Así lo indicó el juez de Instrucción de Curuzú Cuatiá Martín Vega, dictó el procesamiento y ratificó la prisión preventiva para los cinco ex funcionarios de Perugorria. El magistrado de Curuzú consideró que existen elementos suficientes para procesar por supuesta malversación de fondos públicos y asociación ilícita a Corona, Lesieux, Vera, Moray Mussio y Lammens, aunque en este último caso le concedió seguir cumpliendo el arresto domiciliario en su localidad de origen.

 

El juez de Instrucción de Curuzú Cuatiá Martín Vega resolvió la situación procesal de cinco personas que fueron parte del Gobierno Municipal y que estaban detenidas hace varios meses en la comuna curuzucuateña. El procesamiento y ratificación de la prisión preventiva rige para quienes fueron intendentes Jorge Corona y Angelina Lesieux, como así también para quienes cumplieron diferentes roles en sus administraciones, Patricia Vera (tesorera); Sabrina Lammens (secretaria de Gobierno) y Ernesto Moray Mussio (auditor).

 

De acuerdo a las pruebas que la Justicia habría obtenido hasta ahora, el magistrado considera que está “semi plenamente acreditado, probado,  que los fondos recibidos de nación no  eran destinados para los fines para los cuales estaban previstos”, es decir que los ex funcionarios cometieron los delitos de asociación ilícita en concurso real con malversación de caudales públicos en la modalidad de peculado reiterado y fraude en perjuicio de la administración pública”.

 

En este contexto, el juez consideró que los ex jefes comunales, aprovechando el rol que desempeñaban, “organizaron una asociación  destinada a cometer delitos relacionados con el manejo de fondos públicos provenientes del Estado nacional y destinados a la realización de obras públicas específicas”.

 

EL PROCESO

 

“Esta es una resolución intermedia en la investigación del delito en la instrucción de nuestro sistema procesal, caben contra este tipo de resoluciones el Recurso de Apelación que se puede interponer en la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Mercedes, en la que entendería que los imputados a través de sus abogados decidan apelarla. Después hay que esperar la confirmación de la Cámara o no; en su caso puede también revocar total o parcialmente la resolución”.

 

 

 

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Prisión preventiva para los ex intendentes de Perugorría

 

 

El juez de la causa consideró que hay pruebas de que cometieron los delitos de asociación ilícita junto a otros funcionarios y detalló cómo eran sus maniobras para perjudicar a la administración pública. Luego de una investigación que lleva casi dos años, este viernes se dictó el procesamiento y prisión preventiva para los ex intendentes kirchneristas Jorge Luis Corona y Angelina Soledad Lesieux. El juez de la causa consideró que tiene los elementos para probar que la pareja se quedó con más de $56 millones de pesos para obras públicas, es decir, para el beneficio de los vecinos.





Precisamente, el juez Martín José Vega acusa a los ex jefes comunales de haber cometido los delitos de "asocicación ilícita en concurso real con malversación de caudales públicos, en la modalidad de peculado reiterado y fraude en perjuicio de la administracón pública".





Para pasar de la jerga judicial a ejemplos concretos, basta recordar detalles de la causa ya publicados por Infobae. A mediados de 2016, cuando ya las denuncias hacían mucho ruido en Perugorría, Angelina Lesieux tomó la insólita decisión de entregar 40 viviendas a sus adjudicatarios, a pesar de que la mayoría de ellas no contaba con los servicios más elementales y hasta les faltaban las puertas y ventanas.





Los ex intendentes Corona y Lesieux, en ese orden de mandatos, tampoco cumplieron con la construcción de un puente, una ciclovía y un denominado "paseo del bicentenario". Para esas promesas y tantas otras, recibieron del gobierno kirchnerista durante sus gestiones $56.432.311, según detalló el magistrado.





Además, durante el avance de la investigación se había allanado la casa de la pareja y los resultados los comprometió aún más, ya que se comprobó que los ex jefes comunales durante el gobierno kirchnerista usaron dinero del municipio para equipar su casa.





El matrimonio que gobernó Perugorría no operó solo, sino que "organizaron una asociación o banda destinada a cometer delitos relacionados con el manejo de fondos públicos provenientes del Estado Nacional y destinados a la realización de obras públicas específicas", señaló el juez Vega.





Es por ello que el magistrado también procesó y ordenó la prisión preventiva para otros ex funcionarios. Los miembros de la banda son "la ex tesorera Patricia Yolanda Vera, la ex secretaria de Gobierno Sabrina María Florencia Lammens y el ex auditor municipal Ernesto Antonio Moray Mussio". Todos ellos fueron nombrados en puestos claves, "de modo que las sustracciones de fondos y la administración infiel no puedan ser advertidas", indicó la resolución.





Tras casi dos años de investigación con el apoyo de la División Anticorrupción de la Policía Federal, se calculó que el ex intendente Corona "logró la concesión de siete proyectos con remisión de fondos que fueron administrados fraudulentamente". Traducido en cifras, "se totaliza la suma de $10.892.183". Su pareja, Lesieux, heredó esas prácticas y profundizó el modelo. La causa indica que la ex jefa comunal obtuvo "la concesión de cinco proyectos con remisión de fondos, que fueron administrados fraudulentamente en perjuicio de la administración pública, totalizando $ 45.540.128".





Es decir que entre ambas gestiones, hubo "$56.432.311" que no se tradujeron en mejoras para los vecinos de Perugorría, sino en mejoras para las arcas personales de los miembros de la banda.





La causa que agita a ese pueblo correntino de alrededor de ocho mil habitantes continúa, ya que se investigan otras maniobras delictivas que involucran a más integrantes de la organización, adelantó el juez Vega a Infobae. Mientras tanto, los ex intendentes kirchneristas ya cumplen prisión preventiva "en un penal común", afirmó.