El Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes, con la firma de su presidente Ricardo Manuel Villar, expresa su profunda preocupación y rechazo por las declaraciones del Ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia, C.P.N. ENRIQUE VAZ TORRES, que se hicieron públicas través de los medios de prensa, acusando la existencia de “sociedades informales entre abogados y actores de la Justicia que explotan la necesidad social para hacer negocios" y que “algunos abogados, como esta familia de abogados Goldfard, hicieron de su actividad profesional litigiosa una verdadera industria del juicio contra el estado” entre otros conceptos vertidos en una conferencia de prensa.
Dichas manifestaciones fueron expuestas al criticar el funcionario la resolución del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 2, a cargo de la Sra. Juez Dra. MARIA BELEN GÜEMES, por la que se hizo lugar a una medida cautelar con motivo de la acción de amparo promovida por una Asociación de Usuarios y Consumidores, ordenando a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes, suspender la aplicación de un nuevo Cuadro Tarifario que fuera aprobado por el Poder Ejecutivo Provincial, manteniendo régimen anterior hasta que hubiera sentencia firme en la causa.
Las acusaciones así vertidas merecen el reproche firme de Colegio por conllevar una injusta difamación hacia la abogacía toda y a quienes ejercen con honestidad y responsabilidad el ejercicio profesional representando a quienes consideran vulnerados sus derechos, en este caso particular por parte del Estado.
Las palabras desafortunadas del Sr. Ministro, no contribuyen a la concordia y paz social. Lamentamos, más aún, que las mismas provengan de un funcionario de la democracia quien ante el descontento de una medida judicial, de carácter provisorio y cautelar, acude a este tipo de descalificaciones y agravios, dirigidas no solo hacia la Justicia misma sino también a los abogados, teniendo en sus manos herramientas procesales idóneas en la búsqueda de revertir el decisorio judicial, acudiendo a las vías recursivas que le concede la ley o aguardando la resolución final de la cuestión de fondo.
Una vez más este Colegio se ve en la obligación de rechazar este tipo de manifestaciones, tal como lo venimos haciendo en reiteradas ocasiones cuando desde algún sector, como en este caso desde el Estado, se pretende de una u otra forma desacreditar la profesión del abogado y se constituye ese hecho en un atentado que conlleva limitaciones al ejercicio de la abogacía.
Como bien lo venimos sosteniendo cada vez que suceden estos embates, y en consonancia con la posición adoptada por la Federación Argentina de Colegios de Abogados en declaraciones formuladas ante situaciones similares en que la abogacía es agredida y desacreditada, debemos reiterar que expresiones de esta magnitud y trascendencia, provengan de donde provengan, denotan un inmerecido ataque a los derechos de todo ciudadano que acude en su defensa ante la Justicia y al ejercicio profesional de quienes actuamos en la búsqueda del reconocimiento y plena operatividad de esos mismos derechos.
Los derechos a la libertad, a la defensa, a la propiedad, a la vida misma y todo otro derecho individual o colectivo consagrado en nuestra Constitución Nacional y legislación en general, cuando son violentados o conculcados, desconocidos o negados, restringidos o limitados, aun cuando lo sea desde el propio Estado, solo pueden ser defendidos y restaurados merced a la labor profesional del abogado y a la presencia y actuación de una justicia expeditiva e independiente.
Cuando se acusa, como lo ha hecho esta vez el Sr. Ministro de Hacienda y Finanzas, la existencia de “sociedades informales entre abogados y algunos actores de la Justicia que se prestan para perjudicar al Estado”, se liberan ataques a todo el sistema judicial y específicamente al Poder Judicial, enrostrando conductas anti éticas que involucran a los abogados y a la Magistratura toda que merecen ser reprobadas. Advertimos así en la queja formulada por el funcionario, un avance inadecuado hacia la independencia del Poder Judicial y particularmente de los propios jueces, que compromete la transparencia de su actuar y condiciona sus actos y resoluciones.
A menudo, cuando desde los organismos de gobierno no se pueden dar las soluciones efectivas a la problemática y necesidad social, fácil les resulta deslindar las responsabilidades en otros sectores. Particularmente hoy se ha vuelto a atacar a la abogacía por el solo hecho de perseguir la defensa del orden jurídico y la restitución al justiciable de los derechos que le pudieren resultar desconocidos y vulnerados. De modo alguno, la actividad del abogado puede ser despreciada y atribuida como el origen de los males. Si bien el accionar diario del abogado puede perturbar intereses sectoriales, ello de ninguna manera justifica denostar la noble tarea del abogado en la defensa de la plena y efectiva vigencia de la ley.
Llamamos entonces a la reflexión de aquellos que equivocadamente creen y ven en la labor del abogado y en la justicia, el obstáculo para el crecimiento y desarrollo de la sociedad.
No habrá pues tal desarrollo y crecimiento si el mismo no se construye en un marco de seguridad jurídica, desde el diálogo y consenso pacífico, armonioso y tolerante y si no se tiene como sustento el respeto a la ley y a las libertades. En este marco le cabe al Estado y a sus funcionarios la responsabilidad primordial e insustituible de respetar el orden jurídico y la división de Poderes como fundamento de una vida en democracia, del orden y de la plena vigencia del estado de derecho. En el equilibrio armónico de los Poderes que constituyen nuestra República, al Judicial le cabe velar y proteger a la ciudadanía vulnerada en sus derechos y garantías, y con mucha mayor rigidez y vehemencia cuando esa vulneración proviene desde el mismo Estado.
