Los campesinos pobladores de la isla San Martín (Ituzaingo) se encuentran detenidos luego de un operativo policial realizado el lunes 26 de septiembre. Se trata de Antonio Eladio Domínguez de 63 años y su esposa  María Gertrudis  Encina de 53 años. 

 

Ambos fueron trasladados y alojados en la comisaría de Ituzaingo después de que la policía realizara el arreo y conteo de los animales de los isleños, en el marco de una causa en contra de ellos por usurpación. Supuestamente la pareja de ancianos se resistió al operativo por lo cual fueron detenidos bajo la figura de desobediencia.

 

El mismo lunes en que fueron detenidos se presentó el pedido excarcelación el cual fue denegado al día siguiente, 27 de septiembre, por aludir el juez Néstor Oscar Anocibar, del (Juzgado de Instrucción y Correccional de Ituzaingo) que previamente deberá tomársele declaración indagatoria a ambos, pero el Tribunal, hasta la fecha no se avoca a la causa ni ha fijado audiencia para dicha indagatoria.

 

En el mismo marco de atropellos a los pobladores originarios, la comunidad Guaraní Kaavity denuncian alambrados en los caminos históricos de la isla apipe chico (cerrando el acceso a la capilla de la comunidad) y amenazas a pobladores de la vecina isla Rivadavia. 

 

“Las islas ubicadas inmediatamente aguas abajo de la represa Yacyretá son codiciadas para negocios turísticos e inmobiliarios. Los pobladores originarios que sobrevivieron al gran impacto ambiental y social derivado de la construcción de la mega represa, resisten la ocupación empresarial de su territorio ancestral, vemos el mismo esquema de avance sobre las tierras a través de mafias locales, que vimos hace 10 años en los cercanos esteros del Iberá.” Declaró Cristian Piriz, Coordinador General de los Guardianes del Iberá. 

 

“Mi primo tuvo un ACV hace dos meses, sufre de la presión, es una persona mayor que vive tranquilo en la isla, no merece estar durmiendo en una celda como si fuera un criminal. ¿Qué hemos hecho más que vivir en y como siempre lo hemos hecho? Es todo muy injusto, no hay respeto.” Lamentó Nida Paredes Kuña Karai (Cacique) de la Comunidad Kaavity.

 

La dilatada estadía de los isleños en la comisaria alertó a los referentes nacionales del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), quienes realizaron una presentación ante el Ministerio Público Fiscal (Procuración General de la Nación), desde donde el día de hoy se envió oficio, por correo electrónico y por correo postal, pidiendo información sobre las personas detenidas al Juzgado de Ituzaingo.

 

Por su parte Mirian Sotelo de la Comunidad Guaraní Jahavere y CPI (representante) de las comunidades originarias de la Provincia solicitó la intervención urgente del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas).

 

“Los pobladores originarios tenemos leyes conquistadas con mucha lucha, que nos defienden, los jueces locales deben hacerlas respetar. El Estado Nacional declaro la emergencia del territorio de las comunidades indígenas mediante la ley número 26160, ésta emergencia suspende los desalojos a las comunidades. Adicionalmente el decreto reglamentario de la ley (1122) indica que cubre a las comunidades aun cuando no tengan su personería jurídica. Por último la ley de la agricultura familiar del 2015 suspende los desalojo de los campesinos por 3 años, sean o no indígenas.  Sea en los esteros del Iberá o en las islas del Paraná el Estado de la Provincia de Corrientes no hace nada para garantizar nuestros derechos.” Reclamó Mirian Sotelo.

 

El entramado de influencias detrás de ésta situación es complejo. Las organizaciones sociales y pobladores señal al ex intendente y ex juez Luis Galarza como el estratega del conjunto de acciones de amedrentamiento a los pobladores isleños para quedarse con su territorio y dar paso a negocios turísticos e inmobiliarios.

 

“Luis Galarza es tristemente recordado por los pobladores de los esteros del Iberá por ser una de los ejecutores de la desaparición del paraje Ñutuya a pedido de Ansola y  Tompkins, en su época de Juez. Hoy lo responsabilizamos como el jefe de una banda de mafiosos que integra junto a su sobrina la concejal de Ituzaingo Silvia Galarza y su esposo el fiscal Eugenio Balbastro, quien casualmente interviene en ésta causa. ” Denunció Emilio Spataro referente provincial del MTE en el NEA y miembro fundador de los Guardianes del Iberá.

 

La derogación de parte de la ley que limitaba la compras de tierras por partes de extranjeros, el activo lobby de las multinacionales forestales en la zona, la especulación inmobiliaria derivada de la creación del cercano Parque Nacional Iberá, entre otras medidas empresariales y gubernamentales son señaladas por las organizaciones como promotoras de ésta nueva ola de atropellos. 

 

“Aquellos que hace 10 años fueron parte de la maquinaria de despoblamiento del Iberá hoy muestran en el mismo accionar en las islas del Paraná motivados por nuevos expectativas de inversiones extranjeras. Por ello un matrimonio anciano que debería estar disfrutando de sus nietos en la paz de la vida campesina, lleva 5 días viviendo en una comisaría.”. Concluyó Spataro.