Todas las semanas se emite por el canal de YouTube de Conclusión un ciclo que busca acercar la realidad, para poder interpelarla profundamente. Es por ello que Catalejo, a lo largo de treinta minutos, aborda diversos temas ligados a la actualidad, cultura, salud, política, opinión e investigación, tratando de amplificar en todos los casos, un imprescindible debate.

En este capítulo, Gisela Gentile y Alejandro Maidana dialogaron el Defensor Regional Martín Riccardi, quién brindó detalles concretos sobre la brecha existente entre lo legal e ilegal al momento de solicitar el documento nacional de identidad por parte de la institución policial.

Las sistemáticas detenciones de personas en la vía pública por el solo echo de no portar documentos, inquieta y preocupa de sobremanera. Un relevamiento de la defensoría pública, arrojó que entre 60 y 80 personas son demoradas en distintas comisarias día tras día, como así también, se han denunciado amedrentamiento a menores en escuelas secundarias.

Cabe destacar que, desde enero a esta parte, estas prácticas arbitrarias e ilegales se han convertido algo peligrosamente habitual en la ciudad. Resulta imperioso comunicar que este tipo de detenciones que persigue como fin último amedrentar y demorar a personas por un margen promedio de 6 horas, viola derechos fundamentales y carece de sustento legal.



La ley solo permite la demora de personas en situaciones excepcionales y con sospecha concreta de la comisión de un delito, situación que no se contempla a la hora de demorar a personas en situación de calle, cartoneros y jóvenes de barrios populares. Pero la improcedencia, pese a la existencia de una habeas corpus que buscó ponerle un freno a la discrecionalidad, sigue su curso traspasando preocupantes límites.

El día martes cerca del mediodía comenzaron a circular denuncias de la comunidad educativa de la Gurruchaga indicando que agentes policiales solicitaron el DNI de algunos estudiantes de la escuela en las inmediaciones de calle Salta al 3400. En tanto, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, aseguraron que el hecho no fue «corroborado» y se sigue «rastreando el incidente para esclarecerlo».

Pese a la palabra oficial, Conclusión dialogó con la madre del niño de trece años para profundizar sobre cómo se dieron los hechos. “El martes salieron antes de la escuela, y aproximadamente a las 10.30 recibo un mensaje de mi hijo pidiéndome el DNI, el número del mismo y una locación en donde estaba, una ubicación en tiempo real” enfatizó la mamá.

Su madre también relató que el niño les dijo a las agentes que iba a la escuela ahí cerquita, y que si necesitaban saber algo más de él en la escuela podían decirle quién era y demás, que lo acompañaran caminando. “Ellas le dijeron que no, pero que tenía que salir con el documento porque si no podían llevárselo para averiguar antecedentes. Además de eso le dijeron que era muy alto, que por eso se habían creído que era más grande, que no era la primera vez que les pasaba”

Desde la Defensoría Regional de Rosario aportaron valiosa información en torno a la arbitrariedad policial

Martín Riccardi es el Defensor Regional de Rosario, consultado en Catalejo sobre como contextualizar lo que viene sucediendo en materia de detenciones de enero a esta parte, indicó que “en primer lugar hay que aclarar que desde abril a esta parte hubo una reforma sistemática al Código Procesal Penal y a la Ley de ejecución penal, como así también a la ley orgánica de la policía. Allí un artículo debatido históricamente como el 10 bis, fue reformado habilitando a la policía a poder demorar a personas cuya identificación haya sido resistida”.

Desde la defensoría pública se comenzó con un relevamiento desde el mes de julio, ya que la mencionada reforma insta a que todas las demoras sean notificadas a la defensoría. “Nosotros a partir del mes de julio comenzamos a sistematizar actas de personas que estaban siendo demoradas. Allí nos encontramos con un número muy importante de personas que habían sido demoradas por no contar con el documento nacional de identidad. Definimos a las mismas como fórmulas vacías, ya que en todas figuraba estado de sospecha”.

Cabe destacar que esto desemboca en un trabajo de la Defensoría Pública de Rosario que desemboca en un Habeas Corpus ya que el 35% de las personas demoradas se encontraba en situación de calle. “Interpusimos un Habeas Corpus en primera instancia ya que habíamos sistematizado durante 15 a 20 días a 1.800 demoradas con la particularidad que la mayoría se encontraba en situación de calle, no contaban con el DNI, o sencillamente respondían con evasivas o se sospechaba de las mismas. Muchas de estas personas eran demoradas en mas de una oportunidad, incluso hemos relevado 8 detenciones de una misma persona en el transcurso de un mes”, indicó Martín Riccardi.

Para concluir, el Defensor Regional de Rosario sostuvo que una persona “nunca se puede negar a identificarse, pero debe quedar en claro que existe un límite, y este es que no debería demorarse y trasladar a una persona que no tiene el DNI encima. Si esto llega a suceder, existen los caminos jurídicos como los habeas corpus, los reclamos y las denuncias a través de los abogados de la matrícula o la defensa pública”.