La ficción
Corría el año 1969 cuando el cineasta griego, Costa Gavras, estrenaba la película Zeta que interpretaban, entre otres Ives Montand e Irene Papas.
El largometraje se desarrolla en un país democrático caracterizado por los altos niveles de corrupción. La Policía y el Ejército son las fuerzas de choque en las que se sostiene el gobierno para erradicar la lucha de los movimientos de izquierda, hasta que un diputado de la oposición es asesinado en plena calle cuando acababa de presidir un mitin, de carácter pacifista, sobre la importancia del desarme nuclear.
Un joven magistrado queda a la cabeza de la investigación quien es acompañado por un reportero gráfico (Perrin) que, valiéndose de métodos poco ortodoxos, descubre pruebas suficientes para acusar no solo a los dos militares de derecha que cometieron el asesinato, sino también a cuatro policías militares de alto rango los cuales son detenidos para beneplácito de los partidarios de la víctima.
Luego, sólo un epílogo basta para mostrar como la causa pega un giro en el aire: el fiscal debe abandonar misteriosamente la investigación, testigos clave mueren en circunstancias sospechosas, los asesinos reciben sentencias relativamente cortas y los oficiales sólo son sometidos a reprimendas administrativas. También mueren o son deportados allegados al diputado y el fotoperiodista es enviado a prisión por revelar documentos oficiales. Tras la dimisión de los gobernantes, se produce un golpe de Estado y los militares toman el poder. Y, como en toda dictadura, prohíben el arte moderno, la música popular, lxs novelistas de vanguardia, las matemáticas modernas, los filósofos clásicos y modernos y el uso del término «Ζ» (griego: zíta, o griego: zi, que es usado por manifestantes contra el gobierno anterior), que se refiere al diputado y significa: «Él vive.».
Al finalizar la película un graph dice “quiero que sepan que…«Cualquier parecido con hechos reales, y personas vivas o muertas, no es accidental. Es INTENCIONADO.»
La realidad
El 15 de diciembre de 1983, el entonces presidente Raúl Alfonsín firma el Decreto 158/83 que ordena someter a juicio a los integrantes de las Juntas Militares que gobernaron, de facto, el país durante el período 1976-1982. En ese momento, mientras una tupida marcha recorría las calles del centro porteño, a muches se le venían las imágenes de la película más arriba descripta.
Luego vinieron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el Indulto menemista y todo parecía darle la razón al film. Pero, en 2003 asume Néstor Kirchner la presidencia y, luego de pedir disculpas a la sociedad en nombre del Estado argentino, deroga las leyes de impunidad y comienzan los juicios de lesa humanidad que, hasta la actualidad, continúan vigentes. Fue entonces, la propia justicia la que definió a los delitos de tortura, privación ilegítima de la libertad, violaciones, perversiones de todo tipo y robo de bebés como de lesa humanidad.
Todos y cada uno de los genocidas, hoy detenidos, han sido juzgados legalmente y las pruebas son más que suficientes para comprobar que no hubo excesos, que no fue una guerra, que fue terrorismo de Estado.
Estos Juicios son ejemplo en todo el mundo, como lo son cada una de las políticas que en materia de Memoria y Derechos Humanos lleva adelante la Argentina.
Ya, durante su campaña, el presidente Javier Milei se refirió a la cifra de los 30 mil desaparecidos como falaz y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, hija de un militar, llevó adelante en la Legislatura porteña un acto de reivindicación a las “víctimas del terrorismo”. Todo hacía presagiar que, si triunfaban en las elecciones, la lucha para no retroceder ni un paso atrás en materia de Derechos Humanos iba a ser “cruel y mucha”, como dice el tango “Uno”.
De hecho, por primera vez, genocidas juzgados y condenados elevaron, desde la cárcel, una solicitud para votar, justamente ellos que hicieron de la democracia una negación absoluta y reivindican al gobierno dictatorial.
A sólo una semana de asumido el gobierno de ultraderecha de La Libertad Avanza, les concedieron la libertad condicional a los represores Horacio Losito y Rafael Barreiro.
El primero es uno de los responsables de la Masacre de Margarita Belén, en Chaco, donde fueron fusilados once presos políticos y cuatro desaparecidos y de la que se cumple 47 años. Losito combatió en Malvinas junto al padre de Villarruel.
Tal como explica la periodista Luciana Bertoia en el diario Página 12 “Losito tiene tres condenas en su haber: una a prisión perpetua por la masacre de Margarita Belén y dos a 25 años dictadas en Corrientes. Fue detenido en octubre de 2004. Desde abril de 2020 estaba en prisión domiciliaria, beneficio al que accedió durante la pandemia. Según el cómputo que practicó el Poder Judicial, el 10 de noviembre ya estaba en condiciones de acceder a la libertad condicional porque había completado los dos tercios de su sentencia –gracias también a que se le redujeron diez meses de reclusión por los cursos que hizo mientras estuvo preso.” (https://www.pagina12.com.ar/696144-la-libertad-de-los-genocidas-avanza).
En tanto, Rafael Julio Manuel Barreiro, encontró su libertad condicional gracias al Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes. El dictador fue “condenado a prisión perpetua por crímenes en el Regimiento de Infantería 9. Estaba desde hacía tiempo en prisión domiciliaria en Curuzú Cuatiá, y había sido separado de los procesos por incapacidad sobreviniente. (…) tendría que haber salido en libertad el 12 de octubre de 2024. Sin embargo, Casación le concedió trece meses de reducción por la aplicación del estímulo educativo. De esa forma, el plazo para la libertad quedó fijado para el 12 de septiembre de este año. Lo curioso es que recién se cumplió tres meses después, cuando ya había un nuevo gobierno en la Casa Rosada” -señala Bertoia.
En las últimas horas, H.I.J.O.S. Capital se pronunció a través de su cuenta de X en la que señalan “que el 77% de los detenidos (condenados o en preventiva) por delitos de lesa humanidad tienen el beneficio del arresto domiciliario” y que “el único lugar para un genocida es la cárcel común”.
Por Beatriz Chisleanschi
