Desde hace varios años la Procuración Penitenciaria de la Nación viene advirtiendo con preocupación el sostenido incremento de la población penal en los establecimientos penitenciarios federales y sus consecuencias en términos de vulneración de todos los derechos no restringidos por la privación de la libertad ambulatoria como el derecho a la salud, a la educación, al trabajo y a la recreación, a la vinculación familiar y social, es decir, a condiciones dignas de detención.



Afecta a todas las cárceles del país; pero en especial al NEA que es la región que más creció en causas por delitos federales, principalmente narcotráfico, contrabando y trata de personas.

 

Pero desde la justicia federal de Corrientes alertan que no hay lugar en la región para ubicar a detenidos en Corrientes por delitos federales.

 

Corrientes es la única provincia sin cárcel federal y los presos suelen ser ubicados en los escuadrones de Gendarmería que tienen encima varios amparo judiciales por las precarias condiciones de detención.

 

Según un informe de la Procuración General de la Nación, la Unidad Penal 11 de Sáenz Peña tiene capacidad para albergar 117 reclusos; la U7 de Resistencia 307; mientras que la U10 de Formosa 76 y la U17 de Candelaria, 205; pero todas tienen presos por arriba de su capacidad real.

 

La justicia federal de Corrientes ante la negativa desde las unidades federales de la región deben buscar alojamiento en otras provincias, desde Santa Fe y Buenos Aires hasta distritos más lejanos como Mendoza.

 

La situación, que se agrava cada vez más, reactiva la necesidad de construcción de la cárcel federal de Corrientes que según lo proyectado debería ubicarse en la localidad de San Cayetano.