Tras prorrogar la emergencia energética hasta el 9 de julio de 2025, que vencía originalmente el 31 de diciembre próximo, el Gobierno de Javier Milei evalúa posibles modificaciones al sistema que aún queda en pie de subsidios a la electricidad y el gas.

Esas revisiones se pondrían en marcha «lo más pronto posible», según confiaron a Noticias Argentinas fuentes oficiales. Ahora, el nuevo plazo se llevó a enero y febrero 2025, mientras las compañías prestadoras elaboran la presentación de los documentos con las previsiones de sus negocios entre el año que viene y 2030.

El ministro de Economía, Luis Caputo, evalúa aplicar el final del esquema actual de segmentación de subsidios antes de fin de año. El objetivo es terminar la división entre los usuarios N1 (Nivel 1 – “Ingresos altos”), N3 (Nivel 3 – “Ingresos medios”) y N2 (Nivel 2 – “Ingresos bajos”) para ir hacia un sistema de hogares sin subsidios, que paguen el costo real de abastecimiento de la energía y otros con la ayuda del Estado nacional mediante la tarifa social.

El decreto publicado este miércoles con la extensión de la emergencia energética prorroga también la transición tarifaria, lo cual abre la puerta a continuar con los aumentos de tarifas mensuales a discreción del Gobierno, sin un marco regulatorio.

La norma también contempla que continuarán las intervenciones del ENRE (electricidad) y Enargas (gas) hasta la constitución del futuro Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, que absorberá a ambos.

El decreto 1023/2024 señala que “en lo que respecta al sector energético, la referida herencia se ha verificado en la vulnerabilidad y el estado crítico en 3 aspectos claves: (a) en el sistema económico recaudatorio; (b) en la funcionalidad de las instalaciones para asegurar el suministro actual y futuro; y (c) en la falta de señales de mercado para la oferta y la demanda”.

Por tal razón, explica, “resulta indispensable y urgente extender la declaración de emergencia hasta el 9 de julio de 2025, con el fin de permitir que los órganos competentes continúen adoptando las medidas necesarias para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y de gas natural”.

Asimismo, el decreto instruye a la Secretaría de Energía a “mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para seguir garantizando la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios”.