Los números hablan, exponen prioridades y proyectan escenarios. La discusión del Presupuesto 2025 tiene un eje de debate que todavía no encontró su cauce. Es que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) señaló que, con la pauta de inflación estimada oficialmente para el próximo año, se requieren 7,2 billones de pesos para garantizar el funcionamiento de las universidades, pero el proyecto que envió Javier Milei al Congreso destina 3,8 billones a ese fin. ¿De dónde salen los recursos que faltan? ¿Hay voluntad de redireccionar partidas desde otros ítems?

«Los 7,2 billones son los necesarios para funcionar el año que viene, con salarios empatados a la inflación (cosa que no pudimos este año) y gastos de funcionamientos acordes a 2025. El Gobierno propone 3,8 billones, no contempla mejora salarial ni actualización en lo que son los gastos», detalló Víctor Moriñigo, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, en contacto con Conclusión.

El objetivo de CIN al encarar la discusión presupuestaria es claro: conseguir que los 3,8 billones sean un piso desde dónde partir y no un techo. Con eso de base, llegar lo más cerca posible de los 7,2 billones a partir de la redistribución de otras partidas y el diálogo con los diputados de todos los bloques, con el fin de conseguir los fondos.

 

Proyecto de Ley de Presupuesto 2025 que el presidente Javier Milei envió al Congreso.


 

Al hacer manifestaciones públicas respecto a esta discusión, el presidente Javier Milei dijo que estaría dispuesto a aceptar modificaciones en el reparto de recursos que aparece estructurado en el proyecto de Presupuesto, pero siempre que se garantice el déficit cero. Ese es el marco de acción, aunque otro obstáculo aparece al momento de consensuar de dónde sacar el dinero para redireccionarlo.

Este medio trasladó la consulta a diversos bloques con representación política en la Cámara baja del Congreso y consiguió respuestas diferentes, que muestran un debate aún abierto. En la oposición, antes que nada, recuerdan que a la hora de vetar la ley que recomponía el poder adquisitivo de los haberes jubilatorios y la que actualizaba el financiamiento del sistema universitario, el oficialismo no solo que trató de degenerados fiscales a quienes votaron a favor, sino que argumentó que el desfasaje sería subsanado en el proyecto de presupuesto, algo que finalmente no ocurrió.

«No puede ser que el Gobierno haya vetado la ley de jubilaciones argumentando el tema del costo fiscal y que lo iba a subsanar en el Presupuesto, tal se lo dijo a sus aliados -como lo manifestaron los diputados del PRO en la sesión cuando se ratificó el veto presidencial-. Finalmente llegó el proyecto no está ni el 8% que se le quitó a los jubilados ni el tema de las universidades, que no tiene un impacto presupuestario demasiado relevante y ya han dicho que con los recursos que figuran no pueden funcionar», lamentó el legislador del bloque socialista, Esteban Paulón, en declaraciones a Conclusión.

Sobre el eje específico de la discusión, Paulón consideró que habría que «revisar todo lo que figura en el Presupuesto ligado a créditos fiscales para los distintos regímenes». El diputado nombró como ejemplo el Régimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego -que tiene vigencia hasta 2038 y genera beneficios fiscales y aduaneros para empresas con proyectos productivos que cumplan determinados requisitos-, pero -tal aclaró- existen varios más y representan, según el cálculo que expuso, cerca del 5% del PBI.

«No decimos de eliminarlos de la noche a la mañana, pero sí rever determinada asignación del Presupuesto para poder compensar lo que tiene que ver con jubilaciones y universidades. Muchos de estos regímenes vienen desde hace muchos años. Eran de promoción y quedaron. Hay algunos sectores de la industria que hoy reciben exenciones impositivas y ya se han desarrollado, cotizan en bolsa, se valorizaron y tienen operaciones en muchísimos países. Por lo tanto, hay que evaluar cuál es la necesidad de que el Estado siga subsidiando alguna de esas actividades cuando los recursos pueden estar orientados a otras cuestiones», señaló.

La marcha federal universitaria del pasado 2 de octubre concentró a una multitud en el Monumento Nacional a la Bandera.


Por su parte, el legislador del nacional por el PTS en el Frente de Izquierda-Unidad Christian Castillo puso ciertos reparos en avanzar sobre algunos de estos regímenes porque -dijo- podrían verse afectados puestos de trabajo. Es un planteo que también hicieron los diputados consultados del PRO y Unión por la Patria. Según argumentaron, el aumento en los costos de producción de algunos sectores puntuales podría llevar a que determinado bien deje de fabricarse en el país y pase a importarse, algo que amenazaría la continuidad laboral de muchos empleados. Igualmente cabe aclarar que el caso de Tierra del Fuego fue un ejemplo aportado por Paulon dentro de otros que llegan -vale reiterar- al 5% del PBI. Desde el FIT-U eligen apuntar a los recursos que se llevaría el pago de la deuda externa y a empresarios millonarios que gozan de ciertos beneficios impositivos.

