Las autoridades de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) dijeron esta semana que los impagables aumentos que aplicaron a la gente en el precio de la luz se deben a un “sinceramiento” de precios. Además, expresaron que la gente consume más energía porque, en años anteriores cuando la factura era más barata, compraron más equipos eléctricos para el hogar.  

 

Entonces, la reflexión llama a pensar con sinceridad: la gente que se gana la vida trabajando tiene derecho a equipar su hogar y a pagar tarifas accesibles de los servicios públicos.

 

La reflexión también invita a pensar que los precios de los recursos energéticos no pueden ser un obstáculo para dos cuestiones centrales en la convivencia democrática: el bienestar de la sociedad en su conjunto y el crecimiento productivo del país. Si la sociedad debe pagar altos precios por la energía eléctrica, los combustibles líquidos y el gas, es comprensible que el país no pueda crecer con sus industria y comercio.

 

Los cálculos son claros: las grandes empresas energéticas, y de otros servicios públicos como las de telecomunicaciones, se llevan hoy en día gran parte del ingreso de los argentinos y que queda, cada vez menos, para el poder de compra en el comercio y en la industria.

 

Por ello, la sociedad debe tener garantizado un precio justo y accesible de todos los recursos energéticos. ¿Por qué? Porque las empresas de energía no pueden bloquear el crecimiento de la gente y de las empresas, es decir, no pueden ser obstáculo para el bienestar de la sociedad ni para el crecimiento de la producción.

 

El llamado sinceramiento de precios debería tener en cuenta la necesidad de producir y de vivir con bienestar porque, de lo contrario, seguirán sucediéndose datos negativos en el trabajo, el comercio y la industria nacional.