El documento se dio a conocer tras la Asamblea Anual Ordinaria del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal, que se desarrolló en esa ciudad y de la que participó el Fiscal General del Poder Judicial de Corrientes, doctor César Sotelo.
El Fiscal General del Poder Judicial de Corrientes, doctor César Sotelo, quien participa en Santa Fe, de la Asamblea Anual Ordinaria del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal, suscribió hoy una declaración en la que se llama a la prudencia y el recato del poder político, cuando pretende descargar en las espaldas de los Ministerios Públicos Fiscales la responsabilidad que le incumbe en cuanto a la seguridad ciudadana, en una tergiversación de las incumbencias establecidas por la Constitución y las leyes.
La “Declaración de Santa Fe”, tal el nombre del documento difundido, también advierte que “el cuestionamiento infundado y malicioso hacia los Ministerios Públicos Fiscales en razón del despliegue de su actividad investigativa, genera un desprestigio institucional injustificado, que conduce a un descreimiento social y el favorecimiento del libre accionar de las mafias delictivas”.
Al respecto, los procuradores y fiscales generales de todo el país remarcaron en su pronunciamiento que “los Ministerios Públicos Fiscales despliegan una función esencial y constante todos los días del año, que se ve reflejada en el reconocimiento social que de manera cotidiana reciben sus miembros, que, aún en conciencia del riesgo personal que asumen a partir de sus investigaciones, trabajan sin descanso en aras del cumplimiento eficiente de su función”.
LA SITUACIÓN EN SANTA FE
Las máximas autoridades de los ministerios públicos de todo el país también dejaron plasmado en su pronunciamiento una tajante reiteración de la grave situación de debilidad que vive el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, a partir de “haberse colocado el régimen disciplinario de sus integrantes en manos del poder político ajeno al organismo de la acusación”.
“La situación de fragilidad generada por esa circunstancia, limita claramente su funcionamiento y expone una realidad institucional inadmisible”, sostienen, para remarcar que “resulta inapropiado y ajeno a la naturaleza del instituto la pretensión de enjuiciar a los miembros del Ministerio Público Fiscal en razón de cuestionamientos vinculados con sus opiniones jurídicas”.
“La corrección de posibles desaciertos de esta índole, tiene remedios procesales establecidos en las normas de rito, y su solución resulta ajena al procedimiento de remoción de fiscales”, afirma el documento.