Dos empresas pidieron anular el proceso licitatorio de la Vía Navegable Troncal (VNT), también llamada Hidrovía Paraná-Paraguay, al considerar que el concurso, tal como está planteado, favorece a la firma Jan de Nul, de capitales belgas.

Las compañías que pusieron el grito en el cielo fueron Deme, también de origen belga, y Rhode Nielsen, con sede en los países bajos. La primera, incluso, presentó una queja al Gobierno de Javier Milei por considerar que las actuales reglas de la licitación que busca privatizar la Vía Navegable de los ríos Paraná y Paraguay favorece a su compatriota. En otras palabras, hablan de una licitación direccionada. 

“Resulta claro y manifiesto que nos encontramos ante una licitación ilegalmente direccionada”, dijeron desde Deme, según consignó la agencia Noticias Argentinas. Y agregaron que “se ha aprobado un pliego que otorga ventajas competitivas insuperables a favor del actual dragador (es decir, Jan de Nul)”.

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El corredor de transporte fluvial de más de 3.400 kilómetros de longitud atraviesa a siete provincias: Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe, permite la navegación continua entre Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay y contempla 79 puertos. Además, según el mismo Gobierno, factura alrededor de 410 millones de dólares, dado que el 80% de las exportaciones argentinas salen por este corredor fluvial.

La licitación, en la mira

El pasado miércoles, el gobierno de Milei anunció tres cambios en el pliego de la licitación de la Vía Navegable Troncal, un proceso que busca privatizar el dragado y balizamiento de este corredor fluvial.

En primera instancia, extendió hasta el 12 de febrero de 2025 el plazo de presentación de los pliegos; la segunda modificación ­-y la que más alarmó a ambientalistas- aumentó el dragado de 42 a 44 pies; y, finalmente, se apela a lograr un desarrollo portuario en el sur de Entre Ríos.

La intención de la administración libertaria, tal como fue anunciada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, es avanzar en una licitación por un plazo de 30 años, prorrogable por otros 30 más. “Pondremos en marcha una licitación clara y transparente que permita la participación de la mayor cantidad de empresas nacionales e internacionales y posibilite condiciones de competitividad para el crecimiento del libre comercio de Argentina con el mundo. Es un tema estratégico para la Nación”, observó el funcionario.

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La disposición 36/2024, publicada el pasado martes en el Boletín Oficial, que lleva la firma del subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Iñaki Arreseygor, establece que, a pedido de las empresas privadas oferentes, la fecha de cierre de presentaciones de ofertas que iba a ser hasta el 29 de enero, se extendió hasta el 12 de febrero a las 13 y se realizará a través del portal Contrat.Ar.

En respuesta a las demandas de los usuarios privados, entre los que destacan la Bolsa de Comercio de Rosario y las cámaras cerealeras, la profundidad del dragado, que en plan original de privatización iba a pasar de los 39 pies (11,90 metros) a 42 pies (12,80 metros) con un estudio de impacto, ahora se profundizaría a 44 pies (13,41 metros). 

Esta modificación permitirá una mayor profundidad en los canales, aunque quienes ganen la licitación deberán realizar los correspondientes estudios de impacto ambiental en la zona.

En tercer lugar, a pedido del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, habilitarán tres vías navegables, además de la principal, para potenciar la zona portuaria en el sur de la provincia.

El proceso de licitación está a cargo de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, y conlleva “la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado, redragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal”.

A finales del noviembre, el Gobierno exceptuó a las empresas estatales extranjeras de la competencia a través de una resolución que en su artículo 16° establece que no podrán presentarse a concurso las “personas jurídicas controladas, directa o indirectamente, por estados soberanos o agencias estatales”, lo que hizo que firmas como Shanghai Dredging Co., subsidiaria de China Communications Construction Company (CCCC), quedara fuera de competencia.