Los especialistas analizan la política energética que se ha venido llevando adelante como parte de una transición hacia un ecosistema sustentable y señalan lo que hay que fortalecer para seguir avanzando.
¿Transición energética?
Por Abel Anuzis* y Ramiro Rodríguez**
Luego de incursionar en los programas GENREN I y II desarrollados en el marco de la ley 26.190, para promover el uso de energías renovables, se obtuvieron duros aprendizajes con los que el Congreso sanciona finalmente a la Ley Nº 27.191-Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica- que puede verse como un suceso histórico en materia política, ya que fue aprobado por el 93 por ciento de los legisladores presentes al momento de su sanción, en un intento por superar los obstáculos de financiación que malograron las experiencias anteriores. El objetivo de esta ley es promover la contribución de fuentes de energía renovables hasta alcanzar el 8 por ciento del consumo de energía eléctrica nacional para el 2018 y el 20 por ciento para el 2025.
Para cumplimentar este objetivo, se propuso instalar 10 mil MW de energías renovables (básicamente eólica, solar, biomasa y mini-hidráulica) de manera escalonada, a lo largo de 10 años, mediante la puesta en marcha del plan RenovAR, que hasta el momento contempló 4 rondas licitatorias (rondas 1; 1.5; 2 y 3). Como resultado de las mismas se adjudicaron 147 proyectos en las 3 primeras rondas, completando un total, según CAMMESA, de 3.849 MW instalados y 38 proyectos MiniRen, con potencia a instalar limitada a un máximo de 10 MW por proyecto, los cuales cuentan con una prórroga para firmar los contratos de abastecimiento. Con esta potencia renovable instalada hasta la fecha, se satisface una demanda eléctrica típicamente del orden del 10 por ciento, habiendo llegado a un récord de 22,6 por ciento, ello en un contexto de retracción de la demanda debido a la pandemia.
En complemento con esta transición hacia las energías renovables se sancionó la Ley Nº 27.424 denominada régimen de fomento a la generación distribuida. Esta se establece como la generación de energía eléctrica de origen renovable por parte de usuarios de la red de distribución, para su autoconsumo, con eventual inyección de excedentes a la red; creándose así la figura del ¨prosumidor¨, que nace con posibilidades acotadas pues solo puede comprar y vender a su distribuidora eléctrica local autorizada de manera individual, desaprovechándose así oportunidades de diseñar instrumentos que dinamicen el mercado energético a nivel urbano, a través de una participación más activa de los ciudadanos y las empresas y cooperativas locales que contribuyan al proceso de transición energética permitiendo la organización de éstas bajo figuras como las Comunidades Energéticas de Energías Renovables que además brindan beneficios sociales, económicos y medioambientales en el ámbito local. Actualmente, el ministerio de Economía registra 233 usuarios-generadores, de los cuales 146 son residenciales, esto sería un indicador de la baja penetración de esta modalidad, y ofrece la oportunidad de rediscutirla y ampliarla a la luz de experiencias y tendencias desarrolladas de otras regiones del mundo, tales como las Comunidades Energéticas Renovables recientemente reconocidas por la Unión Europea.
El programa RenovAR iniciado en el año 2016 tiene claroscuros. Por un lado, incorporó a la matriz eléctrica de nuestro país 3849 MW de origen renovable y por otro lado nos encontramos a medio camino de cumplir con los objetivos de la ley y con nuevos desafíos sobre el resto de la matriz energética sin proyectos concretos para reducir la dependencia fósil de la misma que es del orden del 90 por ciento. En este sentido, para la transición más abarcativa hacia una matriz energética limpia, nuestro país discontinuó el esfuerzo de años de i+d sobre las ventajas del desarrollo de la Economía del hidrógeno, término acuñado por Jeremy Rifkin, como modelo económico energético alternativo al uso de combustibles fósiles, al no reglamentar la ley N 26.123 desde el año 2006. En este recorrido debe enfatizarse la necesidad de continuar estos programas y ampliar la participación de distintos sectores, así como ejemplo de que la continuidad genera resultados positivos como en el caso de nuestra industria aeroespacial que es de vanguardia a nivel mundial.
