El gobierno de Javier Milei rechazó los actos de hostigamiento e intimidación denunciados por las personas asiladas en la Embajada argentina en Caracas, Venezuela, actualmente bajo la protección diplomática de Brasil. Los asilados apuntaron que desde la noche del sábado se produce un «asedio» policial.
«El despliegue de efectivos armados, el cierre de calles alrededor de nuestra Embajada y otras maniobras constituyen una perturbación de la seguridad que debe garantizarse a las sedes diplomáticas de conformidad con el derecho internacional, así como a quienes han solicitado asilo diplomático», apuntó la Cancillería en su cuenta de la red social X.
La noche del sábado, Pedro Urruchurtu, coordinador Internacional de Vente Venezuela (VV) y uno de los asilados, denunció que agentes «encapuchados» con «armas largas» de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) «rodeaban la sede diplomática y bloqueaban los accesos en la calle».
En este marco, la cartera de Relaciones Exteriores hizo «un llamado a la comunidad internacional para condenar estas prácticas y exigir los salvoconductos necesarios que permitan la salida de las personas asiladas».
En tanto, agradeció «al gobierno de Brasil por representar los intereses argentinos en Venezuela, asumiendo la protección de los diplomáticos locales, y por sus esfuerzos para garantizar la seguridad de los asilados frente al hostigamiento del régimen venezolano».
Y finalizó puntualizando que «la República Argentina reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos, el respeto de las normas internacionales y la seguridad de quienes se encuentran en situación de asilo».
En esta sintonía, el comando de campaña de la oposición mayoritaria de Venezuela también solicitó este domingo la emisión «cuanto antes» de salvoconductos para los seis asilados en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas, custodiada por Brasil.
En un comunicado, el comando denunció que la sede diplomática «permanecía sin energía eléctrica y rodeada por vehículos del régimen que impedían el tránsito en el lugar».
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Además, reportaron un «bloqueo de las señales de comunicación para evitar que se denunciara la situación desde el sitio, mientras se utilizaban drones para sobrevolar las áreas protegidas de la residencia».
«Esta acción repetida constituye una clara violación a los convenios internacionales en materia de asilo y diplomacia suscritos por el Estado venezolano, así como un ataque a los derechos de los perseguidos políticos», afirmaron.