El intento de asesinato de la principal dirigente política argentina obliga a poner en discusión los límites no traspasables del sistema democrático. Desde la Agencia Paco Urondo Sabina Crivelli analiza la violencia desde un sector de la política.

La transmisión en vivo del intento de asesinato de la principal dirigente política argentina y actual vicepresidenta es un punto de inflexión no sólo para quienes sienten escalofríos ante las imágenes del arma que la apunta, y que reproducidas al infinito recuerdan que podría haber sido aniquilada la esperanza de montones en un instante. El hecho obliga a poner en discusión los límites no traspasables del sistema democrático.

El 2 de septiembre, en todo el país, una inmensa cantidad de personas salieron a manifestarse en defensa de la democracia y de la máxima referencia política del peronismo. La rápida reacción ante el fallido magnicidio dejó entrever que en la Argentina la escalada de la derecha, que azota las democracias de diversos puntos del planeta, tiene todavía un contrapeso. En menos de 12 horas organizaciones políticas, sindicales, sociales y la ciudadanía en general desplegaron movilizaciones masivas pero pacíficas y organizadas. La respuesta colectiva de ocupar el espacio público para manifestarse es un capital político argento que corresponde a una memoria histórica de la experiencia política.

Así parece advertirlo también la oposición que enseguida salió a repudiar que el presidente convocara a movilizar. Una de las primeras, que además cuida su primer puesto cuando de traspasar límites se trata, fue la presidenta del PRO, Patricia Bullrich en un tweet. Se apuró a decir que "el presidente está jugando con fuego: en vez de investigar seriamente un hecho de gravedad, acusa a la oposición y a la prensa, y decreta un feriado para movilizar militantes. Convierte un acto de violencia individual en una jugada política. Lamentable". Un visible choque de concepciones de la política que la movilización del viernes reforzó, al situarla como construcción y organización colectiva que conecta con la alegría de encontrarse, y se opone a concebirla como experiencia individual de audiencias atomizadas que viven en soledad las contingencias arrasadoras del capitalismo actual.

Claro que la violencia política y el intento de borrar del mapa al peronismo no empezaron hace poco. Desde el 55 hasta nuestros días ha estado presente y latente. No obstante, a la escalada enunciativa de los últimos tiempos se suma una consecución de hechos que la actualizaron aún más en las últimas semanas. El desprecio por la institucionalidad democrática del Estado de derecho, reemplazado por la lógica del patrón que usa la fuerza, se potencia con la puesta en juego en el espacio público de enunciados políticos orientados a la eliminación física del adversario.

Por eso, si bien esto no empezó con el alegato del Fiscal Federal Diego Luciani, su alocución habilitó una escena que se venía cociendo hace rato. Los dichos de un legislador de Juntos pidiendo la pena de muerte para la vicepresidenta, antes las bolsas mortuorias en la Casa Rosada con nombres de funcionarios, por nombrar algunas entre tantas manifestaciones, son parte de la enunciación de la derecha opositora más extrema que potencia la eliminación física del adversario. Se vio también la noche que sobrevino a la sacada exposición leída del fiscal donde un puñado de enardecidos opositores a la vicepresidenta se juntó en la puerta de su domicilio a insultarla. De ese día es el video que circula de un joven que, muy a tono con la performance del fiscal, desbordado, grita pidiendo la ejecución de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Las horas que siguieron, y como desde hace dos semanas, la militancia ocupó ese espacio público de la coqueta Recoleta, que se llenó de olor a chori, estruendos y bombos, para protegerla. Eso sin dudas también instaló cierta rivalidad. Pero esta no es equiparable de un lado y del otro del arco político como muchos con variopintas intenciones pretenden instalar. "Si la tocan a Cristina qué quilombo se va a armar", refiere a un límite y un ejercicio de la ciudadanía saliendo a las calles, haciéndose escuchar en el ejercicio de la democracia a partir de la manifestación en la ocupación del espacio público. Lejos está esto del pedido de eliminación física.

La dirigencia de Juntos desprecia la institucionalidad democrática que brinda las reglas y límites del juego político. Son patrones y actúan como tales, aunque utilicen disfraces enunciativos de republicanismo. De ahí surge el Fiscal que lee lo que no puede ser leído y la provocación impune del Juez Giménez Uriburu, que puso a circular en redes sociales su imagen en el juicio tomando mate con el escudo del equipo de futbol que comparte con el fiscal Luciani en un acto de derroche de parcialidad manifiesta. También en igual sentido, en los días que siguieron, luego del vallado puesto para impedir la escena de la militancia tomando la Recoleta en defensa de la indiscutible líder del movimiento peronista, fue la enunciación pública del Jefe de Gobierno porteño desconociendo el fallo de un juez para que cese el despliegue de una policía adiestrada para reprimir a dirigentes y militantes políticos. Los audios filtrados de la Policía de la Ciudad instruyendo a detener al Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y a cualquier manifestante desconociendo investiduras y fueros, y la violencia contra Máximo Kirchner van también en ese sentido. De norte a sur Juntos tiene un accionar coherente que se traduce en las irregularidades que no cesan, ya sea con la presa política Milagro Sala como con los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafa Nahuel, por nombrar algunos ejemplos escandalosos. El debido proceso y las garantías judiciales se pueden burlar y convertir en cáscaras vacías si es necesario. Cuando el juez no obedece al patrón, se lo desconoce. El Estado de derecho aparece descalificado una y otra vez y el uso de la fuerza es puesto entonces como valor.

Sucede que hay ciudadanos a los que les hablan hoy los dirigentes de la derecha argentina que parecen empatizar más con la fuerza que con la institucionalidad. En ese marco la dirigencia de Juntos compite internamente por un segmento del electorado que demanda la eliminación del adversario político construido como el peronismo y en particular el kirchnerismo. No es una novedad que no sólo atraen a la porción de los sectores de altos ingresos sino a gran parte de los ciudadanos que no llegan a fin de mes y que ubican a la máxima figura del Frente de Todos como responsable de sus frustraciones y limitaciones materiales en momentos acuciantes de una crisis económica que esa misma derecha bien supo generar.

Así es posible ver la escena quijotesca de un repartidor de comida, trabajador hiper-precarizado, envalentonarse en una cruzada individual que lo lleva a pasar por Juncal y Uruguay en bicicleta para insultar a la vicepresidenta y agredir él solo a muchos militantes con una llave inglesa. Pero así también, en una aparente soledad, un outsider empuñó un arma que, de haber sido usada correctamente, seguro hubiera desatado una guerra civil.

Emergentes de una época que todavía falta desentrañar porque, a pesar de la extraordinaria reacción y movilización ante los hechos que impactaron el 1 de septiembre, eso todavía no parece traducirse en los números necesarios para que el peronismo renueve el mandato en las urnas. Hay que ganar elecciones en el 2023 y para eso resulta imprescindible recomponer ingresos. Mientras tanto, el desafío está en cómo contener la frustración de una situación económica que deja a las mayorías con el agua el cuello y obliga a vivir al día a muchos que están lejos de experiencias políticas colectivas. En los días que corren, a esos ciudadanos de nuestras democracias de audiencias y aplicaciones varias parecen convocarlos en gran medida las explicaciones simples de las variantes de la extrema derecha que invitan a tramitar los efectos de la desigualdad a partir del aniquilamiento de un supuesto adversario responsable de esos males.