*Abogado y **Dr. en Física.
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Desarrollar capacidades
Por Diego Roger ***
El sector energético, al igual que toda la economía del país, está atravesada por la tensión entre el peso y el dólar, con el agravante de que la dolarización del precio de la energía tiene la consecuencia de lastrar la competitividad del país al subir de manera tendencial los costos de toda la economía, transfiriendo vía precios de tarifas y combustibles, la volatilidad cambiaria a toda la economía; o sea, puja distributiva en estado puro. ¿Es esto un destino inexorable? Claro que no, pero romper la tendencia a la dolarización requiere del desarrollo de capacidades estatales para impulsar una política de pesificación sectorial sobre la base de aprovechar el proceso de cambio que está viviendo el sector energético mundial.
Es habitual asociar la abundancia energética con la alta dotación de recursos naturales, pero esto es una verdad que se ve cuestionada por la historia; lo que realmente hace la diferencia respecto de la energía y su uso para el desarrollo y bienestar, es la tecnología, y de manera más específica, el dominio industrial tecnológico en bienes de capital asociados a su prospección, extracción, transformación, transporte, distribución y uso. Al respecto, no se comprende el capitalismo y su exponencial desarrollo tecnológico sin la energía, ya que la 1º Revolución Industrial no ha sido otra cosa que una transición energética de las energías renovables a las fósiles, que permitió romper las cadenas de la limitante de energía para expandir las actividades humanas y transformar el panorama urbano, e industrial tecnológico a partir de su enorme productividad y rápido cambio tecnológico.
Desde entonces ha acontecido otra transformación disruptiva en el sistema industrial tecnológico energético -a finales del siglo XIX con la electricidad y el petróleo- y estamos viviendo una tercera basada en las energías renovables y la electricidad, con el potencial -para quien la identifique y actúe- para transformar la estructura mundial y el panorama del desarrollo. El premio es la posibilidad de desarrollar de manera local, sectores totalmente nuevos con enorme creación de empleo industrial altamente calificado, a la vez que el dominio de conocimientos tecnológicos vedados a aquellos países que no tienen campeones nacionales industriales tecnológicos en el sector de bienes de capital asociados a la energía. Porque al fin de cuentas, no se trata del recurso que tiene un país, sino de cómo puede utilizarlo y para qué, sobre la base de sus capacidades.
De cara a la transición energética en curso Argentina tiene una enorme oportunidad, ya que la diversidad de recursos energéticos y su amplia distribución geográfica (gas natural, biomasa, viento, sol, recursos hídricos, corrientes y mareas, recursos minerales estratégicos, orografía), sus amplias capacidades industriales tecnológicas en bienes de capital en el sector energético (equipos para petróleo y gas, calderas, biodigestores, aerogeneradores, reactores nucleares, concentradores solares, etc.) y sus amplias capacidades en el sistema de ciencia y tecnología constituyen una cuasi masa crítica formidable para utilizar a la transición como disparador de un proceso autosostenido de desarrollo con capacidades para transformar el país. Lograr la masa crítica para iniciar dicho proceso requiere de innovación en la política pública para trabajar sobre los puntos de apalancamiento que ofrece el sistema para iniciar un proceso de cambio.
Sin duda el desafío es grande, pero las ventanas de oportunidad que podemos aprovechar no son muchas; es más, en muchos sentidos esta ocasión es única, porque se apoya en el conocimiento, la industria y la tecnología. Son amplios los esfuerzos requeridos, pero la recompensa se cifra en millones de puestos de trabajo de calidad, desarrollo industrial, tecnológico y territorial sostenible, y una potente palanca para pesificar la economía nacional.
***Investigador de la UNQ - Especialista en energía y desarrollo.