Desde hace más de una década, se percibe una profunda crisis del orden surgido tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y cuya expansión, a nivel global, tuvo lugar con la desarticulación de la Unión Soviética. El modelo económico de ese orden se conforma, a grandes rasgos, por la inédita concentración que logran las grandes corporaciones transnacionales a partir de la desterritorialización de las cadenas de valor y por el empoderamiento de un sistema financiero privado que logra márgenes de rentabilidad extraordinarios, a través de distintos espacios de especulación cada vez más autónomos de los procesos productivos.

La consecuencia de este modelo fue el debilitamiento de los mercados internos de los países, aun de los más desarrollados, la progresiva pérdida del empleo y el aumento de la pobreza. A su vez, el desarrollo tecnológico digital, aceleró la automatización de los procesos productivos de bienes y servicios coadyuvando a profundizar la crisis del mundo del trabajo y de la territorialidad como base de la organización social.

En definitiva, la globalización, al afectar los mercados internos, es la causa de la creciente incapacidad de los Estados nacionales —particularmente, los occidentales— para regular las relaciones sociales e internacionales, lo que ha favorecido un reposicionamiento geopolítico de la República Popular China y de la Federación Rusa frente a los Estados Unidos y Europa, cuyas expresiones más evidentes son la Guerra de Ucrania, los renovados conflictos armados en Medio Oriente y África, y la competencia por la vanguardia de la innovación tecnológica digital.

Clausewitz, uno de los más destacados pensadores militares de todos los tiempos, en su obra póstuma De la Guerra (1832), infirió, observando a los Ejércitos napoleónicos, que los cambios en los hechos bélicos reflejaban la transformación social de la Europa de su tiempo.

«La batalla de Austerlitz. 2 de diciembre de 1805», óleo sobre tela de François Gerard. Museo de Trianon, Versalles. Fuente: National Geographic.

Les propongo entonces, definir una correlación entre los modelos económicos sociales del siglo XXI con los conflictos armados más trascendentes, a fin de analizar, a grandes rasgos, las características fundamentales de los mismos, para luego inferir los posibles escenarios a los que la Argentina debería dar respuesta con una política de defensa y definir las características del instrumento militar necesario para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

Un cambio de paradigmas

Retomando el pensamiento de Clausewitz, el paradigma central que propuso para comprender el fenómeno de la guerra de su tiempo estuvo dado por la absoluta preeminencia del Estado territorial como actor fundamental del hecho social, un rasgo distintivo de la Modernidad, funcional al desarrollo del capitalismo y al proceso de formación de las nacionalidades. El protagonismo fundamental del Estado en la forma de hacer la guerra puede validarse desde los tiempos de la Paz de Westfalia (1648) hasta el fin de la Guerra Fría (1989), donde la injerencia de nuevos actores y el cambio de comportamiento de otros, obligan a reflexionar sobre la vigencia de los principios tradicionalmente aceptados.

En la formulación de una epistemología de la guerra, varios pensadores emplean la categoría “generaciones” (Lind, W., 2005) para explicar las diferencias que se evidencian en distintas contiendas en el período moderno. Así, se denominan guerras de primera generación a las napoleónicas, de segunda a la Gran Guerra y de tercera a la Segunda Guerra Mundial. Como toda abstracción, esta categoría presenta reduccionismos y debilidades que no se pretenden abordar en este trabajo, pero resulta útil para correlacionar, por ejemplo, a la denominada sociedad industrial y de masas —característica de la primera mitad del siglo XX— con las guerras mundiales, a fin de preguntarnos, si en la era digital los paradigmas clásicos definen el fenómeno o se está frente a un cambio de naturaleza de los hechos sociales.

En gran parte del siglo XX, las guerras siguieron respondiendo al paradigma clausewitziano, con excepción de los conflictos revolucionarios o de ruptura de vínculos coloniales. Las guerras de segunda y tercera generación se caracterizaron por la incorporación plena de nuevas tecnologías como el motor, el submarino y el avión, pudiendo una campaña militar esquematizarse de manera lineal en el croquis de un “teatro de operaciones”.

