n grupo de gobernadores advirtió que la aplicación del régimen de revalúo impositivo que impulsa el Gobierno podría generar una pérdida de unos 40.000 millones de pesos para los fiscos provinciales por una menor recaudación del impuesto a las Ganancias.



Los mandatarios justicialistas pidieron que esa pérdida se cubra con recursos alternativos para no desfinanciar a las provincias.

 

En el Presupuesto 2018, el Poder Ejecutivo calculó que el revalúo le aportará unos 25.000 millones de pesos por el impuesto adicional asociado a este "ajuste por inflación" acotado que el Gobierno envió al Congreso para su tratamiento.



Pero la contracara de esta recaudación es la baja potencial en la recaudación del impuesto a las Ganancias -a través de mayores amortizaciones y costos de ventas- que, según calcularon técnicos del justicialismo, llegaría a los 87.500 millones de pesos. De esta suma, las provincias perderían unos 40.000 millones de pesos en los próximos seis años.

 

Ante este panorama, gobernadores y senadores plantearán que este impuesto especial y optativo se incluya con la reforma tributaria que planea el Gobierno y la nueva ley de mercado de capitales. Además, quieren plantear que el impuesto específico se coparticipe.

 

Según esta estimación, la provincia de Buenos Aires resignaría unos $ 8500 millones; Santa Fe $ 3450 millones; Córdoba $ 3430 millones; Chaco $ 1930 millones; Entre Ríos $ 1890 millones; Tucumán $ 1840 millones; Santiago del Estero $ 1600 millones; Mendoza $ 1610 millones; Salta $ 1480 millones; Corrientes $ 1440 millones; Formosa $1400 millones; San Juan $ 1300 millones; Misiones $ 1280 millones; y Jujuy $ 1100 millones.

 

Además, Catamarca perdería $ 1060 millones; Neuquén $ 970 millones; Ciudad de Buenos Aires $ 950 millones; San Luis $ 880 millones; La Rioja $ 800 millones; La Pampa $ 720 millones; Neuquén $ 670 millones; Santa Cruz $ 610 millones; Chubut $ 610 millones; y Tierra del Fuego $ 490 millones.

 

El revalúo impositivo que plantea el Gobierno es una respuesta parcial al reclamo, que ha sido llevado a la Justicia en muchos casos, por la falta de ajuste por inflación desde la salida de la convertibilidad a fines del 2001.

 

En el Gobierno aclararon que la potencial pérdida para las provincias se compensará con menor litigiosidad -por el pasado y el futuro- y la mayor formalización de las operaciones.