El gobierno de Corrientes contrató de manera directa una empresa que tendrá la orden de cortar la luz en los domicilios. Lo hizo sin licitación pública que se conozca, ni menos algún concurso de ofertas por falta de Decreto convocante publicado, la Dirección de Energía, contrató "entre gallos y medianoche" a una empresa privada para controlar las conexiones clandestinas y cortarle la luz a los morosos.



Lo pone en marcha la DPEC, que es la segunda mayor deudora de CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico). Con una deuda que alcanza los $5.053 millones.

Sin licitación pública que se conozca, ni menos algún concurso de ofertas por falta de decreto convocante publicado, la DPEC contrató una empresa privada para controlar las conexiones clandestinas, hacer los cortes acompañados por la policía y, lo que es mejor aún, la reconexión que tiene un costo adicional en las ya impagables facturas de luz que promedian entre los $4.000 y $8.000.



No se conoce el nombre de la tercerizadora del servicio de corte y reconexión, una especie de "Gestapo de Valdés" que tendrá la tarea de verificar y perseguir a los enganchados, con la idea de disminuir las pérdidas de energía que proviene del no pago de lo que se consume como un usuario irregular.

La DPEC es la segunda mayor deudora de CAMMESA, Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico). La deuda alcanza a los $ 5.053 millones.



En 2017 ya le habían condonado un pasivo de alrededor de $1.400 millones por decisión del gobierno nacional en el Presupuesto de ese año. CAMMESA reconoce que se está “en gestión acuerdo de pago” en compensación por las regalías que provienen de la represa hidroeléctrica de Yacyretá, según lo anunció el gobernador Valdés, quien a mediados de marzo designó otro subinterventor de los dos que ya existían en la entidad energética, para cumplir con sus compromisos políticos, pero aumentado el gasto salarial de su cúpula que tiene a Alfredo Aun como su interventor principal.

 

ESCALOFRIANTE



En un año se duplicó la deuda de los correntinos con la DPEC por las facturas impagables.