El regulador recibió a Telefónica, Telecom y Claro, que sugirieron bajar el DNU. “Es una política de Estado”, les respondieron. Finalmente, acordaron una regulación justa con sugerencias abiertas a los privados.


La primera reunión entre el Gobierno y las grandes empresas de telefonía y cable por la regulación de la actividad tuvo un tono bastante distinto a los lobbys que operan por fuera sobre el asunto de fondo. Si bien las compañías se mostraron en contra del DNU, fueron participadas para hacer aportes a una regulación justa y equitativa. Un proceso que ya se inició entre el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y la subsecretaría de Defensa del Consumidor, dependiente de Comercio Interior.


“Si se pudiera volver atrás el decreto, mejor”, pidió uno de los directivos de las tres empresas que se reunieron con el regulador. “No, es una política de Estado”, les respondieron desde el organismo que comanda Claudio Ambrosini. De allí en más, las autoridades, incluido el vicepresidente Gustavo López, pidieron que no sea una reunión catártica y todos coincidieron en que lo mejor será trabajar en conjunto con aportes para que el esquema de aumentos autorizados por el Estado tenga un sendero razonable.

Por el lado de las telcos, se sentaron Alejandro Lastra y Juan Manuel Hadad (Telefónica S.A.); Hernán Verdaguer y Hernán Colombo (Telecom Argentina S.A.); y Alejandro Quiroga López y Juan Pablo Tognetti, de AMX Claro. Sólo una de las firmas, que tienen capitales extranjeros, sugirió la posibilidad de judicializar el DNU. Pero todos señalaron que ese camino, aunque se haga, no será una solución al tema y les generará a las compañías un conflicto con sus clientes, que ya fueron avisados que los aumentos están congelados hasta el 31 de diciembre.

Por fuera de la mesa de negociaciones, algunos sectores del Círculo Rojo iniciaron una especie de lobby contra el DNU del presidente Alberto Fernández, el capítulo más reciente, una comunicación de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), que apunta que la declaración de servicio público esenciales a las telecomunicaciones “pone en riesgo inversiones y el desarrollo del sector”.

En la mesa de reuniones con los grandes, no apareció nunca ese argumento. Mucho menos el de que detrás de la situación regulatoria hay una cuestión política o una guerra del Gobierno contra Clarín. De hecho, el propio Enacom aclaró que desde el inicio se descartó redactar la palabra “tarifas”, reemplazada por precios. “Esto no es una regulación como la que opera sobre los servicios monopólicos, no va a haber audiencias públicas sino una negociación basada en costos para autorizar aumentos”.

Según supo Página I12, el Estado se tomará 45 días para elaborar la reglamentación, que tendrá sugerencias de pymes y cooperativas, grandes operadores y organizaciones de consumidores. Desde una de las empresas presentes, dijeron a este diario que “más allá del tono crítico hacia el DNU, en la reunión hubo voluntad de construir y mirar hacia adelante”. Desde otra de las firmas, admitieron que se recalcó en especial el concepto de “servicio público en competencia”, lo que abre un esquema de autorizaciones de aumentos igual que el de la medicina prepaga.

A continuación, el Enacom explicó que la idea es que la reglamentación garantice la sustentabilidad de la industria, para lo cual se pidieron aportes para identificar parámetros de aumentos. Los tiempos serán más rápidos de lo esperado, de hecho, en noviembre, el Gobierno y los privados ya discutirán cuál será el aumento autorizado para la salida del congelamiento el primer día del 2021. Además, la reglamentación podría tener alguna sorpresa, como un abordaje diferencial para los precios de la TV por cable.