En tanto y en cuanto existan medidas que generen y provoquen “necesidad social”, allí habrá un abogado dispuesto a cumplir los mandamientos y designios de su profesión, dedicándose con responsabilidad ética y jurídica a la defensa del estado de derecho, que no implica otra cosa que el respeto irrestricto a la ley y a las instituciones. Para ello seguirá siendo “el juicio”, el remedio, la herramienta cierta y segura para hacer efectivo el acceso a la justicia, como garantía constitucional para el pleno ejercicio del derecho de defensa. No se pueden denunciar “industrias de juicios”, cuando ello es generado precisamente por el incumplimiento o desconocimiento de derechos y garantías consagradas a la ciudadanía, que obligan al interesado acudir a la justicia para alcanzar la reparación y restablecimiento de los mismos. Cuando más “necesidad social” se provoque, cuando más incumplimiento a la ley y a la constitución se cometa, más “juicios” habrán en búsqueda de la restauración del orden jurídico violentado, aunque se empeñen en configurar eso como una infame “industria del juicio”. En todo caso, la misma es generada por quienes no acatan la ley o la desconocen. Nadie puede sorprenderse ni molestarse entonces por la existencia de esa supuesta “industria del juicio”, mucho menos canalizar su descontento agraviando, injuriando o amenazando.
El ejercicio de la profesión en el ámbito tribunalicio o judicial convierte al Abogado, en un operador de la justicia, propendiendo a contribuir con un más eficaz y efectivo funcionamiento y prestación del servicio de justicia para que el justiciable obtenga un pronunciamientos en tiempo y forma, de manera segura, con garantía de independencia e imparcialidad. Ello, a más de constituir la profesión un medio de vida digno, con finalidad y contenido económico, que sirve de sustento y provee al crecimiento del profesional como persona, a su bienestar y el de su familia, como cualquier otra actividad rentada, profesión, arte u oficio. Por lo que tampoco puede ofender ni molestar que el abogado tenga la justa pretensión del cobro de sus honorarios por el trabajo efectuado.
“Los abogados deberán seguir cumpliendo con su ministerio pese a que se los intenta constituir en el chivo expiatorio de una ciudadanía necesitada, a la que se deben y a la cual, por intermedio de un ejercicio libre e independiente de la profesión, le garantizan el derecho a la tutela judicial efectiva.” (De la declaración emitida por la FEDERACIÓN ARGENTINA DE COLEGIOS DE ABOGADOS (FACA), en fecha 15/06/2017, con motivo de las expresiones efectuadas por el Sr. Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, referidas a las "mafias de los juicios laborales).
En este contexto manifestamos, además, nuestra expresa solidaridad con los colegas matriculados Dres. WALTER GOLDFARD Y MAURICIO GOLDFARD, con quienes integran su estudio jurídico y particularmente con su familia, hacia quienes consideramos se ha proferido un agravio injustificado y reprochable, instándolos a seguir abogando en la búsqueda de la verdad, la justicia y la defensa del derecho y de las instituciones democráticas y republicanas de gobierno, prestigiando la profesión con su ejercicio ético y responsable.
Vale la pena traer una vez más al recuerdo, para ratificar una línea de pensamientos y de política institucional que hoy recobran toda su vigencia, un extracto del mensaje del entonces presidente de la FACA, Dr. PABLO M. M. MOSCA, quien hace quince años, sentenciaba lo siguiente:
“Quienes estamos en esta difícil tarea de dirigir los destinos institucionales deberemos tener la suficiente imaginación para dar respuesta a esta necesidad continuando y facilitando el apoyo, la cooperación y la solidaridad que posibilite el cambio, acompañando en esta ardua tarea al abogado, velando por el cumplimiento de aquellas exigencias éticas que nos permitan defender las ideas, no resignando posiciones ante las presiones de las corporaciones privadas o del poder político de turno”.
“Es que la sociedad en su conjunto ha depositado en los abogados la confianza erigiéndonos como tutores de la paz social a través de la ardua tarea de asegurar los valores de la libertad, solidaridad, justicia, teniendo a la persona humana como objetivo en la plenitud de sus derechos sin ninguna clase de discriminación.”
“Por ello no cederemos un ápice en garantizar la independencia del abogado en el ejercicio de su profesión, como tampoco claudicaremos en nuestros principios y valores para vencer el doble discurso, la mentira, la hipocresía y la cultura del desprecio.”
En consecuencia, reiteramos y revalidamos a la Abogacía y a la función del Abogado como herramienta eficaz y necesaria para el afianzamiento y consolidación del estado de derecho y el pleno ejercicio de las libertades y derechos ciudadanos.
Para finalizar, llamamos pues a la reflexión e instamos a deponer todo tipo de agresiones y descalificaciones como las que motivan este pronunciamiento. Invitamos a trabajar en la construcción de una sociedad armónica, en la que impere la justicia, la solidaridad, la equidad, la libertad y la dignidad. Para ello necesitamos del disenso como base para logar el consenso, de la tolerancia y respeto mutuo, personal y colectivo, y hacia las instituciones democráticas y republicanas de gobierno, como fundamento para la superación de toda crisis y para que podamos lograr el anhelado orden y paz social. Con ese espíritu, este Colegio manifiesta su plena disposición para sumar voluntades comunes y compromete todo su esfuerzo para lograr tan altos objetivos.