El proyecto propone una mayoría absoluta para la designación del procurador y establece que el mandato deje de ser vitalicio y dure cinco años con posibilidad de reelección por única vez, y que la elección no se planifique en un año electoral.


El oficialismo en el Senado dio media sanción y giró a la Cámara de Diputados este viernes el proyecto de reforma de la Ley de Ministerio Público Fiscal y de la Defensa que reduce la mayoría necesaria para designar al procurador General de la Nación.


La iniciativa, que fue aprobada por 42 votos a favor -del Frente de Todos- y 27 en contra -de Juntos por el Cambio y aliados- propone que la designación del procurador se realice con una mayoría absoluta -37 votos sobre los 72 del pleno- en lugar de la mayoría agravada de dos tercios de los presentes que funciona actualmente.

También elimina el mandato vitalicio del procurador y lo acota a cinco años, con posibilidad de reelección por única vez, y que la elección no se planifique en un año electoral.

Al tomar la palabra como miembro informante por el oficialismo, el titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Oscar Parrilli, indicó que “lo que estamos tratando está previsto el artículo 75 de la Constitución Nacional. Dentro de las facultades del Congreso está regular el funcionamiento, composición, atribuciones y responsabilidades del Procurador y la Defensora”, expresó.

“Han instalado que hay un sector del oficialismo que tiene algo contra el actual procurador (Eduardo Casal) y que por eso esta ley tiene nombre y apellido. Pero están equivocados”, indicó y detalló que “la Constitución Nacional no habla de que el cargo de Procurador sea vitalicio, por eso nosotros creemos en un plazo de 5 años, reelegible por un solo periodo más y, además, establecer que no puede ser designado cuando haya elecciones presidenciales”.

"Como ya no es vitalicio, no nos parece conveniente que tenga mayoría de dos tercios. Esto no quiere decir que no los busquemos, lo que quiere decir es que hay un mínimo, que es mayoría absoluta, 37 votos", agregó Parrilli y destacó que el proyecto le da a la Comisión Bicameral de Control del Ministerio Público la facultad de "evaluar la política criminal" que diseñe la Procuración General por estar a cargo de los fiscales.

Además, anunció una serie de modificaciones al dictamen de mayoría que fija que para la remoción de los fiscales no se necesitará la mayoría absoluta -como establecía el texto inicial- sino los dos tercios de los votos. También suma una Procuraduría de Defensa del Medio Ambiente y la Diversidad y adopta reglas de conducta similares a los Principios del Bangalore sobre conducta judicial.

“Acá no se está resolviendo el problema de un procurador. Estamos mejorando una ley que sancionamos nosotros en el 2015. Estamos dando certezas y seguridades. Estamos trabajando para la república y las instituciones con hechos concretos”, cerró.

Acto seguido, el senador de Juntos por el Cambio, Ernesto Martínez, señaló que esta ley "tiene un verdadero sentido de venganza" y la calificó de "absolutista".

Luego de mencionar que generará "un aparato de fiscales que sólo deberá congraciarse con el Ejecutivo de turno para mantenerse en su lugar", afirmó que el interbloque de Juntos por el Cambio "no va a encubrir a los corsarios de todos los Gobiernos". "Eliminando a los dos tercios, el oficialismo designará a quien quiera porque tendrán para siempre la mayoría", evaluó el vicepresidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.

Su compañera de bancada, la senadora del PRO, Laura Rodríguez Machado, consideró que lo que está “en tratamiento hoy es un instrumento legal para establecer un brutal avance contra el Ministerio Público Fiscal que es el organismo independiente que tiene a su cargo investigar delitos de corrupción en la Argentina. Hoy están tratando de perpetuar la impunidad poniendo de rodillas a los fiscales”.

Por su parte, el senador del Frente de Todos, Dalmacio Mera, evaluó que con las modificaciones al Ministerio Público "estamos corrigiendo la autonomía funcional y la autarquía financiera, porque en el sistema democrático y republicano hay pesos y contrapesos entre los poderes". "Hay que animarnos a recuperar las potestades que la Constitución le otorga al Congreso", agregó.

En tanto, la legisladora radical, Silvia Elías de Pérez, sentenció que "este proyecto va en contra de la independencia que la Constitución nos exige respetar, vulnera la figura del procurador general y le quita estabilidad a todos los fiscales generales de la República argentina. Además, la Bicameral tiene funciones de control y seguimiento, pero nunca debe ser tomada como un órgano de cogobierno".

