El gobierno nacional ya declaró al emergencia en seguridad y la emergencia energética. No se sabe muy bien por qué, pero si se traslada ese tipo de medidas a lo que se viene haciendo en al provincia del Chaco, apurada por lograr la emergencia económica para frenar embargos a las cuentas provinciales o la de la intendencia la emergencia ambiental para atacar el problema de los basurales, la medida más importante para avanzar en esas acciones es la posibilidad de mover recursos sin mayores controles.

 

 

Ha ocurrido en el interinato de Juan Carlos Bacileff Ivanoff con la emergencia hídrica que habilitó varios millones de pesos al entonces ministro de Desarrollo Social, Roberto Lugo (reconvertido ahora en subsecretario de Comercio y Servicios).

Pero no hay caminos que llamen a atender la fuerte demanda social que en la provincia del Chaco en la coyuntura se compone de dos ejes notorios. El primero la demanda que importa la atención a los sectores afectados por las inundaciones, especialmente los más desprotegidos, y el reclamo de las cooperativas que enfrenta el gobernador.

La visita del presidente Mauricio Macri el sábado a la provincia de Corrientes pudiera haber servido para tomar contacto con al menos una de esas realidades. El efecto del niño está siendo particular mente duro con varias ciudades en la margen del Paraná, acompañada de drásticas tormentas que afecta, Esquina, Goya, Itatí, Paso de la Patria y la propia capital, por citar algunas de la larga costa que tiene esa provincia.

En el curso inferior del río, asoman las ciudades chaqueñas, Isla del Cerrito, Colonia Benitez (barrio San Pedro Pescador), Barranqueras, Vilelas, Basail, también por citar algunas.

El río y sus efectos no han tenido todavía el impacto que tuvo en estas provincias del NEA, en los grandes distritos de Entre Ríos, Santa Fe o la provincia de Buenos Aires y quizás por eso el presidente estando a escasos kilómetros (a vuelo de helicóptero) no haya tenido un tiempito para hacer una recorrida por las zonas afectadas en su visita a la estancia San Celestino de la zona rural de Curuzú Cuatiá perteneciente a la multinacional brasileña CEAGRO S.A.

Volviendo a la emergencia hídrica chaqueña no declarada, pese a que los niveles del Paraná son superiores a los que justificaron aquella decisión de Bacileff Ivanoff, la provincia se encuentra enfrentando el problema con recursos propios y por el momento sin atención del gobierno nacional.

Aún así, el gobernador Domingo Peppo viajó el viernes a la ciudad de Buenos Aires, y no participó de la visita presidencial a Corrientes –no estaba prevista, pese a los rumores originales cuando se conoció la llegada de Macri- a buscar financiamiento para atender el reclamo social visibilizado como de reclamo de las cooperativas, pero que afecta al sector de la construcción en general, empresarios y trabajadores.

El diputado macrista chaqueño, Luis Obeid, se apresuraba a decir que el gobierno nacional estaba cumpliendo las promesas de campaña al día siguiente del anuncio de la megadevaluación anunciada por el ministro Alfonso Prat Gay bajo el título de la eliminación del cepo. Pero la contracara de semejante decisión fue la falta de cumplimiento de la promesa de que no se iba descuidar el aspecto social.

Es cierto, no hubo promesas específicas de parte del entonces candidato Macri relacionadas con cooperativas, pero uno de los fondos que se cortaron fueron precisamente las transferencias a las organizaciones sociales nucleadas en cooperativas que se dedicaban también a la construcción de viviendas.

A esto debe agregarse la denuncia del ministro de Gobierno, Juan José Bergia, que los medios de comunicación en general prefirieron no compartir, pese a que una parte del reclamo está relacionada directamente con ello.

El Instituto de Viviendas de la Provincia del Chaco en la gestión saliente de Jorge Capitanich, firmó compromisos de inicio de obra con unas 50 cooperativas, cuando el propio Frente para la Victoria en campaña con Daniel Scioli a la cabeza ya había sido derrotado pero durante su campaña hubo claras advertencias sobre lo que ahora está pasando, en lo que el macrismo y sus aliados definieron como “campaña del miedo”.