Bombardero Lancaster. Foto: Pixabay.

Durante la Guerra Fría, y con la posibilidad de empleo de armas nucleares, el combate convencional fue concebido en escenarios extendidos de cientos de kilómetros, en aquello que se denominó la batalla aeroterrestre o aeronaval que fue acompañada de desarrollos tecnológicos en materia de telecomunicaciones que permitieron articular la complejidad del comando y control en operaciones que empezaron a incorporar el espacio exterior como un nuevo posicionamiento estratégico.

Tras la caída del Muro de Berlín, la llamada guerra del Golfo (1990- 1991) demostró a propios y extraños, la superioridad incontrastable de los Estados Unidos en el combate convencional, en un mundo donde ningún actor estaba, ni parece estar, dispuesto a emplear armas nucleares. Al mismo tiempo, tras la ruptura del Pacto de Varsovia y de la disolución de la URSS, proliferaron conflictos intraestatales en Europa Central, Oriente Medio y África, dando lugar a aquello que Eric De la Maisonave caracterizó como la “metamorfosis de la violencia” (1996, p. 18).

En esos años, aparecieron los libros la Transformación de la guerra (1991) de Van Creveld y Guerra sin restricciones (1999) de los coroneles chinos Qiao Liang y Wang Xiangsui, cuestionando el primero la vigencia del Estado nación como regulador de los conflictos, e interrogándose el segundo sobre cómo disputar poder a los Estados Unidos eludiendo la confrontación militar.

En las primeras décadas del siglo XXI, se pueden observar distintas manifestaciones que van a influir en la forma del empleo de la violencia en los conflictos armados. Una de éstas es la tercerización de funciones militares, una práctica extendida en el mundo empresarial que, si bien siempre estuvo presente de manera secundaria, fundamentalmente en cuestiones logísticas, desde el 2001 se difundió ampliamente abarcando el ámbito operacional del combate.

En la segunda guerra del Golfo (2003), la mitad de los contingentes empeñados por Estados Unidos pertenecían a empresas privadas, siendo, en ese entonces, Blackwater (1996) la que proveyó hasta la seguridad personal del administrador norteamericano en Irak (2003 – 2006) (Scahill, J., 2008). En la actualidad, todas las potencias disponen de contratistas privados, siendo la rebelión de la empresa Wagner (fundada en 2014) en la guerra de Ucrania y la posterior muerte de Yevgenyf Prigozhin (2023) una demostración de la compleja articulación de intereses entre un Estado y el sector privado en este campo.

Mercenarios de la empresa Blackwater. Fuente: Internet.

Otro fenómeno distintivo, lo constituye la incorporación de nuevos “dominios” (Perkins, D., 2018) en los que se libran los conflictos, es decir que, a los ya tradicionales espacios terrestre, marítimo y aéreo, se agrega el ya mencionado espacio exterior, donde las potencias disputan el posicionamiento estratégico en órbitas bajas que le aseguren, a través de los satélites, el control de las telecomunicaciones, el acceso a información geoestratégica y a emprendimientos productivos espaciales. A su vez, el creciente desarrollo de la tecnología digital permitió la definición de un dominio creado por el ser humano, el ciberespacio, que constituye un ámbito más de disputa de poder, cuyo control a través de internet permite un acceso directo y simultáneo a las mentes de la población, a los mercados, a los datos de la administración pública y al control de infraestructura esencial. Hackers, trolls, bots maliciosos, redes y la manipulación de la información a través de los medios de comunicación han logrado, de manera cada más frecuente, lograr objetivos políticos —como desestabilizar y derrocar gobiernos— con un empleo mínimo de violencia armada.

