Figuran como “temporarios” y el número de 14.540 es “estimativo” en la proyección de gastos e inversiones para lo que será un año netamente electoral. La precarización laboral dentro del Estado correntino es uno de los principales reclamos sindicales. La proyección con respecto al llamado “personal temporario” es igual a la que se mantiene desde hace al menos cuatro años.

Rondan el lote de 15 mil trabajadores que a pesar de cumplir con responsabilidades y obligaciones como si fueran empleados de planta o contratados, no figuran en las planillas como tales.

En la mayoría de los casos trabajan con como monotributistas y desde mediados de este año en plena pandemia, muchos fueron cesanteados. En una especie de ajuste silencioso que hizo la administración provincial. Ocurrió en Invico y la Dirección de Catastro por citar algunos ejemplos.

Muchos de esos trabajadores conocidos como “factureros” llevaban años en esa situación: sin cobrar aguinaldos, sin aportes sociales ni previsionales. Tampoco seguro de vida y de riesgo cuando en muchos casos debían viajar al interior.

El Proyecto de Presupuesto 2021 fue enviado por el gobernador Gustavo Valdés a la Legislatura el pasado martes y aún no se sabe si habrá un llamado al parlamento provincial para que sesione en periodo extraordinario.

La proyección global hecha por el ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia, es de $137.999.407.808. Más del 60% de esos recursos se destinan al pago de salarios para la administración pública, activos y pasivos.

También prevé y pide autorización para tomar un crédito de $7 mil millones, como garantía, se ponen fondos de la Coparticipación Federal.