La Cámara en lo Comercial suspendió la audiencia prevista entre representantes de Correo Argentino S.A. y el Gobierno nacional, tras un pedido de prórroga de 120 días presentado por los funcionarios nacionales, que debían resolver el acuerdo de pago de la deuda que acumula la empresa de la familia Macri.

 

Fuentes judiciales informaron que la Sala B del Tribunal suspendió la audiencia a raíz del planteo hecho por el representante del Estado nacional, Juan Bernabé Aráoz, quien reclamó que se posponga por al menos hasta mediados de julio. Se trata del plazo estimativo que fijó la Auditoría General de la Nación (AGN) para producir un informe sobre la intervención que tuvieron el Ministerio de Comunicaciones, la ex Secretaría de Comunicaciones y la ex Comisión Nacional de Comunicaciones en la negociación, además del análisis de los créditos del Estado con el Correo Argentino al momento de la presentación del concurso.

 

Ante el planteo del representante del Estado, la Cámara estableció que se le pedirá opinión a las demás partes del proceso "para que se expidan sobre el pedido" de prórroga "y luego el Tribunal resolverá" la nueva fecha de la audiencia.

 

Minutos antes, habían concurrido a la audiencia el abogado Aráoz, la fiscal en lo comercial Gabriela Boquín, y los síndicos del concurso. Los esperaban las camaristas Matilde Ballerini y María Lilia Gómez Alonso Díaz de Cordero.

 

La audiencia había sido solicitada por el presidente del Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad. El pedido de Cibils Robirosa fue "a los efectos de tratar de encontrar de buena fe y en conjunto, una salida razonable a este largo proceso concursal" con "una solución justa y equitativa para todos los interesados".

 

El escándalo del Correo Argentino obligó al presidente Macri a dar marcha atrás con el acuerdo y pidió "volver a foja cero" el conflicto, luego de que la oposición y la Justicia advirtieran que el Gobierno había decidido condonar una gran porción de la deuda que el Correo Argentino mantiene con el Estado.

 

La fiscal Boquín acusó que la propuesta aceptada por el Correo y ofrecida por el Ministerio de Comunicación implicaba "una condonación de la deuda".

 

• Mala fe

 

Boquin emitió dos dictámenes en los que criticó el acuerdo. En sus escritos, la fiscal consideró que de homologarse como acuerdo la propuesta que el Gobierno le aceptó al Correo Argentino S.A, la firma de la familia Macri estaría obteniendo "una condonación de la deuda" por más de $ 4.000 millones, en valores actuales, pero que superarían los $ 70.000 millones hasta el año 2033. También agregó que el consentimiento estatal para el acuerdo fue brindado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quién recibió instrucciones ni en el acto administrativo que se las impuso, por lo que lo informó ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

 

La PIA, a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, comenzó una investigación para determinar si hubo una irregularidad en el hecho de que el director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Carlos Mocoroa, interviniera en el asunto.

 

Para emitir sus dictámenes, la fiscal se había apoyado en informes de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación. El estudio de la DAFI fue el que estableció que el acuerdo entre el Gobierno y el Correo implicaría una quita de deuda de $ 4.277,6 millones en la actualidad, o de más de $ 70.163 millones a marzo de 2033, fecha prevista para la última cuota, si se considera que la deuda de la empresa data del año 2001.

 

Además, la Procuración del Tesoro a cargo de Carlos Balbín realizó una presentación ante el fuero contencioso administrativo para solicitar que cayera la demanda del Correo Argentino S.A. contra el Estado por daños y perjuicios contra el Estado por la extinción del contrato de concesión ocurrida en 2003.

 

Balbin sostuvo que esa demanda por la "caducidad de instancia" dado que el 14 de febrero pasado se cumplieron los seis meses previstos para que se de impulso al proceso, sin que eso ocurriera.

 

El Correo Argentino había presentado una denuncia por daños y perjuicios contra el Estado en la que reclamaba $ 2.300 millones, aplicando a la deuda una tasa más alta que pretendía imprimirle al concurso preventivo de quiebra en el que estaba inmerso.

 

En relación a ese expediente, la fiscal Boquin, había emitido una ampliación de dictamen en la cual consideró que Correo Argentino S.A. tuvo actitudes contrarias a la buena fe procesal.

 

En este marco, el abogado Daniel Igolnikov y los dirigentes de Nuevo Encuentro Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti denunciaron al presidente Macri, al ministro de Comunicaciones de la Nación Oscar Aguad y a Mocoroa, a quienes ahora se los investiga por sus responsabilidades penales.

 

Los denunciantes tomaron en cuenta que el Correo Argentino es controlado por SIDECO S.A., que a su vez está asociada a SOCMA S.A., siendo ésta última la sociedad insignia de la familia Macri, a través de su padre Franco. Ámbito