Para Byung-Chul Han, la información es el elemento esencial de poder que define la época, ya que posee la capacidad de intervenir en la realidad de los Estados por medio de la explotación, ya no necesariamente de los cuerpos, sino de los datos. Lejos de ser más libres por estar interconectados, la sociedad de la información añade una instancia de control que acaba por reducir al individuo a la condición de consumidor. Esto lleva a que el ciberespacio no se transforme únicamente en una herramienta de ataque para intervenir físicamente infraestructuras críticas, sino que controla la dimensión psicológica de las sociedades. El control de la mente legitima la dominación generando un disciplinamiento de la sociedad por medio de la sumisión presentada como libertad virtual (Byung-Chul Han, 2022; p. 10).

Es decir que las redes sociales juegan un rol cada vez importante en la construcción del poder. Los especialistas en obtener información significativa a través de una tecnología que posibilita un procesamiento inapreciable de datos (big data), las denominadas “granjas” donde se elaboran bots maliciosos programados para hackear sistemas o difundir noticias falsas, los trolls que las reproducen geométricamente confundiendo, dividiendo e irritando a una población, a partir de cuestiones verosímiles y, finalmente, las escuadras de contratistas entrenados para producir hechos de agitación o de violencia acotada que los medios difunden a escala global. Esta práctica muy difundida, es conocida en las relaciones internacionales como parte de un “soft power” para el logro de objetivos políticos.

Movimientos tales como las “revoluciones de colores” (2000 – 2005) y la “Primavera Árabe” (2010 – 2012) fueron denunciados como el empleo por parte de Estados Unidos de equipos no militares (soft power) para lograr efectos políticos y estratégicos deseados, como ser la caída de regímenes pro rusos y la consecuente expansión de la OTAN hacia el Este o la promoción del yihadismo como elemento de agitación en Medio Oriente (Moniz Bandeira, L., 2017).

Los rusos emplearon procedimientos similares en la anexión de Crimea en el 2014. El Lic. Gonzalo Rubio Piñeiro (2022) describe el método empleado por los rusos, donde los llamados “hombrecitos verdes”, los Spetsnaz, los KSSO, los GRU, articularon ciberataques con acción sicológica coordinado con el empeñamiento de fuerzas armadas regulares y de autodefensa para el logro de los objetivos planteados (Rubio Piñeiro, G., 2018).

Foto: Pixabay.

En definitiva, conceptos como “guerras de cuarta generación”, “conflictos híbridos” o “asimétricos”, constituyen terminologías que intentan imponer una visión sobre escenarios donde el combate se desarrolla en la población, en una lucha pueblo por pueblo, barrio por barrio y casa por casa, que combina fuerzas regulares, irregulares o contratistas, en un ambiente de lucha de baja intensidad con un uso intensivo del ciberespacio y que, en ocasiones, requiere el apoyo de elementos de alto poder de fuego.

A su vez, el dron, asociado a las capacidades de telecomunicaciones y robóticas mencionadas, proporciona una capacidad de letalidad precisa y circunscripta, a grandes distancias que mediatiza la violencia ejercida por los actores y promueve una nueva visión de cómo se emplea el espacio aéreo.

En este escenario de tácticas y técnicas de combate novedosas y muchas veces encubiertas empleadas por todos los actores, se requiere analizar cómo se desarrollan estas operaciones militares para inferir si los cambios que se observan cuestionan la vigencia de los usos conocidos en un mundo donde interactúan una multiplicidad de actores, aun de distinta naturaleza, que acrecientan la importancia de los espacios no militares, restando centralidad a los Estados y a los ejércitos tan cual los conocimos.

Actualidad de las Fuerzas Armadas argentinas

La última dictadura militar (1976-1983) llevó al límite las contradicciones de las Fuerzas Armadas con su origen mismo. El pensamiento y la obra desarrollada en la primera mitad del siglo XX por Luis Dellepiane, Enrique Mosconi, Juan San Martín, Manuel Savio, Alonso Baldrich, Juan Pistarini y Juan Perón, entre otros, impulsando un paradigma industrial e inclusivo de país, comenzó a ser desarticulado por el plan económico llevado adelante por el ministro José Martínez de Hoz, que creó las bases del modelo financiero aún vigente, en el marco de una violencia interna inédita. Finalmente, la derrota en la guerra de Malvinas puso fin a una representación social sobre lo militar que había perdurado por más de 50 años.

