Las urgencias políticas locales del gobierno de la provincia motorizaron con la mayoría parlamentaria del oficialismo una modificación en el sistema electoral de la provincia. No es la primera vez que ocurre que se mueven hacia un lado o hacia el otro en función de lo mismo, salvo que en esta oportunidad, el diputado radical, Carim Peche, planteó con precisión puntillosa que la Constitución de la Provincia en su artículo 90, inciso 4 prevé que deben pasar por lo menos 5 años para volver a cambiar el sistema.



Hasta ahora estaba en vigencia el sistema que preveía primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en las mismas fechas en las que convocaba el gobierno nacional, sancionada en la Cámara de Diputados de la provincia en 2012 a partir de diversos proyectos presentados en aquella oportunidad por el gobernador Jorge Capitanich y legisladores de todos los partidos.



Si no hubiera habido modificaciones a esa norma, la actual modificación podría quedar excluida de esa modificación, pero los vaivenes en la relación de aquel momento entre el gobernador en licencia para ejercer el cargo de jefe de Gabinete de la presidente Cristina Fernández y el vicegobernador en ejercicio de la gobernación, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, impulsaron una modificación clave que tiene que ver con la fecha de la convocatoria a las primarias que ocurrió en octubre de 2014.



En términos estrictos, el texto de la Constitución no hubiera permitido las modificaciones que sufrió la propia sanción original de la ley de primarias Nº 7141 de noviembre de 201. Una en 2013 para permitir que voten los adolescentes de 16 años para arriba y la ya mencionada de 2014 que hizo coincidir las primarias provinciales con las nacionales.



Se trataba de la idea del peronismo de aquella época de no adelantar elecciones respecto del cronograma nacional, una idea que nació en la administración de Cristina Fernández, a quien prácticamente nadie discutía en el oficialismo, mucho menos en el Chaco.



Esto no quita que el texto constitucional mande una cosa, aunque se haga otra. Carim Peche, es autor de un cuestionamiento que está a esperando resolución en el Superior Tribunal de Justicia, sobre la constitucionalidad de la ley que habilita a hacer jurar diputados suplentes cuando los titulares están de licencia, por ejemplo cumpliendo funciones de ministros en el Ejecutivo provincial, por ejemplo, el caso del ex diputado Juan José Bergia. El cuestionamiento a la ley implicó el riesgo de que el oficialismo tuviera todavía un bloque más reducido en la Legislatura y movió entonces a renunciar a Bergia. Lo mismo ocurrió con Martín Nievas, ministro de Seguridad en la actualidad.



Para el gobierno la gobernabilidad del resto de su mandato y retener o no el poder en 2019 implica una decisión crucial que lo empuja a modificar un sistema electoral que había propiciado hace menos de tres años aún contra lo que establezca la Constitución.



Sirve de ejemplo el Presupuesto 2017. Un diputado es la distancia que hay entre sancionarlo con autorización de endeudamiento o sin autorización, que de paso sea dicho, ya aumentó para el déficit de 2016 de 3 mil millones a 4.300 millones.



Peor aún, para el déficit previsto anticipadamente para 2017, el gobierno pretende deja abierto una autorización para tomar endeudamiento que deberá estarse a cómo cierren las cuentas al final de año. La oposición ya dejó en claro que no piensa considerar ni una cosa, ni la otra.



Volviendo al tema, el traspaso de la barrera constitucional fue señalado por Carim Peche aunque no quiere decir eso que el legislador vaya a plantear la cuestión ante la Justicia. La política chaqueña es reacia a judicializar sus cuitas, porque en un sistema de bipartidismo como el que nos rige desde el nacimiento mismo como provincia, no es bueno generar precedentes sobre cuestiones que uno y otro partido repetirán cuando estén en el poder.



Pero, de darse, una intervención de la Justicia podría terminar echando por tierra el cronograma que ya dio a conocer el gobernador, con la ley sancionada el miércoles último, llamando a renovar 16 diputados provinciales en las primarias del 4 de junio que viene y las generales del 23 de julio.

Menos de un mes después, tendrán lugar las primarias nacionales, el 13 de agosto, mientras que los comicios generales nacionales se llevarán a cabo el 22 de octubre.



Las diferencias de plazo confirman la falta de necesidad de llamar a elecciones desdobladas.  En esto, la palabra del oficialismo ya se conoció. Falta saber qué hará la oposición, además de cuestionar el llamado a través de las redes sociales y los medios.





Panorama complicado

Con la convocatoria a elecciones ya lanzadas, se juega en tiempo de descuento la necesidad de evitar el conflicto social. El gobierno nacional sufre porque pierde la calle y le caen encima los reclamos de los excluidos de su política de gobierno.



Ante la presión social y de las bases, la CGT tuvo que llamar al paro nacional que había evitado con toda clase de artimañas. El 6 de abril, sin embargo no quiere movilizaciones. Ya tuvo suficiente con aquella en la que los líderes tuvieron que escapar corriendo del enojo de aquellos que le pedían más firmeza en sus decisiones.



El 30 de marzo para la CTA, fue una medida surgida ante la inacción de la CGT que igualmente se confirma. Son los trazos gruesos de una manifestación de disconformidad, cuya letra chica más visible es la protesta docente.



La vicepresidente Gabriela Michetti superó a la ex presidente Cristina Fernández en su menosprecio al reclamo de aumento de los sectores sindicales docentes. “Si yo ganara 9 mil pesos y trabajo 4 horas no haría paro”, dijo en evidente desconocimiento de la tarea del maestro y percibiendo mucho más que 10 veces el salario docente por su tarea de vice.



En la provincia el cóctel no es menos volátil. UPCP decidió un paro de 48 horas y el gremio docente, Sitech Federación, convocó a un nuevo paro también de dos días al que seguramente habrá que sumar otra convocatoria nacional que paralice las clases por más días esta semana.



La provincia ha retirado la oferta que hizo a los maestros y está al límite de la fecha para liquidar los salarios de marzo sin ningún tipo de aumento o de darlo al estilo de la gobernadora María Eugenia Vidal, una cifra en negro “a cuenta de paritarias”.



El territorio bonaerense del PRO es el espejo en el que se mira la gestión de Domingo Peppo, incluso para esponsorear silenciosamente la programación del canal TN del Grupo Clarín.



A diferencia de Peppo, la gobernadora Vidal ya tiene cerrado acuerdos desde el año pasado con casi todos los sectores estatales, en el Chaco todo está en veremos.



Los profesionales de la salud de APTASCH también llamaron a 48 horas de paro. Salud Pública es un hervidero. El gobierno descargó en los trabajadores hechos de corrupción que no identificó, ni denunció ante la Justicia como corresponde.



Como si la corrupción viniera de abajo hacia arriba, cuando la verdad el eje es absolutamente inverso.

 

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