el vuelo estaba permitido.

En el mismo escrito, la abogada resaltó que los tripulantes del avión en ningún momento apagaron el transponder de la nave y que no tenían ningún tipo de prohibición de ingresar al país, circunstancias que a su criterio demuestran la inexistencia de delito.

"Ninguna de las más de 100 medidas de prueba ordenadas por la Fiscalía y el Juzgado han podido conectar a los ciudadanos de Venezuela con la potencial comisión de un ilícito", señalaron fuentes vinculadas a la defensa.

En la segunda presentación, el planteo de nulidad de todo lo actuado, la abogada Barbitta se centró en destacar las irregularidades de la resolución y el dictamen que decretaron la apertura de la causa, así como en las ordenes de allanamientos, "todas decisiones tomadas sin la debida fundamentación", según plasmó en la presentación.

El principal objetivo de las presentaciones es que levanten las medidas cautelares que pesan sobre sus defendidos, que llevan más de 75 días retenidos en la Argentina, y se las desvincule completamente del proceso penal.

Los 19 tripulantes del avión de Emtrasur siguen en el país porque la resolución del juez Villena que habilitaba la salida de 12 de ellos fue apelada por la fiscal Cecilia Incardona, que hizo que la efectivización de la medida quedara en suspenso hasta su revisión por la Cámara Federal de La Plata.

Los abogados Rallin y Oneto, por su parte, también formularon dos planteos: uno para que se declare la nulidad del requerimiento de instrucción formulado por la fiscal Incardona y el otro también por inexistencia de delito.

Para la defensa de los ciudadanos iraníes, el dictamen que dio impulso a la investigación "ha incumplido con la exigencia de motivación impuesta por la norma del artículo 69 del Código Procesal Penal de la Nación; dictamen en el que se incumplió con la obligación de individualizar el hecho sobre el que habría de versar la investigación", según explicaron.

También plantearon que los resultados de las más de 118 medidas de prueba producidas hasta el momento confirmaron que no existe una sola conducta que pudiera considerarse delictiva y, por lo tanto, se estaría utilizando un proceso penal para investigar cuestiones ajenas a ese fuero, con las intromisiones a los derechos fundamentales de las personas que ello supone.

Cuando dispuso que se devolvieran los pasaportes a 12 tripulantes, el juez Villena dejó asentado en su resolución que en la causa se investiga si "bajo la apariencia o 'pantalla' de una actividad lícita, parte de la tripulación estaría realizando maniobras ilícitas diversas e indeterminadas que afecten la seguridad nacional y regional".

El magistrado sostuvo que intenta establecer si algunos de los imputados están participando de maniobras para "financiar operaciones de terrorismo (concretamente con Hezbollah)" o son parte de "un plan vinculado a la organización terrorista mencionada", surge del fallo.

Al justificar el modo de conducir la investigación, el juez Villena señalo en su fallo de 267 páginas "el derecho internacional expresa con determinación la necesidad de que los Estados adopten medidas preventivas para reprimir la preparación de todo acto de terrorismo, considerando que el primer paso para ello es la financiación".

En línea con ese señalamiento, recordó que el caso se inició a partir de una denuncia presentada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) en la que se expresaban sospechas sobre los verdaderos motivos del aterrizaje del avión en la Argentina, la tripulación y sus posibles vínculos con alguno de los imputados por el atentado a la AMIA.