La Ley de Defensa Nacional (1988) y la de Seguridad Interior (1991) fueron creando un marco legal preciso para el desarrollo de relaciones civiles militares en un contexto democrático. Sin embargo, fuera de este objetivo, la política de defensa no se planteó desarrollar la capacidad del instrumento militar para cumplir con su función fundamental que es la preparación para la guerra. Por el contrario, los sucesivos gobiernos fueron reduciendo sus presupuestos hasta llegar a una situación de desmantelamiento del sistema de producción para la defensa, de falta de recursos para la modernización y el mantenimiento, lo cual condujo a la obsolescencia de los sistemas de armas de las Fuerzas Armadas. También se constata que, cuando las restricciones presupuestarias autoimpuestas por los gobiernos democráticos se relajaron, se puso de manifiesto el boicot británico para impedir la recuperación de capacidades militares básicas.

Esta situación del instrumento militar es similar a las de otras áreas del Estado donde se realizó un verdadero desguace de la articulación del país en cuestiones centrales que afectaron su desarrollo integral, como la pérdida del ferrocarril de carga y del transporte marítimo y fluvial, políticas que fueron replanteadas por ningún gobierno.

También es cierto que la desatención en materia de defensa, se realizaba en un ámbito de una creciente cooperación regional en el marco de la OEA, el MERCOSUR y la UNASUR, entidad que llegó a constituir el mayor espacio cooperativo institucionalizado en la historia de Sudamérica. Sin embargo, a partir del año 2016, a instancias de los Estados Unidos, varios países lo abandonaron, entre ellos la Argentina, retornando a una situación de autonomía donde la Argentina evidencia una vulnerabilidad estratégica para preservar su integridad territorial, asegurar su independencia y capacidad de autodeterminación.

¿Cómo repensar el sistema de defensa nacional?

La Argentina carece, desde hace más de 50 años, de un proyecto de país. Las soluciones a los desafíos del siglo XXI no se encuentran en las experiencias del siglo XX. La historia de los pueblos no es secuencial y aquello que no se realizó en un período, debe ser salteado y pensar en las actuales necesidades con la tecnología apropiada y el desarrollo de la cadena de conocimientos necesaria para obtenerla. El tanque argentino cumple 50 años, el fusil más de 60, el despliegue territorial del Ejército aún responde al objetivo orgánico planteado en 1964 y sólo quedan estertores del sistema de producción para la defensa. La Fuerza Aérea Argentina y la Armada se encuentran en una situación aún más precaria por la sofisticación tecnológica propia de sus sistemas de armas. La solución no se encuentra entonces en recuperar capacidades obsoletas, sino en pensar el siglo XXI.

El Tanque Argentino Mediano (TAM) 2C-A2 en 2023. Foto: Wikipedia.

La defensa nacional constituye una función básica de un Estado que, si bien tiene su centro de gravedad en la preparación del instrumento militar a fin de afrontar una guerra, también es parte de una visión integral de los recursos humanos y materiales de la nación. En esencia, el diseño de las Fuerzas Armadas debe responder a la naturaleza de la guerra de su tiempo y a las características particulares que imponen su ambiente geográfico, los desafíos geopolíticos y el desarrollo económico social de la nación. También es la consecuencia de un ethos histórico que impone conductas, principios y valores que definen una identidad nacional.

