Referentes de organizaciones de Derechos Humanos recorrieron dependencias policiales de Goya y Lavalle y denunciaron el grave estado en que se encuentran los reos en dichos lugares. “Es calamitosa la situación humanitaria de los detenidos en las Comisarías de la región a cargo de las autoridades policiales dependientes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Corrientes”, aseguran los responsables de los organismos.





La comisión fiscalizadora aseguró que esto lo vienen denunciando en forma reiterada  ante las autoridades pertinentes y ante la opinión pública, sin obtener respuestas de parte del gobierno de Ricardo Colombi.





La delegación que recorrió las comisarías estuvo integrada por los concejales del Municipio de Lavalle, Ana Isabel Olivo y Alejandro Zalazar; la Directora de DDHH de Goya Alicia Helena Casabonne; la integrante del Equipo Jurídico de dicha Dirección Dra. Zulma Insaurralde y la representante del Comité Provincial contra la Tortura, Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes: Gladys Leonor Hanke.





Una de las visitas se hizo en la Comisaría de Lavalle. Allí comprobaron que en la misma se halla detenido un joven a cargo del juzgado de Instrucción y Correccional número 3 de la Segunda Circunscripción Goya alojado en condiciones indignas e inhumanas. Detallaron que el calabozo tiene goteras en el techo de viejas chapas de zinc. No tiene baño, y padece escases de luz y ventilación. Tampoco hay mobiliario para sus ropas y utensilios y el piso tiene humedad por el agua que ingresa a través de las goteras.





Además contaron que, la comida se la provee su propia  familia ya que la Comisaría no cuenta con este servicio.





No obstante, señalan que  hay  “buena predisposición” de parte de las autoridades de la Comisaría para lograr una solución a estos problemas que “escapan a sus posibilidades” al no contar con medios económicos suficientes como es la queja en todas las unidades hasta este momento visitada por la Comisión.





“Cabe destacar que las condiciones de vida de las personas detenidas por la Justicia Provincial son responsabilidad directa del Ministerio de Seguridad de la Provincia y también de las autoridades judiciales”, aseveraron. A estos llamaron la atención ya que “no pueden ni deben desentenderse de esta cuestión sobradamente legislada y explícitamente planteada en nuestra Constitución Nacional”, sostienen.