La Corte Suprema rechazó el apartamiento de la fiscala general Gabriela Boquin de la causa por la multimillonaria deuda de Correo Argentino. Se trata de la única funcionaria judicial que no se doblegó ante los intereses la familia Macri, la que logró frenar la condonación de más de 70.000 millones de pesos que intentó (y aún intenta) el presidente y que investiga las maniobras de vaciamiento de Correo Argentino en favor de otras firmas del Grupo Macri. Desde que se conoció la maniobra del Gobierno para beneficiar a la familia presidencial, los Macri buscaron desplazar a Boquin. El insólito argumento era que la fiscala no era parte de la causa ni tenía legitimidad para investigar. O sea, que la fiscal no tenía que ser fiscal. La Corte, en medio de su crisis interna, denegó el pedido.
El rechazo de la Corte fue por unanimidad, con las firmas de Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Lo hicieron con lo que se conoce como una respuesta de “fórmula”, sin más argumento de que la queja de los Macri “no se dirige a una sentencia definitiva”. La nota del Centro de Información Judicial (CIJ) que introduce la resolución es más larga que el texto de los cortesanos, pero el ex portal de Lorenzetti se cuidó de no poner en el título que se trataba de la causa Correo Argentino. Lo maquilló con el genérico “Legitimación de la Fiscalía de Cámara en el marco de un concurso preventivo”. Un concurso preventivo que pega directamente en las arcas de la familia presidencial y en el cuál el propio Macri insiste en condonar esa multimillonaria deuda de los de su sangre con el Estado.
En diversos escritos que constan en el expediente, los Macri acusaron a Boquin de tener “un objetivo mediático y político” y llevar adelante una “aventura procesal”. En el recurso extraordinario a la Corte insistieron con que la fiscala Boquin “no es parte de este proceso, por lo tanto no tiene derecho a ofrecer prueba, ni a solicitar informes, que nada tienen que ver con el proceso”. La negrita y subrayado constan en el original.
Hasta las juezas que intervienen en la causa sostuvieron que la fiscala tenía legitimidad para investigar y pedir pruebas. Lo hizo la jueza comercial de primera instancia Marta Cirulli, que está imputada junto a Macri en la causa penal en la que se investiga el vaciamiento de Correo Argentino, cuando escribió: “la legitimación del Ministerio Público para peticionar esas medidas ha sido estimada implícitamente por el Superior”. Por el “Superior” se refiere a la Sala B de la Cámara Comercial, cómplice de las maniobras dilatorias de esta causa durante más de 17 años pero que, sin embargo, no llegaron al extremo de negar la esencia de la fiscalía: investigar. El 6 de diciembre de 2017, las juezas María Lilia Gomez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini afirmaron: “La Sra Fiscal posee legitimación para requerir las medidas que considere necesarias a efectos de obtener los antecedentes necesarios que permitan decidir las cuestiones pendientes en el principal de este concurso”.
Los Macri no aceptaron estas decisiones e insistieron con un recurso a la Corte Suprema donde sostenían que “la Fiscalía de Cámara ha adquirido un protagonismo tal, que excede a todas luces sus facultades, entorpeciendo el procedimiento, con peticiones carentes de todo asidero fáctico y jurídico”.
Esas peticiones son, entre otras, una serie de peritajes contables en SIDECO y SOCMA, los portaviones del holding Macri, para buscar información sobre las maniobras de vaciamiento de Correo Argentino que la fiscala Boquin solició el 7 de agosto de 2017. Los Macri hicieron varias maniobras para desvirtuarlos. La jueza Cirulli aceptó que se realizara pero, en lugar de que estén a cargo de un perito contador sorteado (como había pedido la fiscala Boquin) puso al frente a las sindicaturas vinculadas a los Macri y que acompañaron la posición de Correo Argentino de que no se precisan los peritajes. Boquin volvió a insistir en que se haga cargo un perito ajeno a la causa.
Tras rechazar el acuerdo entre los Macri de uno y otro lado del mostrador, la fiscala Boquin recibió todo tipo de agravios públicos por parte de la plana mayor del macrismo. También hubo diversas situaciones sospechosas, como el robo a su vehículo particular donde sólo se llevaron papeles, la aparición de su gato muerto en la puerta de su casa y movimientos extraños en su custodia, entre otras. Con esta resolución de la Corte queda zanjada la cuestión de su legitimidad. Queda por verse si culminan, en sintonía, las presiones tras bambalinas.