Para decirlo más claro, sin saber si iba a haber recursos, se comprometieron fondos con cooperativas el 9 de diciembre que hoy no aparecen. Un buen elemento para los juicios de residencia que formalizó la Legislatura a propuesta del ex gobernador, de los que no se tienen noticia.

Bergia dio dos nombres, el del presidente del Instituto, Sebastian Agostini y el de su colaborador, Dario Kholi. Ambos son funcionarios en la Municipalidad de Resistencia, en este momento, y este último, ya dejó en claro que no firmó ningún papel y que en todo caso, si pasó lo que dijo el ministro que pasó, es una responsabilidad del que entonces ejercía la presidencia.

Agostini, todavía no dijo una palabra.

Pero el funcionario de Peppo advirtió otra cuestión, los acuerdos firmados pudieron haber salido bajo presión. Un posible delito que remite a los aumentos salariales arrancados por la revuelta policial de 2013 a Bacileff Ivanoff, que luego se retrotrajeron justamente por la forma en que habían sido acordados.

La revuelta tuvo sanciones administrativas, algunos líderes fueron expulsados de la fuerza y denunciados ante la Justicia, en una causa que no avanza por la pelea entre los fueros ordinarios y federal por la competencia.

Semejante afirmación, esta vez no tuvo correlato en una denuncia judicial y como casi siempre, no hay fiscales ni jueces que escuchen los medios o lean los pocos portales que se hicieron eco de la denuncia del ministro.

Herencias

El ahogo financiero que representa lo que se representa en algunos medios como “la falta de flujo de recursos nacionales” que en buen criollo quiere decir la Nación cortó determinadas transferencias a la provincia no fue advertida a pocos días de la Navidad.

Por el contrario, antes de la asunción de Domingo Peppo un grupo de legisladores del Frente Chaco Merece Más había propuesto autorizar al Poder Ejecutivo a tomar un crédito de 2500 millones de pesos.

No es poco, pero tampoco es la solución a los problemas. Ahora, el gobierno intenta hacer pasar ese crédito como necesario para atender las demandas de juicios de jueces, funcionarios y algunos empleados del Poder Judicial que vienen embargando la caja estatal.

La realidad es que la oposición de Vamos Chaco desconfía del destino que vaya a darse a esos fondos, por lo que pocas chances tiene la autorización de prosperar en el parlamento.

Como mínimo, en sesión extraordinaria se esperanza al gobierno con lograr la emergencia económica que frene los embargos. Una norma que sancionada ahora, difícilmente tenga efecto sobre las medidas que ya se están implementando y que fácilmente podría caer bajo una acción de inconstitucionalidad acompañada de sus medidas cautelares.

Algo parecido, ocurre en la Municipalidad. Esta vez el pedido de autorización del crédito es del orden de 1.000 millones de pesos para cancelar deudas con proveedores y hacer frente a un plan de obras públicas.

En campaña, cuando reveló el odio que le tiene a los lomos de burro, el entonces candidato a intendente afirmó que necesitaba 4 mil millones para hacer lo que pensaba a hacer.

La diferencia es enorme, pero para uno u otro, lo que hace faltan en el Concejo Municipal son los dos tercios.

Las negociaciones del peronismo son con el concejal, Emilio Capello, que por ahora responde al Sindicato de Empleados Municipales, que tiene pendientes con la administración municipal el caso de los pases a planta y numerosos y el concejal José Barbetti, que ya indicó que está dispuesto a votar luego de dar el portazo cansado de lo que denunció como manoseos de Aida Ayala y Angel Rozas.

Es el número ocho que destraba la llave de los dos tercios. Barbetti pone condiciones respecto del crédito, que tiene que ver con tramos. Es decir no aprobar los mil millones en una sola ordenanza, sino hacerlos en múltiples autorizaciones, a medida que los recursos vayan siendo necesarios.

Eso pondría reiteradamente al Ejecutivo comunal en la necesidad de contar con esos dos tercios, base de esa negociación política.