Política

El SOMU: De Suárez a Triaca, radiografía de un escándalo

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El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) se convirtió en los últimos dias en noticia por el escándalo de la empleada del ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Insultada por el funcionario y despedida poco después, la mujer también mostró evidencias de que estuvo empleada en “negro” y el propio funcionario reconoció que la mujer trabajaba en la intervención del SOMU, en la que también cumple funciones el cuñado de Triaca. De esta forma, mientras buscaba aclarar el panorama, Triaca no hizo más que agrandarlo. Y volvió a dejar al SOMU en el centro de la polémica.

 

A comienzos de esta semana se le había revocado la prisión domiciliaria al ex titular y mandamás del sindicato, Omar “el caballo” Suarez. Detenido desde septiembre de 2016, el beneficio de la domiciliaria se le había otorgado de manera polémica, la noche del 29 de diciembre de 2017, en medio versiones sobre el verdadero motivo de la decisión.

 

Suárez es el protagonista de las más importantes causas que involucran al sindicato: asociación ilícita, coacción agravada y entorpecimiento de las vías marítimas, entre otros delitos que forman parte de los expedientes en Comodoro Py. Una parte de esos frentes tendrán, en febrero próximo, al “Caballo” en el banquillo de los acusados. Se trata de todo un símbolo: Suárez era considerado el sindicalista preferido de Cristina Kirchner y su caída comenzó con la salida del poder de su gobierno.





La causa contra el SOMU se inició tras la denuncia de un empresario naviero por coacción y entorpecimiento de las vías marítimas, pero no avanzo con contundencia hasta septiembre de 2016. Canicoba Corral estaba acorralado por denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura y figuraba en la “lista negra” de los magistrados que el macrismo no quería en tribunales. Designado por el menemismo, mencionado como uno de los jueces de la servilleta de Carlos Corach y afín al kirchnerismo, representaba todo lo que el oficialismo decia querer erradicar. Canicoba fue por el arresto del "Caballo" e intervino el sindicato, que quedó al frente de la hora senadora macrista, Gladys González.

 

Tras la detención de Suárez, se conocieron parte de sus lujosos bienes: desde Corrientes, su provincia natal, hasta Puerto Madryn se encontraron propiedades del hombre que se ganó el apodo por sus formas atropelladas y no frenar ante nada.

 

En la intervención se vio que no solo Triaca nombró a Heredia y su cuñado sino que el magistrado dio a su cuñado Ramiro Tejada, la dirección provisoria de la obra social del SOMU, señalada como una de las grandes cajas de los sindicatos. Gonzalez a su vez sumo denuncias ante la justicia por su rol en la intervención. Son al menos tres e incluyen desde prevaricato y presunta administración fraudulenta hasta la acusación de cobrar dos sueldos y otros desmanejos en la institución. Estan divididas entre el despacho de Canicoba, Claudio Bonadio y Maria Servini.

 

En lo de Servini también tramita la denuncia que hizo la hija del "Caballo" , Lorena, quien afirmó que un secretario del magistrado había ofrecido, a través de un abogado, concederle la prision domiciliaria al sindicalista a cambio del pago de quinientos mil dolares. La mujer aseguró que hubo dos reuniones en el Unicenter Shopping donde se encontró con Fernando García, el abogado que se habría presentado como intermediario. De acuerdo a la denuncia, la joven debia cambiar la defensa de su padre por García y pagar el dinero, para obtener el beneficio. Esa causa atraviesa ahora medidas de pruebas, mientras que el secretario de Canicoba se alejó voluntariamente del caso.

 

Antes, el propio Canicoba fue denunciado por el tema ante el Consejo de la Magistratura, que derivo el tema a la justicia Federal. En el escrito se sostiene que Canicoba había cobrado mas de un millon de dolares para beneficiar al sindicalista. La denuncia tuvo una particularidad: los tres firmantes, miembros de la Comisión Directiva del SOMU, negaron haber firmado ese escrito. Era abril de 2017 y el fiscal Jorge Di Lello impulsó la investigación por presunto cohecho y pidió investigar cuentas y sociedades en Uruguay.

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