El Estado argentino solicitó a la Justicia estadounidense que el reconocimiento de daños en el juicio iniciado por el fondo buitre Burford y Eton Park por la expropiación de YPF no sea mayor a los 4.920 millones de dólares.



La presentación fue hecha en la primera audiencia que el Tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York realizó para definir el monto de los daños económicos en el proceso que se le inició a la Argentina por la forma en que se nacionalizó la petrolera.

La jueza estadounidense Loretta Preska será quien analizará los escritos que presenten las partes, entre ellos el presentado hoy por el bufete jurídico Sullivan & Cromwell LLT, que patrocina a la Argentina.

El juicio más costoso para la Argentina

Lo que ahora resta es definir el monto de los resarcimientos que los fondos buitre le demandarán al Estado argentino por la expropiación de la petrolera que estuvo en manos de la española Repsol. Según estimaciones, podría variar entre 4.920 y 16 mil millones de dólares. La Argentina pidió que el monto no sea mayor a ese piso.

Esa indemnización estaría determinada en función tanto de la fecha en que el Estado nacional obtuvo el control de las acciones de YPF sujetas a expropiación, como de la tasa de interés que se fije por la demora en la actualización de la indemnización.

El proceso que ya lleva ocho años es el más costoso que Argentina tiene en el exterior y uno de los más importantes en la historia de las cortes de Estados Unidos. Las audiencias se prolongarán hasta el viernes, aunque no hay fecha cierta para que se conozca el fallo.

El 31 de marzo pasado, la magistrada que sucedió en la causa al fallecido Thomas Griesa falló contra la Argentina y eximió de responsabilidades a YPF, pero no determinó el monto a pagar como resarcimiento.

La clave: la fecha de la expropiación

Una de las cuestiones que deberán definirse es la tasa de interés por los años de demora del pago de la indemnización. Esto está sujeto también a otra definición central: la fecha en que Argentina tomó control de la empresa. Los fondos sostienen que se inició el 16 de abril de 2012, cuando el gobierno de Cristina Kirchner envió el proyecto al Congreso.

Sin embargo, el Estado dice que fue el 7 de mayo de ese año, cuando entró en vigencia la ley de expropiación. La clave es que entre una y otra fecha hay 3 mil millones de dólares de diferencia.



El escrito consta de una presentación con citas, testimonios y gráficos de 143 fojas. Argentina plantea que "el tribunal debe ejercer discreción para no otorgar intereses previos al fallo" y que "el tribunal no debe inflar aún más las enormes ganancias inesperadas de los demandantes con intereses previos al fallo".

“Los demandantes –argumenta el texto- recibirán una ganancia inesperada bajo cualquier escenario, que el grupo Petersen se benefició durante años por el deterioro de YPF que condujo a la expropiación, y que cualquier otra indemnización por daños exacerbará los desafíos económicos actuales de Argentina.”