Les quitó 23 mil millones de pesos anuales por la reducción de las asignaciones familiares y el tarifazo del transporte. En contraste, un día después ratificó los beneficios a los sectores de la actividad agropecuaria, que dejarán de pagar 8000 millones de pesos en impuestos este año.

 

 

En las últimas 48 horas, el gobierno nacional dio una fuerte señal sobre el camino económico y social que ha decidido recorrer. Mientras que, por un lado, anunció que reducirá los ingresos de los asalariados con el recorte de las asignaciones familiares y que por medio de un tarifazo en el transporte enflaquecerá aún más los bolsillos populares, por el otro ratificó su decisión de sostener los beneficios impositivos del sector rural por la vía del mantenimiento del programa de quita gradual de las retenciones.

 

 

La suma de decisiones del gobierno tiene consecuencias concretas. Por caso, el sector rural dejará de pagar impuestos por 8000 millones de pesos este año sólo en lo que hace al comercio internacional de porotos de soja y derivados, como informó Tiempo en su edición del pasado domingo 22.

 

 

En cambio, por la reducción de las asignaciones familiares, el tarifazo en el transporte y una modificación regresiva en el Impuesto a las Ganancias, los asalariados podrían verse perjudicados en unos 25 mil millones al año.

 

 

Estas definiciones se dan en el marco del reciente acuerdo firmado entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha precisado una hoja de ruta en el ajuste en el gasto público y que implica una reducción de los gastos gubernamentales nacionales del orden de los 300 mil millones el año próximo.

 

 

La administración macrista anunció en diversas oportunidades que respetará la quita de impuestos al sector empresario, sean las retenciones, las rebajas de las contribuciones a la Seguridad Social o la reducción del tope del Impuesto a las Ganancias empresarias al 25 por ciento.

 

 

En cambio, ha apuntado su lápiz ajustador hacia los gastos sociales, educativos y de salud, además de a las inversiones estatales.

 

 

El viernes trascendió que el gobierno había resuelto reducir de manera sustancial las erogaciones vinculadas a los planes sociales de vivienda. De otro lado, los docentes se encuentran en estado y movilización por la amenaza de eliminación del Fondo de Incentivo Docente (ver página 17).

 

 

Golpe al bolsillo

 

Cuántos son los asalariados que pierden ingresos con la modificación de las asignaciones familiares, es un dato que tiene la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y que no ha trascendido. Pero un cálculo realizado por el experto Luis Campos, del Observatorio del Derecho Social, que funciona en la CTA Autónoma, indica que existen casos en los que podrían perder hasta el 25% de sus ingresos netos.

 

 

"Son los casos de trabajadores con cinco hijos e ingresos brutos por 24 mil pesos, radicados en las provincias de Salta, Jujuy, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego", detalló Campos. En esas situaciones, la pérdida de ingreso neto varía entre el 22 y el 24,7 por ciento.

 

 

"Quizá la cantidad de trabajadores en esta situación no sea elevada, pero será una quita brutal de ingresos para ellos", subrayó.

 

 

De acuerdo con un cálculo de la fundación Cippec, la medida afectaría los ingresos de los padres de entre 300 mil y 400 mil niños y jóvenes hasta 18 años, lo que representa casi el 10% del total de beneficiarios del régimen de asignaciones familiares, en torno de los 4,3 millones.

 

 

Según un cálculo de Hernán Lechter, del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el gobierno dejará de pagar asignaciones por unos 9800 millones de pesos por año con esta medida cuando entre en vigor, en septiembre que viene. Ello contradice los dichos oficiales, en el sentido de que con esta decisión se busca un sistema de seguridad social de "mayor equidad".

 

 

"La reducción de las asignaciones familiares coincide con lo que se ahorran las patronales del campo con la quita de las retenciones", indicó Lechter. "Define con claridad cuáles son las prioridades del gobierno", agregó.

 

 

Otra decisión conocida el viernes pasado fue la imposición para que la deducción por hijo en el Impuesto a las Ganancias sólo pueda ser hecha por uno de los padres, a diferencia de ahora que la deducción pueden hacerla ambos padres.

 

 

En este caso tampoco se sabe cuántos son los casos afectados, aunque según la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), suman 48 mil los niños y jóvenes que son deducidos por ambos padres. La cifra de cuánto más de Impuesto a las Ganancias deberán pagar  esos contribuyentes varía entre los 2800 y los 11 mil pesos anuales.

 

 

Trenes y micros

 

De acuerdo con cálculos del sector, el tarifazo del transporte público significará unos 13 mil millones de pesos anuales más que deberán pagar los pasajeros de micros y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

 

 

En el Ministerio de Transporte aseguraron que esta cifra no implicará una disminución de los subsidios que en la actualidad el gobierno destina a ambos servicios, en torno de los 80 mil millones de pesos en este ejercicio. El tarifazo apuntaría, más bien, a solventar los nuevos costos del transporte de pasajeros en el AMBA, impactados por la suba del precio de los combustibles y el efecto de la devaluación.

 

 

Ayer, en diálogo con el programa El Lobby, de Radio Con Vos, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich aseguró sobre la suba de tarifas que "lo estamos haciendo gradual y escalonado, mes por mes, para que vaya acompañando los aumentos de salarios que vaya teniendo la gente". Aunque también tiene un efecto distinto, de aplacar el nivel de inflación si se hiciera todo el incremento, del 30% como mínimo, en un único mes.

 

 

Dietrich no pudo garantizar que no habrá más subas en el transporte. "Aspiramos a que este año no haya necesidad de otro aumento en la tarifa de colectivos", dijo.

 

 

En la Rural, ayer, la vicepresidenta, Gabriela Michetti, remarcó la política oficial de beneficios al sector agropecuario: "Seguimos confirmando que cuando al campo se le saca el pie de encima enseguida demuestra todo lo que es capaz de hacer", dijo ante el entusiasmo de los presentes.

 

 

Si bien en su discurso no hubo novedades, Michetti remarcó en forma permanente la visión que tiene el gobierno del sector rural, al que llenó de elogios.

 

 

El contraste de como el gobierno trata los ingresos de los asalariados y los del sector rural no sólo es económico. Incluye una mirada de ambos sectores diametralmente opuesta. "Es toda una definición de prioridades. El ajuste cae sobre los sectores medios y bajos, pero no toca a los sectores de altos ingresos", concluyó Campos. 

 

 

Críticas desde las provincias

 

Las modificaciones al régimen de asignaciones familiares, como era previsible, causaron malestar en las provincias donde se perderán beneficios. Las reacciones provinieron incluso de mandatarios con cierta afinidad con el gobierno nacional, como el salteño Juan Manuel Urtubey. "La decisión vuelve a marcar la mirada centralista del gobierno, que en lugar de elaborar políticas públicas que sinteticen las distintas realidades de la Argentina, generaliza la realidad de Buenos Aires y la asemeja al interior profundo", señaló.

 

 

Otra provincia afectada es Tierra del Fuego. Su gobernadora, Rosana Bertone, calificó la decisión como "un ajuste contra la Patagonia. El diferencial para esta región no se trata de un beneficio o un derroche, sino de un derecho y una medida de justicia social que busca hacer soberanía en la Patagonia, que hace a la política habitacional de la Nación".

 

 

Por su parte, el bloque de diputados Argentina Federal, que representa a los gobernadores peronistas no kirchneristas, expresó en un comunicado que la medida es "un nuevo atropello contra la equidad federal. Esto genera más inequidad y retraso en las regiones que necesitan crecer en nuestro país. El gobierno intenta aumentar la recaudación perjudicando a las familias que más requieren del apoyo del Estado".