La situación económica y social que describe el oficialismo resulta ser muy distinta a la que surge de la realidad, una realidad impactada por las medidas que fue tomando el gobierno desde que asumió.



En sus recientes intervenciones en los encuentros en la empresa de tecnología “Meta” y la fintech argentina “Ualá” el presidente Javier Milei manifestó un fuerte entusiasmo al analizar el presente y el futuro de los argentinos/as. “La recesión se terminó y de ahora en adelante lo que queda es crecimiento”, a lo que agregó: “el país está entrando en su mejor momento de los últimos 100 años”.



“Seremos cada día más ricos”, dijo a los empresarios presentes. En relación con esto último, cabría preguntarse a quién se refirió. Probablemente a un grupo minoritario privilegiado que se beneficia, entre otras tantas cuestiones, de la nueva versión del “carry trade”. Precisamente, un modelo de valorización financiera que también estuvo presente en gestiones anteriores como la de Mauricio Macri y fue muy perjudicial para el país.



Dado el modelo aplicado, quienes pueden subirse “al tren del progreso” que describió el Presidente, son unos pocos. La “fuerte recuperación” que menciona no se ve reflejada en los datos de la economía ni en la situación de la mayoría de la población.



Si tomamos la estimación del PBI del proyecto de Presupuesto, prevé un crecimiento del 5% para 2025. Con dicho valor, bastante optimista, llegaríamos a sólo un 1% por encima del nivel del PBI de 2023, año en el cual, según los funcionarios del gobierno, había una situación desastrosa.



En materia de empleo, la última cifra conocida de agosto indica la creación en el mes de 4.000 nuevos trabajos registrados privados, pero en perspectiva, la caída acumulada desde diciembre pasado totaliza casi 140.000. Los sectores más afectados en esta merma fueron, por orden de importancia, la construcción, la industria y el comercio. Claramente no puede afirmarse que se revirtió la tendencia.



Si tomamos al sector industrial en particular, a septiembre de este año se encontraba un 6% por debajo de igual mes de 2023. Y ello ocurre a pesar de la favorable influencia del sector de Molienda y Oleaginosas que, dada la baja base de comparación del año pasado por la sequía, creció un 115% interanual. Si restáramos este aporte, la caída sería cercana al 8% para el resto de los sectores.



El primer mandatario destacó también que “lo que tiene que ver con el ajuste en el Tesoro, el 95% cayó sobre el parásito estatal, mientras que el verdadero ajuste sobre el sector privado fue menor al 2%”. Pero, sin embargo, gran parte del ajuste se aplicó sobre el sector privado, vía la reducción del poder de compra de los haberes jubilatorios y del salario, de los gastos sociales y de la paralización de la obra pública, lo cual afectó también a las empresas privadas relacionadas con el sector.



Otra novedad de esta semana fue la eliminación del Programa Procrear. Un fondo fiduciario que fue creado en 2012 durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y permitió el acceso a la vivienda propia a un segmento de la sociedad que tenía dificultades para obtener créditos hipotecarios tradicionales. Las cifras son contundentes: entre 2012 y 2015 se construyeron casi 120 mil viviendas entre créditos individuales para la construcción y desarrollos urbanísticos impulsados por el Estado. Entre abril de 2021 y agosto de 2023, el Procrear II permitió 65 mil créditos para construcción de viviendas, y se terminó el 83% de las viviendas a las que se les otorgaron créditos para la construcción.



Uno de los principales objetivos de la gestión actual es destruir al Estado como garante del bienestar de la ciudadanía, y dejar que sea “el mercado” (que está dominado por un grupo de grandes empresas) el que regule y decida dónde y cómo invertir. Lo cual dejaría a gran parte de la sociedad sin acceso a ciertos servicios básicos como la salud, la educación e incluso en algunos casos necesidades básicas como el agua potable, la electricidad u obras de infraestructura necesarias para poder trasladar productos que se comercian. Proyectos en los que el sector privado difícilmente invertiría porque no siguen la lógica de la máxima rentabilidad.