El Gobierno de Javier Milei cumplió durante su primer año de gestión, en parte, una de las promesa de campaña: equilibrar las cuentas públicas y obtener superávit fiscal. Que, en términos coloquiales, se traduce en “gastar menos de lo que entra”. Sin embargo, incumplió otra parte de su compromiso electoral: no fue la casta la que pagó el ajuste, sino los sectores de menores ingresos y más postergados y la infraestructura pública.

Para La Libertad Avanza (LLA), el superávit de las cuentas públicas se trata de una cuestión dogmática, cuyo líder considera que debe formar parte de la Constitución nacional. Cuando el Congreso aprobó la recomposición de los haberes jubilatorios, el presidente vetó la ley y llamó “degenerados fiscales” a los diputados y senadores que la votaron a favor. No es para menos, si se tiene en cuenta que el ajuste sobre los pasivos es -junto a la paralización de la obra pública- una de las principales fuentes del excedente fiscal del que Milei se ufana.

Existen dos modos clásicos se atacar un déficit en las cuentas: mejorar la recaudación o achicar los gastos. O una combinación de ambos. Traducido a los términos de la economía familiar, sería algo así como buscar un nuevo trabajo para aumentar los ingresos o recortar consumos. Milei, en cambio, combinó ambos hacia abajo: su política rectractiva de la actividad hizo que cayera la recaudación -aunque su desempeño fue desparejo, como se verá-, pero a la vez llevó adelante un ajuste tan brutal de las partidas públicas que, de todos modos, consiguió el objetivo.

Un estudio del Centro de Economía Política (Cepa) que incluye los datos de recaudación fiscal y gasto público hasta el mes de noviembre, refleja con claridad cómo se hizo el ajuste del experimento libertario en su primer año de gobierno. El dato más novedoso, que no aborda el trabajo, es la pasividad social -y hasta el entusiasmo- que acompañó al presidente frente a tanto recorte y deterioro de las condiciones materiales de vida de la mayoría de la población argentina.

El informe del Cepa muestra que en los primeros 11 meses del año, la recaudación tributaria cayó un 7% en términos reales (es decir, descontada la inflación). “Durante noviembre, el Sector Público Nacional (SPN) registró ingresos por un total de $9.609.299 millones, lo que representa una caída interanual de 7,0% en términos reales. Esta disminución se explica principalmente por el desplome en la recaudación de impuestos como el Impuesto al Cheque (-1%), Bienes Personales (-40%) y el IVA (-4%).”, señala el trabajo.

Por otro lado, agrega, “se destaca el crecimiento de los impuestos vinculados al comercio exterior: los Derechos de Exportación (retenciones +117%) y los Derechos de Importación (+8%). En el caso de las exportaciones, el incremento se vio favorecido por la significativa liquidación de cosecha (+99% respecto a 2023) ante la necesidad de liquidez en pesos para financiar la cosecha gruesa y, probablemente, la acumulación de stock de materias primas durante la primera mitad del año”.

El superávit fiscal a costa del abandono de las rutas nacionales.

 

En cuanto a las importaciones, el crecimiento de 8% estuvo impulsado principalmente por la reducción del Impuesto PAIS, que bajó de 17,5% a 7,5%1 (retornando a la alícuota que el gobierno aumentó en diciembre de 2023), y un incremento de las cantidades importadas. El impuesto PAIS dejará de pagarse a partir del primero día de enero de 2025, por lo que las cuentas públicas se deteriorarán aún más.

En cuanto a los impuestos ligados a la actividad -producción y consumo-, el trabajo del Cepa señala que el IVA “luego de mantenerse prácticamente constante en términos reales (-0,1%) en octubre, en noviembre volvió a exhibir una caída (-4%) al igual que Débitos y créditos ( impuesto al cheque, -1%). Por su parte, Aportes y contribuciones a la seguridad social crece 7% en el marco de la moratoria vigente”.

Recortes notables

Durante noviembre, los gastos totales del sector público ascendieron a $8.227.754 millones, “marcando un incremento nominal de 100,9%. Sin embargo, este aumento nominal se tradujo en una disminución real de 24,5% una vez descontada la inflación”.

“Luego del feroz ajuste de enero y febrero (-39,4% y -36,4% respectivamente), en noviembre el ajuste estuvo por debajo del nivel promedio del año en torno al -28%”, sostiene el informe del centro de estudios.

Acerca de quién paga el ajuste, el documento indica que “el derrumbe interanual de los egresos se atribuye principalmente -por su peso sobre el total- al recorte de los programas sociales, que caen 55% en términos reales (y que en el año acumulan una reducción de 33%) y de los gastos de funcionamiento (-23%) sustentados en la licuación salarial de los empleados del sector público”.

En tanto, “los subsidios se redujeron 22% interanual en términos reales. Al interior, aquellos destinados a la energía muestran una caída de sólo 5%, explicada por la falta de ejecución de las transferencias a Enarsa. Por su parte, los subsidios al transporte se redujeron 32%”, como lo sabe cualquier rosarino o rosarina que utiliza el colectivo, cuyo boleto se incrementó un 500% en 2024.

Los jubicasta

El análisis de los primeros 11 mese del año, en cuanto a los recortes efectuados por el gobierno de los hermanos Karina y Javier Milei, revelan cuáles son los sectores que sufren la disminución de la inversión pública. Las obras a cargo del Estado -como las rutas nacionales, que están en situación de abandono total desde hace un año- y los haberes jubilatorios encabezan el ránking de los aportantes al superávit fiscal, que en buena medida se va a pagar los intereses de la deuda externa.

“En los once meses de 2024, de cada $100 ajustados, $24,0 correspondieron a la obra pública. El segundo lugar en relevancia lo ocupan las jubilaciones con $22,1. Le siguen las prestaciones sociales que aportaron $13,9 (entre las que se incluyen asignaciones, pensiones no contributivas, prestaciones del PAMI, entre otros), luego los gastos de funcionamiento del Estado (principalmente salarios) con $12,8 y los subsidios con $12,2”. A la casta, ni cabida.

En relación al Producto Bruto Interno (PBI), la inversión pública del año que termina es una de las más bajas de las serie que toma el Cepa en su informe. “Al analizar los datos en términos de PBI a lo largo de los últimos ocho años, se observa que la reducción del gasto se profundizó significativamente en 2024. A noviembre, el gasto público acumulado alcanza el 13,1% del PBI, 3,2 puntos porcentuales menos que en 2023 y 4,7 puntos porcentuales por debajo del promedio”, reseña.