La Comisión de Previsión y Seguridad Social, que preside la diputada Gabriela Brouwer De Koning (UCR), debatió junto a especialistas la asignación presupuestaria para 2025 en materia de seguridad social y niñez.

“Hemos invitado a diferentes referentes para poder hablar sobre la Ley de Presupuesto, nos parece interesante poder conocer la voz de especialistas, tener otra mirada” explicó la titular de la comisión.

El economista Rafael Rofman, evaluó que “el presupuesto no dice demasiado” aunque “estamos en un contexto en el cual hay más consensos y disposición para avanzar en reformas”. “Hay una oportunidad de discutir esto con seriedad”, y previamente explicó:que “Cuando uno habla del presupuesto para la seguridad social es muy distinto a cuando uno habla del presupuesto de otras actividades del Estado nacional. Porque allí se marca qué se está pensando en términos de política pública. Y la verdad que leer el presupuesto es un poquito decepcionante, porque no dice demasiado; no hay números, hay muy poca discusión sobre qué se quiere hacer con el sistema”.

Rafael Rofman

En relación a los bonos extraordinarios que perciben los jubilados y pensionados, recordó que en su presentación ante la Comisión de Presupuesto, el titular de la ANSeS, Mariano De los Heros, indicó que “están en otro rubro, en obligaciones del Tesoro, pero no en la ANSeS”; por ello “no hay recursos pensados explícitamente en estos términos para el año que viene”. Además, “no está muy claro qué pasa con la moratoria”.

En la misma línea, apuntó que se registrará “una baja muy fuerte en el gasto de pensiones no contributivas por invalidez” que oscila entre “un 14 a 15%, lo cual parecería incluso que va a haber algún tipo de bloqueo en el otorgamiento; ahí sí habría una decisión política implícita” y agregó “Hay una baja fuerte también en las prestaciones de las fuerzas armadas y de seguridad”.

El economista alertó por “una subestimación del gasto del año que viene”, que sube a “23,5% en términos nominales respecto de lo que estimamos se va a terminar de gastar en 2024, pero el problema es que el gasto va a ser más que eso, de 38% si no hay bonos o de 46% más si hay”. 

En el mismo sentido, el economista y profesor de Finanzas Públicas, Oscar Centrangolo afirmó que “es el momento de discutir qué sistema previsional queremos hacia el futuro”.

En tanto, el coordinador del programa Justicia Fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Alejandro Gaggero explicó que “es un presupuesto que estima una suba modesta del gasto, aunque no compensa la reducción del binomio 2023/2024” y agregó  «el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo se trata de un presupuesto que queda muy lejos de compensar el importante ajuste que hubo en 2024”.



Las pensiones no contributivas por invalidez registrarán “una caída real del 39%, pero si calculamos lo sucedido desde 2023 hay casi una reducción de la mitad”, indicó. Aunque aclaró que, siguiendo “las metas físicas, la reducción es mucho menor, de alrededor del 15%”. No obstante, “esta partida va a ser la más baja desde 2018, en un contexto de crisis social muy fuerte”, afirmó.

Además, sobre lo destinado al gasto social hizo hincapié en “el riesgo que implica que las reducciones sean mayores” por el déficit cero que se propone y las “metas macroeconómicas muy optimistas” que se proyectan.

Sobre el artículo 68 del proyecto, que plantea desindexar asignaciones familiares, Gaggero opinó que “podría implicar una mayor vulnerabilidad para estas partidas ante, por ejemplo, un aumento de la inflación”.

En tanto, Julio Pérez de Izquierda Diario apuntó que «la evolución real de las jubilaciones indica que los haberes enfrentaron un fuerte ajuste este año y el año que viene tampoco se van a recuperar».

En materia de niñez y adolescencia, Marisa Graham, Defensora Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, mostró preocupación por “la disminución de un 17% en las Asignaciones Familiares de los trabajadores formales y no formales”. “Las políticas económicas no son neutrales en la vida de los niños”, afirmó.

Marisa Graham

“Las asignaciones familiares de trabajadores formales y no formales subirían 8% y 13% respectivamente en el escenario 1; y caerían 8,3% y 3,8% respectivamente, en el escenario 2. Y ya venimos de una baja del año pasado del 18%”, expuso.

“En 2024 la AUH aumentó un 54% en relación al 2023, y eso nosotros lo saludamos desde la Defensoría, fue muy importante esa suba; pero disminuyeron un 17% las asignaciones familiares”, señaló. Además, sobre el aumento de la AUH indicó que habría que analizar “en cuánto ese aumento fue absorbido o no por el proceso inflacionario” sobre todo en los dos primeros meses del año.

También subrayó la brecha existente entre alguien que recibe AUH y Alimentar con los trabajadores formales que reciben asignaciones familiares, y “cobran muchísimo menos que un trabajador no formal”, advirtió que eso “distorsiona la política de seguridad social y el mercado laboral”.

“Venimos a instar a los legisladores para que eliminen el artículo 68, o por lo menos lo que tiene que ver con infancias y adolescencias, porque desacopla el aumento automático mensual por IPC”, pidió y también reclamó “acoplar los pisos y los techos, el mínimo no imponible de Ganancias y el tope de cobro de asignaciones” porque eso implica que “haya miles de niños que no cobran ni una cosa ni la otra”.

Por su parte, el abogado y especialista en Seguridad Social Federico Despoulis abogo por un presupuesto que “tenga en cuenta que por debajo de los números hay personas que han sido declaradas vulnerables a partir de un fallo de la Corte Suprema en el año 2017”.

Por último, los diputados emitieron dictamen sobre un conjunto de proyectos de declaración y resolución sobre temas previsionales.