Una condición necesaria en la reflexión de las cuestiones relativas a la defensa nacional es la comprensión de que ninguno de los problemas que hacen a la integridad territorial e independencia de los países sudamericanos pueden ser resueltos de manera unilateral, sino que es indispensable retomar el camino de la cooperación y de las experiencias interoperativas, sobre todo con Brasil y Chile. Las cuestiones territoriales vinculadas al Caribe, a la Amazonía, a la Cuenca del Plata, al Atlántico Sur y a la Antártida, así como a la preservación de recursos como el litio, la pesca, los hidrocarburos, el agua y otros, requieren de una comprensión mutua y de la internalización de que todos los problemas de la región nos afectan.

Planteado el criterio interoperativo del instrumento militar, el mismo debe estar sustentado en un sistema de investigación y desarrollo nacional que plantee objetivos autónomos posibles para la toma de decisiones y cooperativos a nivel regional, sustentado en criterios de producción para la defensa que integren a las Fuerzas Armadas, a la sociedad civil y a las universidades.

Como se ha expuesto, la guerra del siglo XXI se desarrolla en nuevos “dominios” como el espacio exterior y el cibernético. En ambos, la Argentina presenta ventajas comparativas para ubicarse en un puesto de vanguardia y que sus Fuerzas Armadas sean parte de ese desarrollo, en particular para fomentar capacidades en tecnología espacial, digital y de fabricación de drones, entre otras.

INVAP S. E. es una empresa argentina de alta tecnología orientada al diseño de proyectos complejos vinculada al desarrollo energético, nuclear, espacial, ambiental y de telecomunicaciones, en cooperación con otras empresas u organizaciones públicas como la CONEA, ARSAT y el INTA. El sitio oficial de la empresa sostiene: “En INVAP vemos al Espacio como un recurso estratégico universal para el bienestar de la humanidad. Desarrollamos tecnología espacial para comunicaciones y observación de la Tierra, con la infraestructura y el capital humano necesarios para gestionar el ciclo de vida completo de los proyectos, desde el diseño hasta la entrega final del producto”.

Instalaciones de INVAP. Fuente: adnrionegro.com.ar

En el estudio del espacio exterior, el país posee más de 60 años de experiencias y conocimientos acumulados. Desde la puesta en órbita del satélite LUSAT 1 en los años sesenta —por la entonces Comisión de Investigaciones Espaciales (CNIE), hoy CONEA—, la Argentina ha desarrollado una cadena de valor que le permite ser parte del grupo selecto de aquellos que alcanzaron altos niveles tecnológicos de manera autónoma (Blinder, 2017). La serie de satélites SAC, ARSAT y SAOCOM, demuestran que el país posee la experticia y la capacidad para realizar un desarrollo dual que sirva al progreso de la nación al tiempo de sostener su soberanía con Fuerzas Armadas que hayan dado un salto tecnológico acorde a los tiempos.

Con relación al ciberespacio, ya se ha planteado la importancia que reviste para la seguridad de la infraestructura crítica del país, como también el empleo malicioso de bots y fake news y su influencia en el estado de ánimo de una población. La Argentina posee un nivel reconocido de desarrollo informático que constituye un rubro importante de las exportaciones con mayor valor agregado. Dentro de las Fuerzas Armadas se han creado organizaciones específicas y conjuntas de ciberespacio, incorporándose como un campo operacional más. También se ha constituido un instituto de formación de personal en el estudio de las cuestiones militares y tecnológicas de este ámbito, siguiendo el camino tradicional de las innovaciones que cambiaron el campo de batalla como lo fue la aviación, las tropas de montaña, el paracaidismo y los blindados (Ministerio de Defensa, 2023; p. 255).

Prototipo de VANT desarrollado en el marco del proyecto SARA. Fuente: INVAP.

Hace más de quince años, el INVAP y el Ministerio de Defensa convinieron encarar la construcción de un vehículo aéreo no tripulado (VANT) de ala fija, denominado Sistema Aéreo Robótico Argentino (SARA), a fin de satisfacer necesidades militares. Este proyecto generó expectativas en otros países sudamericanos, pero con el acceso al gobierno del presidente Mauricio Macri, el proyecto se desfinanció por presión de los Estados Unidos (Blinder 2017).