«Lo que dijo el presidente es un chantaje, porque la parte que va al pago de deuda, que es un 10% del proyecto de presupuesto, no se tocaría y para nosotros ahí hay una sangría de recursos fundamental que lleva a que nos opongamos abiertamente. Tampoco quiere tocar las exenciones impositivas que tienen los grandes empresarios. En una parte de lo que se denomina ‘gasto tributario’ están los beneficios que tiene Marco Galperin, dueño de Mercado Libreo, a partir de la Ley de Economía del Conocimiento, que la votaron todos los bloques en la época del gobierno de Alberto Fernández», indicó Castillo en contacto con Conclusión.

«También hubo una rebaja de impuestos a bienes personales que se votó como parte del paquete fiscal y se ha consolidado. Hablamos de una rebaja impositiva al sector más rico de los grandes contribuyentes; personas que tienen un yate, un inmueble en Punta del Este o en Miami. Entonces, de lo que va a deuda, de las exenciones impositivas a grandes empresarios y de la restitución de bienes personales es que se pueden conseguir los recursos», acentuó el diputado nacional.

La legisladora santafesina de Unión por la Patria, Florencia Carignano, resaltó que el problema central de la discusión nace en las diferentes prioridades que tiene cada bloque en contraste con las prefijadas por el oficialismo. Mientras algunos -explicó- quieren sostener el alivio de cargas tributarias para el 10% más rico de la Argentina, otros consideran que allí están los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento del sistema universitario en 2025 y fortalecer otras partidas.

Carignano remarcó que «siempre se puede sacar de un montón de lugares, aunque sea un poquito de cada uno, para llegar al número (en referencia a los 7,2 billones de pesos), pero debe estar identificado como una prioridad». La peronista incluso señaló que hay preguntas previas que el Gobierno no contestó con claridad. «¿A dónde va la plata que está recibiendo por el pago del Impuesto a las Ganancias? ¿Dónde está el dinero de las 189 obras que estaban presupuestadas para la provincia de Santa Fe? ¿Qué pasó con todo lo que se dejó de transferir?», enumeró ante Conclusión.

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En el PRO aseguran que no hay nada cerrado, pero tampoco imaginan un horizonte en el que sea sencillo acordar de dónde mover partidas. Los gobernadores están jugando su rol negociador con la Casa Rosada y por eso el presidente Javier Milei los fue recibiendo en las últimas semanas, a sabiendas de la influencia que pueden tener los ejecutivos provinciales en las bancadas que representan a su provincia. Atrás quedó la preocupación que tantos supieron tener en torno a la división de poderes.

Al recibir la pregunta de dónde consideran mejor mover partidas para alcanzar los 7,2 billones requeridos por el CIN, la diputada nacional del PRO, Germana Figueroa Casas, dijo que «es una pregunta difícil de responder», porque «uno puede estar más o menos de acuerdo con que se gaste más en una cosa o en otra, pero gobierna otro signo político y la gente eligió».

«Creemos que el déficit cero es una prioridad y estamos de acuerdo. Entonces sabemos que a veces no se va a tener lo mejor, sino lo posible. Antes, durante los presupuestos kirchneristas, uno decía que se necesitaba gastar más en tal cosa y lo agregaban sin decir de dónde salía el dinero, así que se financiaba con inflación. Bueno, eso cambió y lo que estamos haciendo es tratar de apoyar ese cambio porque necesitamos cortar eso de una vez», indicó Figueroa Casas.

Y acentuó: «Hay que entender que es una situación muy complicada, donde no nos podemos dar el lujo de volver a espirales inflacionarios porque ya no da para más. Creo que, por las reuniones que venimos teniendo, el Gobierno quiere tener Presupuesto el año que viene, pero no está dispuesto a renunciar a esa posición del déficit cero. Quizás el proyecto no es perfecto, pero sí, me gustaría que haya Presupuesto».

De esta forma, la discusión matemática está entrampada en la falta de consensos para definir de dónde mover partidas y así garantizar los fondos que el Consejo Interuniversitario Nacional contó que son necesarios para funcionar el año que viene. Si se quieren alcanzar consensos, aun queda tiempo, pero dependerá de la voluntad política. Plata hay, solo que está asignada a otros puntos que están asignados a otros puntos. Las prioridades quedarán establecidas al momento de votar.