A través de la Resolución Nº 0997 de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, el Gobierno de Frigerio habilitó desde el 10 de mayo al 23 de agosto la temporada de caza menor que permite la matanza de Pato Picazo (5 ejemplares), Pato Barcino (3), Sirirí Pampa (2), Sirirí Colorado (2), Pato Cutirí (2), Pato Maicero (2), Pato de Collar (2), Pato Capuchino (2), Inambú Común y Liebre (4).
Se autoriza la caza a cazadores locales en los departamentos La Paz, Gualeguaychú, Diamante y parte de Gualeguay, Victoria, Nogoyá y Villaguay; y en cotos de caza a extranjeros y personas de otras provincias. La polémica e indignante medida, que apenas anunciada ya cosechaba numerosas críticas, aumentó considerablemente con respecto a años anteriores la cantidad de especies que se pueden matar, así como la superficie donde se puede practicar la caza, favoreciendo claramente al negocio de los cotos de caza.
Impulsada por esta repudiable resolución, desde la ONG CEYDAS, le solicitaron de manera inmediata aclaración al gobierno de la provincia de Entre Ríos. Este ocultamiento de información –la cual debería ser de carácter público– genera sospechas de irregularidades y potencial connivencia entre el Gobierno y las empresas de turismo de caza.
El 26 de julio pasado, CEYDAS realizó un pedido formal de acceso a la información pública referente a la polémica Resolución Nº 0997 del Gobierno de Rogelio Frigerio que -en mayo pasado- autorizó la matanza de 9 especies de aves autóctonas, decisión que le valió numerosas críticas.
La carta, dirigida a la Secretaría de Agricultura y al Director de Fiscalización y Recursos Naturales, Marcelo Sapetti, no obtuvo respuesta alguna y, desde CEYDAS, denuncian que se está ocultando información pública ambiental en abierta violación a la Ley Nacional Nº 25.831. “Es un ocultamiento de información pública y deja en evidencia a un Gobierno que promueve la matanza de especies nativas beneficiando a los cotos de caza” criticó Gabriel Bonomi, referente de la institución defensora de las aves.
Por otro lado, la Dra. Cecilia Domínguez argumentó que “estamos ante una situación donde el Estado actúa arbitrariamente como amo y señor de la información de carácter público que se le está negando y/u ocultando a los ciudadanos”.
En la carta sin respuesta, CEYDAS solicitaba detalles sobre los estudios –exigidos por Ley– de las poblaciones de patos e inambúes (perdices) que se autorizaron matar, así como información sobre los cotos de caza y los cazadores extranjeros que estos traen a la provincia.