En el año 2017, las empresas privadas Cicaré y Marinelli Technology, especializada una en el desarrollo y fabricación de helicópteros y la otra en tecnologías para el agro, junto al INVAP, comenzaron a dar forma al Sistema Aéreo No Tripulado RUAS-160, un VANT de alas rotatorias para ser empleado en tareas agrícolas. Estos VANT convenientemente adaptados pueden ser parte importante de un rediseño tanto del instrumento militar como del sistema de producción para la defensa.

En uno de los capítulos de El Arte de la Guerra de Sun Tzu, un clásico de la cultura universal que data del siglo V a. C., cuya lectura es fundamental en cuestiones de estrategia y de táctica militar, el emperador Wei le pregunta a Sun Pin qué debía hacer para modernizar su Ejército. Y éste responde: “…Si quieres modernizar tu Ejército, moderniza el Estado…” (2002; p. 78), dejando por sentado que el instrumento militar es parte coherente de un todo cuya reflexión es integral.

La flota china regresa victoriosa de la campaña de Taiwán (1787-1788). Fuente: Wikipedia.

La capacidad de asegurar una respuesta efectiva o disuasoria a una amenaza, el control territorial y marítimo, la proyección antártica, la ciberseguridad y la ocupación de órbitas del espacio exterior deben ser parte de una respuesta integral de todas las fuerzas constitutivas del país, en todos los “dominios” de la guerra planteados. La participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado sería un retroceso, dado que el sistema de seguridad nacional dispone de las herramientas necesarias en las fuerzas policiales y de seguridad para ese desafío y constituiría una distracción innecesaria de recursos para impulsar las capacidades de defensa que exige el siglo XXI.

En definitiva, la articulación de una política de defensa nacional y el diseño de su instrumento militar es parte del proyecto de país que los argentinos debemos construir para encarar el siglo XXI. Ese proyecto, en un país esencialmente diverso como el nuestro, requiere de los consensos territoriales, sociales, políticos, productivos y tecnológicos fundamentales para reconstruir el Estado necesario para afrontar los desafíos planteados.

La Argentina y el Atlántico Sur

El conflicto del Atlántico Sur representa una disputa territorial con el Reino Unido de Gran Bretaña que, a partir de la usurpación de las Islas Malvinas (1833), en su desarrollo histórico, hoy incluye los espacios marítimos e insulares y se proyecta al continente antártico, en el que se encuentra en suspenso todo reclamo de soberanía por el Tratado de 1959. Es decir, está en disputa un espacio de más de 1.000.000 de kilómetros cuadros con recursos ictícolas, minerales e hidrocarburíferos de tal magnitud que podemos afirmar que no sólo está en juego la integridad territorial y la soberanía de la nación sino el bienestar de las generaciones venideras dado que, sobre la proyección de la explotación de los mismos, se encuentra gran parte de riqueza y el bienestar que puede generar nuestro pueblo. El general Perón (1951) definió la cuestión de la Antártida y del Atlántico Sur como el “Asunto Magno” (Perón, 1971).

El almirante Segundo Storni, en sus conferencias sobre los Intereses Argentinos en el Mar (1916) concebía la soberanía de la Argentina en el Atlántico Sur a través del desarrollo del litoral marítimo patagónico mediante la construcción de puertos y la presencia en los mares de tres flotas: la pesquera, la mercante y la de guerra. Cada una de estas flotas implica cadenas de valor, de suministros y de conocimientos sobre las que descansa la soberanía de una nación.

Comisión Nacional del Antártico. Soberanía Argentina en la Antártida. Buenos Aires: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 1948. Nota Preliminar del Presidente de la Nación General Juan Perón. Fuente: CEDINPE.

