La resolución del Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat busca garantizarle una solución habitacional a aquellos que puedan perder su vivienda por caída del contrato de alquiler.

Tras el final del decreto que mantenía congelados los alquileres y suspendidas las ejecuciones, el Gobierno estableció un protocolo de alerta temprana de desalojos. Esto significa que en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat contarán con un registro de la población en riesgo de perder su vivienda, y de esa forma aportarán distintos tipos de soluciones, ya sea subsidios, créditos o el acceso a una residencia alternativa.

La resolución que se publicará en las próximas horas aprueba el llamado protocolo nacional de alerta temprana. Será para alquileres de vivienda única y que estén registrados formalmente. En la parte del considerando se establece que la cartera que conduce Jorge Ferraresi puede coordinar con los entes ejecutores de los proyectos de viviendas construidos con aportes del Estado, y así destinar un cupo de las mismas para ser transferidas “a grupos de familiares que se encuentren en riesgo" de perder su lugar de residencia.

De esta manera, por un lado el protocolo establece el registro de las personas en riesgo de desalojo, y tendrá información de los locatarios y locadores, composición del grupo familiar, el registro del contrato en la AFIP, el plazo de vigencia de la locación, las condiciones edilicias del inmueble, ingresos y deudas que caractericen la situación socio económica de la familia, y el estado en que se encuentren los procesos.

Para poder acceder a toda esta información, que será confidencial, se realizarán convenios de colaboración con el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público de la Defensa, el Poder Judicial y la AFIP. Ante la consulta de este diario sobre cuál será el plazo para contar con toda esta información, desde el Gobierno informaron que eso dependerá de la agilidad con que la justicia brinde los datos.

Por otro lado, la resolución establece cómo serán asistidas las familias. “Va a depender del stock de viviendas disponibles de las unidades ejecutoras que financiamos”, aseguró a este diario una fuente oficial. En el anexo que se publicará en el Boletín Oficial se establece que se pedirá información a las Unidades Ejecutoras de Programas de viviendas, tanto nacionales, como provinciales, municipales y de la Ciudad de Buenos Aires.

Las viviendas en stock o en construcción serán la llave para las familias en situaciones de vulnerabilidad ya sea para compra, comodato, alquiler, u otras formas, “a determinar según la disponibilidad de unidades y las capacidades socio-económicas de los hogares”.

Pero, además, desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat buscarán firmar convenios de asistencia social directa con otros ministerios que sí cuentan con presupuesto y competencia, como es el Ministerio de Desarrollo Social. Y, al mismo tiempo, gestionar créditos a tasas bajas con bancos públicos.

El acceso a la ayuda tendrá “criterios de priorización” para la adjudicación de soluciones habitacionales. Tendrán prioridad las familias monoparentales, adultos mayores, víctimas de violencia de género, personas con discapacidad y personas en extrema pobreza o indigencia. “Las decisiones las tomamos para amparar a los más vulnerables”, aseguró a este diario Luciano Scatolini, secretario de Desarrollo Territorial.

Una de las aclaraciones que se realiza en el protocolo es que se tomará como alquileres formales aquellos contratos de locación de inmuebles que estén declarados ante la AFIP. Este procedimiento lo puede hacer tanto el inquilino o el propietario a través del sitio web y forma parte de uno de los puntos de la nueva ley de alquileres.

El decreto que congeló el precio de los alquileres y suspendió los desalojos fue establecido en marzo del año pasado y se prorrogó en dos oportunidades, hasta este 31 de marzo. Así, volverán a ejecutarse los desalojos, y las familias que no hubieran pagado la totalidad del valor del alquiler deberán devolverlo en hasta 12 cuotas. Los contratos que se prorrogaron con el decreto y que deban renovarse tendrán aumentos promedio del 40 por ciento, según pudo saber este diario.