La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley de abordaje integral del crimen organizado, que tiene como objetivo, “brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales, entendiéndose por tales a los grupos de 3 o más personas que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves”.

El proyecto mal conocido como “ley antimafias”, recibió 137 votos a favor, 92 en contra y ninguna abstención, fue impulsado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

La media sanción que fue enviada al Senado establece que “La Fiscalía Federal competente, las procuradurías y unidades fiscales especializadas competentes y el Ministerio de Seguridad podrán requerir la necesidad de una investigación especial”, que “deberá ser declarada por la autoridad judicial competente”.

Dicha investigación especial estará sujeta a una zona determinada, pudiendo comprender una o más ciudades, o un área geográficamente limitada, la cual podrá ampliarse bajo el mismo procedimiento.

Del texto ingresado en abril pasado al dictamen final que salió de comisiones con reformas, como lavado de activos, privación ilegítima de la libertad, secuestro, homicidios,  trata de personas -entre otros-, se sumó en el tratamiento parlamentario los delitos contra la administración pública, como cohecho y tráfico de influencias, sustracción de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito.

También se incorporan los delitos contra la integridad sexual y contra la propiedad y la Ley 27.447 de Trasplante de Órganos (con penas por la comercialización de los mismos).