A su turno, la senadora del Frente de Todos, María de los Ángeles Sacnun, agregó que “este proyecto plantea algunos temas que son centrales, como el equilibro territorial, el federalismo, la igualdad de género y la autarquía financiera que son parte de lo que nosotros entendemos que sirve para democratizar el Ministerio Público Fiscal”.

El legislador de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, autor de una de las iniciativas que se incluyeron en el dictamen final, explicó que "muchas de las cosas que se están incorporando en este proyecto fueron desestimadas y desaconsejadas por los expositores, unánimemente en algunos casos. Hay un enorme grado de discrecionalidad, esto es el intento de nombrar a alguien y tener mayor control".

“¿Está mal que el Congreso controle a quien debe perseguir el delito?, se preguntó la senadora oficialista, Anabel Fernández Sagasti, quien acusó a la oposición de “amorales” por pretender que el procurador pueda trasladar “a piaccere” a un fiscal. “Las reformas que decimos que hay que hacer lo hacemos de manera pública y rindiendo cuentas a la gente. No hacemos reformas a la justicia de hecho como hizo el macrismo”, insistió.

“Es fundamental que avancemos en esta reforma porque venimos a normalizar una situación que atraviesa el Ministerio Público Fiscal, en donde el Procurador ha sido designado de manera interina desde hace 3 años, algo excepcional se volvió permanente”, continuó la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos.

En tanto, el senador aliado al oficialismo, Alberto Weretilneck, autor de otra de las iniciativas presentadas, consideró que "negarse a modificar el statu quo del Ministerio Público Fiscal significa convalidar la crisis que tiene hoy la Justicia. Por lo tanto, defiendo mi proyecto, pero creo que las modificaciones han ablandado el espíritu del mismo".

Al momento de los cierres, el titular de la bancada de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, criticó la agenda del oficialismo en el Senado al evaluar que el pliego del juez Daniel Rafecas -propuesto por el Presidente para la Procuración- nunca se trató y en cambio se decidió avanzar con la modificación de esta ley.

"No tenemos procurador general porque no tratamos su pliego", dijo y agregó: "Nunca se movió un dedo para avanzar con Rafecas. Quizá el pliego interesaba en la Casa Rosada, pero no en el Senado porque al candidato del Poder Ejecutivo nunca se lo sintió como propio en el Senado. Sino, hubieran trabajando el pliego", continuó.

"Creo que no estamos tratando la reforma de la ley, sino asistiendo a una contra reforma constitucional. Con esta ley se destruye el consenso calificado y se avanza con una mayoría absoluta, pero tenemos que respetar la Constitución", cerró.

Por último el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, concluyó: “Nosotros creemos que estamos dando un paso para fortalecer y para darle al pueblo una justicia que tenga un desempeño digno y por la razón de que queremos tener un mejor país nuestro bloque va a acompañar positivamente estas modificaciones”.

El proyecto en tratamiento modifica además la integración del tribunal de disciplina que define la remoción de los fiscales, que estará integrado por tres representantes del Congreso, uno del Ejecutivo, otro a elección de los fiscales, uno de los abogados y uno de las universidades nacionales.

La iniciativa también otorga mayor facultad de control sobre la actividad del Ministerio Público en el marco de la aplicación del nuevo sistema acusatorio que pasa las investigaciones de los jueces a los fiscales.

Dos de las iniciativas en las que se basó el oficialismo para el dictamen de mayoría pertenecen a los senadores opositores Lousteau y Lucila Crexell, y fueron presentados en diciembre de 2019 pero, cuando el oficialismo decidió abrir ahora su discusión en comisión, ambos se retractaron y pidieron retirar sus iniciativas. Sin embargo, el Frente de Todos se opuso al retiro y sumó puntos de esas normas a una nueva iniciativa que presentó el senador de Juntos Río Negro, Weretilneck.

El debate se da mientras permanece estancado en el Senado el pliego del juez Daniel Rafecas enviado por el presidente Alberto Fernández como candidato a encabezar la Procuración General.

En el inicio de la sesión, con 41 votos afirmativos y 26 votos negativos quedó aprobado el decreto presidencial 18/20 que prorroga la realización de sesiones en carácter remoto o virtual mediante videoconferencia, de modo excepcional, hasta el 1° de marzo de 2021.