El continente americano debe acercar a las islas y a la Antártida a partir de su construcción social, tal como lo consideramos para la formulación de una política de defensa integral del país. El conocimiento de nuestros mares, el clima, las corrientes oceánicas, los ciclos vitales de cada especie de fauna marina y de peces son la base de una política de desarrollo de la Patagonia Austral y de su litoral marítimo. El trabajo realizado por las comisiones interministeriales Proyecto Pampa Azul (2014)1 constituye un antecedente muy importante como también el realizado por la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA) (1997-2011)2 que permitió, tras un exhaustivo relevamiento de nuestro mar llevado adelante por la Armada de República Argentina, fijar sobre bases sólidas los fundamentos solicitados por la CONVEMAR3 para que a la Argentina le fuera reconocida, en el año 2016, la extensión de su soberanía sobre el zócalo marino hasta la milla 350.

El desarrollo humano del litoral marítimo patagónico resulta esencial para efectivizar la presencia argentina en los espacios soberanos que nos corresponden. Para ello, se debe estar en condiciones de impulsar la construcción de una flota pesquera y de una flota mercante que exploten nuestros recursos y naveguen nuestros mares, para lo cual la Argentina dispone de astilleros y de capacidad tecnológica.

A su vez, se requiere de una infraestructura portuaria adecuada en el Océano Atlántico, el debate sobre el desarrollo fluvial y marítimo no puede acotarse a la hidrovía y al puerto de Buenos Aires, siendo esencial, desde el punto de vista estratégico nacional, que la Isla Grande de Tierra del Fuego disponga de un puerto que asegure el abastecimiento por transporte marítimo y permita crear las condiciones para que se convierta en un centro logístico para la industria pesquera, para el abastecimiento antártico y para el turismo internacional. Este puerto puede construirse en asociación con países sudamericanos, siendo ideal la integración con Chile y el aporte de potencias extra-regionales que proporcionen mayor complejidad a un espacio donde la presencia de Gran Bretaña no tiene competencia.

Dentro de esta visión, el mapa bicontinental es parte de una política de defensa integral. Pensar nuestros espacios es pensar el desarrollo humano imprescindible para proyectar una Argentina soberana, productiva, inclusiva en lo social, armónicamente articulada en lo territorial, integrada a Sudamérica y con alianzas que posibiliten el posicionamiento más favorable para defender nuestros intereses y afianzar derechos.

En este escenario, el país debe disponer de satélites capaces de escanear nuestros espacios y un instrumento militar dotado con aviones y drones, flotas submarina y de superficie, y la fuerza terrestre necesaria para disuadir o repeler amenazas, con capacidad de transporte logístico para sostener la presencia argentina en la Antártida, acciones indispensables para ejercer el rol de un país bicontinental de vocación continental y oceánica, retomando la construcción nacional que desde principios del siglo XX realizaron generaciones de argentinos.

Base Carlini, en la Antártida Argentina. Foto: Instituto Antártico Argentino, tomada de notaalpie.com.ar
* Fabián Brown, es General (R) del Ejército Argentino y Doctor en Historia (UBA). Ex director del Colegio Militar de la Nación y del Instituto Universitario del Ejército. Docente-investigador de la UNLa.Notas:

1. “Pampa Azul es una iniciativa interministerial del Gobierno de Argentina que articula acciones de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación para proporcionar bases científicas a las políticas oceánicas nacionales, incluyendo el fortalecimiento de la soberanía nacional sobre el mar, la conservación, así como el uso sostenible de los bienes marinos, incluida la creación y gestión de áreas marinas protegidas” (https://www.pampazul.gob.ar/que-es-pampa-azul/).2. Ley Nro. 24.815.3. Organización Marítima Internacional (OMI), “La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar fue adoptada en 1982. Establece un exhaustivo régimen de ley y orden en los océanos y mares del mundo, emanando reglas que rigen todos los usos posibles de los océanos y sus recursos” (https://www.imo.org/es/ourwork/legal/paginas/unitednationsconventiononthelawofthesea.aspx).

Bibliografía:

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