Inundaciones, incendios forestales, fríos extremos. Todas esas emergencias de los últimos meses se sumaron a la que había dejado el gobierno de Macri y que empeoró la pandemia de Covid-19. Fue necesario extremar el rol de un Estado en el territorio para estar junto a quienes más lo necesitan. También fue preciso profundizar la articulación con las organizaciones sociales, las iglesias de diferentes credos y las ongs. Todas expresiones de la enorme solidaridad que anida en la sociedad.

Pero, más allá de las situaciones excepcionales como las que vivimos en los incendios de Lago Puelo y el Valle de Punilla o las inundaciones en la costa atlántica, que pueden modificar vidas para siempre, una buena parte de las y los argentinos viven en emergencia permanente. Esa es su vida cotidiana.


Para sostener a esas personas desplegamos --siguiendo los lineamientos del presidente Alberto Fernández-- una serie de políticas que se apoyan sobre tres ejes: asistencia alimentaria y sanitaria, y emergencia meteorológica. La decisión fue correcta. Ellas y ellos no podían esperar, pero --sobre la base de una campaña de vacunación que avanza a paso firme y permitió aplicar más de 23 millones de dosis-- es preciso avanzar en un camino de salida a la emergencia permanente.

Ello requiere de promover los consensos que permitan orientar la riqueza que se produce en nuestro país para resolver los problemas estructurales, que generan que esa situación, que debería ser de excepción, se vuelva algo estable para millones de argentinas y argentinos.

En esa lista de tareas pendientes podríamos anotar: obras y normativas que minimicen el impacto ambiental, acceso a la salud y educación, urbanización de barrios y acceso a la vivienda, precios de los alimentos acordes a los salarios de las mayorías, acceso al agua potable y la energía. Son cuestiones básicas, que reducen la vida en emergencia de familias y comunidades y --sobre todo-- crean trabajo y producen riqueza más equitativamente.

Tenemos trabajo por hacer.

* Subsecretario de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación