El escenario de recesión económica a nivel nacional, sumado a una pérdida de poder adquisitivo considerable en los bolsillos de los trabajadores producto de las medidas de ajuste del Gobierno, constituye un panorama de crisis que repercute en los estratos sociales medios y bajos argentinos. En ese sentido, la provincia de Santa Fe también es testigo del impacto de las medidas en el grueso de su población, viendo afectada considerablemente su calidad de vida.
Es que, según un informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortíz (CESO), las ventas en supermercados del territorio santafesino cayeron 23,2% interanual durante julio, siendo el octavo mes consecutivo de derrumbe. Al respecto, bebidas, artículos electrónicos e indumentaria, calzado y textiles fueron los rubros de peor desempeño.
El valor de las transacciones en ese mes llegó a los $83.284.856. Además, los precios aumentaron un 356,3% internanual en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Desde diciembre de 2023, época de asunción de Javier Milei en el Gobierno, las ventas vienen cayendo en picada. Si bien ya venían complicadas, es durante esta gestión que el descenso es sostenido y pronunciado. Por más que se lo intente maquillar, la realidad es palpalble: la gente compra cada vez menos, independientemente si se trate de negocios de cercanía o grandes cadenas mayoristas.
Cómo se ve, la estrategia de liberación de precios por parte del gobierno de La Libertad Avanza (LLA), lejos de apalancar el consumo, lo retrotrajo a niveles históricos. Por ello, muchos ciudadanos tuvieron que optar por adquirir productos de segundas o terceras marcas, y a duras penas pudiendo satisfacer la demanda de los de primera necesidad.
Con salarios bajos y valores de productos a nivel internacional, es marcado el notorio deterioro en las condiciones mínimas de sustento para la mayor parte de la sociedad. Si a eso se añade recortes en áreas como salud y educación, la ecuación redunda en una clase trabajadora cada vez más pobre, con canastas alimentarias que superan a la jubilación mínima y dificultan el acceso de los adultos mayores a una vida digna, de calidad.
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Pero además, otro sector vulnerable que siente el efecto de las políticas implementadas es de la niñez, con varios chicos y chicas en el país que se van a dormir habiéndose salteado comidas o con déficit nutricional evidente debido a la cantidad ínfima de calorías que consumen, debilitando su proceso de crecimiento y desarrollo, tan fundamental durante los primeros años.
La miseria planificada es un hecho. A costa de alcanzar el superávit fiscal, el Gobierno metió mano y achicó gastos en sectores clave como los mencionados anteriormente, aumentando las cifras de desempleo, y con paritarias muy discutidas con diversos sectores, teniendo conflictos con varios de ellos por la falta de recomposición salarial.
Esto viene a colación para recordar como con sueldos de hambre es imposible mejorar las condiciones sociales de una nación, una forma de lesionar derechos que atenta contra cualquier posibilidad de distribución equitativa de la riqueza, profundizando las desigualdades.