La Asociación Trabajadores del Estado, CDP Corrientes, exige al Poder Legislativo y al Poder Judicial (Provincial y Federal) que inicien una investigación sobre el manejo irregular del plan de vacunación contra el Covid-19 por parte del Ministerio de Salud de la Provincia y que el Ejecutivo Provincial presente la renuncia del ministro Ricardo Cardozo por el escándalo nacional que representó el episodio de tráfico irregular de vacunas.

Como sindicato que representamos a trabajadoras y trabajadores del Estado, nos solidarizamos con todas aquellas personas, recursos humanos críticos; que siguen esperando ser inmunizados en medio de tan grave situación epidemiológica; con el agravante de tener un Gobierno Provincial ineficiente en la gestión de la pandemia y poco transparente en el manejo de recursos escasos como son las vacunas contra el Covid-19 e insumos de bioseguridad.

Exigimos que el gobernador Gustavo Valdés dé las explicaciones oficiales respecto del tráfico irregular de vacunas que dejó en evidencia su ministro de Salud. Que dé respuestas a las múltiples denuncias sobre manipulación partidaria del plan de vacunación y tráfico de influencia que realizaron agentes y profesionales de la Salud, organizaciones civiles, organismos de contralor y ciudadanos de municipios como Curuzú Cuatiá, Virasoro, Paso de los Libres, Capital, Goya.

Este tipo de episodios oscuros, como el protagonizado por el ministro Ricardo Cardozo, vuelven a poner en evidencia de que en Corrientes la Salud Pública es un negocio de pocos, un toma y daca entre parientes, amigos y socios electorales; más que un derecho universal, de acceso gratuito e igualitario como debería ser.

Un claro ejemplo de ello son las compras con sobreprecios, los préstamos multimillonarios a tasa cero y los pagos por servicios que no prestan grupos privados; realizados por la intervención de nuestra obra social estatal Ioscor. O los nuevos negocios multimillonarios con droguerías de amigos y parientes que facilitó la pandemia; frente a la escasez de insumos médicos y de elementos de bioseguridad para trabajadores y trabajadoras de Saps, Caps y hospitales públicos.

Todo es parte de un sistema de Salud Pública Provincial manipulado para hacer negocios personales; servicio vital pésimamente administrado e ineficiente para la sociedad; con el 35% de los trabajadores y trabajadoras de Salud Pública precarizados laboralmente, con salarios míseros y enfrentando la pandemia sin ART, sin Seguro de Vida, sin Aportes Jubilatorios, sin Obra Social; con traslados y despidos arbitrarios; con hospitales y centros de Salud caracterizados por la falta de medicamentos, insumos y con déficit de infraestructura.

ATE Corrientes exige que el Poder Judicial (Provincial y Federal) y al Poder Legislativo que investiguen el tráfico irregular de vacunas, el tráfico de influencia y las denuncias sobre manejo irregular del plan de vacunación contra el Covid-19 en la provincia de Corrientes.

Que todos los Poderes del Estado les reconozcan derechos y les brinden garantías a los trabajadores y trabajadoras de Salud Pública que están dejando la vida en esta lucha contra la pandemia. Que le entreguen a los correntinos y correntinas transparencia y eficiencia en la gestión de la Salud Pública como derecho universal, gratuito, igualitario y de calidad. ATE Corrientes