La Policía Federal realizó 15 allanamientos en la provincia de Santa Fe en el marco de una causa contra una banda criminal que se dedicaba al lavado de activos provenientes de la comercialización de estupefacientes.

La misma comenzó en agosto del año 2022 cuando, a través de un oficio judicial, «se le ordenaba a la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico de la Policía Federal Argentina, llevar a cabo todo tipo de diligencias para establecer las identidades de los responsables y partícipes del hallazgo de 29 kilogramos de cocaína en la localidad de Puerto Gaboto».

Fuentes policiales informaron que, con las indagatorias realizadas y las intervenciones telefónicas dispuestas por la Justicia, «se identificaron varios miembros de la organización que tendrían participación activa en la comercialización de drogas bajo la modalidad de narcomenudeo en toda la provincia».

«Sin embargo, a partir de las ganancias obtenidas de esas maniobras ilícitas, se detectó la circulación de grandes sumas de dinero en efectivo provenientes del narcotráfico, redirigidas para la obtención de préstamos, la adquisición de bienes inmuebles y automotores, llevadas adelante por esa estructura criminal», detallaron.

De esta manera, en agosto del 2023 se realizaron 20 allanamientos donde hubo tres detenidos y se llevó a cabo el secuestro de gran cantidad de estupefacientes, desactivando de ese modo varios búnkeres de droga e incautando documentación de valor para la causa y varios automóviles.

Aun así, en septiembre del año pasado y debido a la sospecha de lavado de activos, la Unidad Fiscal de Santa Fe Área de Investigación y Legitimación encomendó nuevas investigaciones con el objeto de «establecer en forma precisa las diferentes maniobras constitutivas del delito en cuestión y el aporte efectuado por cada uno de los apuntados en las diferentes operaciones para lograr la colocación, estratificación y/o integración de los activos en los diferentes sistemas financieros».

Allí se dieron inicio a las diversas tareas de campo donde se constató que «ninguno de los involucrados registraba ingresos provenientes de una fuente de trabajo declarada, ni remuneraciones por el ejercicio de una profesión, las cuales les permitieran la obtención de los bienes muebles o inmuebles adquiridos».

Asimismo, se detectaron 15 domicilios en la capital de Santa Fe y en las localidades de Santo Tomé y Arroyo Leyes, algunos de los cuales eran alquilados por los integrantes de la estructura delictiva y vinculados con las maniobras ilícitas.

Con el total de las pruebas aportadas por los uniformados, el Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe a cargo de Carlos Vera Barros, ordenó la realización de los 15 allanamientos, donde se incautaron varios títulos de propiedad, boletas de impuestos, comprobantes de transferencias, contratos de locación, dos motovehículos y gran cantidad de documentación de interés para la causa.

«Los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción al Artículo 303 del Código Penal sobre Lavado de Activos», anunciaron.