Investigadores, biólogos y graduados de la UNNE que integran el “Foro de Humedales NEA” marcaron su posición con respecto a la necesidad de una norma nacional proteccionista. Ante el lobby del sector productivo, esgrimen, “no siempre los intereses de un pequeño número de productores son los mismos que los de la mayoría de la población”. Ven en la potencial ley, una herramienta de regulación de la producción extractivista.


Ante el creciente lobby del sector productivo, un grupo de investigadores, biólogos y graduados que integran el “Foro de Humedales NEA” esgrimen el beneficio gene­ral sobre el particular. “No siempre los intereses de un pequeño número de pro­ductores son los mismos que los de la mayoría de la población”. Este colectivo ve en la potencial ley, una he­rramienta de regulación de la producción extractivista.

Prosigue en el Congreso de la Nación y en distintos ámbitos el debate en torno al proyecto de Ley de Pro­tección de Humedales, que apuesta a generar nuevos instrumentos para su pro­tección. El parlamento ar­gentino ya tuvo en los últi­mos años oportunidades de sancionar una ley, sin lograr consensos, en un tema que genera posturas encontra­das.

Con el fin de seguir apor­tando algunas reflexiones sobre la cuestión, el Departa­mento de Comunicación Ins­titucional del Rectorado de la Unne hizo un relevamiento de opinión a un colectivo de académicos reunidos en el “Foro Humedales NEA”, sur­gido desde Corrientes y con­formado por investigadores y biólogos y estudiantes pro­venientes del ambiente es­tatal, privado y universitario, entre ellos investigadores, docentes y egresados de la Universidad.

El objetivo del foro es ha­cer pública una voz académi­ca respetando la diversidad de opiniones pero sin per­der de eje el interés común como lo son los humedales, preservando su uso susten­table que no solo considera el aspecto de su aprovecha­miento económico sino que aún más lo preserva para las futuras generaciones.

Señalan que por diversas razones, quizás centradas en una falsa dicotomía entre el sector ambientalista y el sec­tor productivo, el tratamien­to de proyectos en el Congre­so de regulación de humeda­les siempre naufragó.

—Uno de los fundamen­tos por el que el proyecto de ley es trabado, gira en torno al impacto socioeconómi­co que su sanción genera­ría. Algunos legisladores sostienen que el proyecto tal como está planteado restringirá las actividades productivas afectando a miles de productores y a los demás eslabones de la ca­dena de valor. ¿Tienen una opinión al respecto?

—Es necesario separar los beneficios ecosistémicos que provee la protección de un ambiente que es de todos, de las ganancias que obten­dría un sector reducido de la población a partir de la explotación del mismo. Cla­ramente, entendemos que el aumento de la protección de ciertos ambientes, pue­de limitar algunas áreas de producción, pero en general los ambientes seleccionados para su protección pueden traer beneficios ecosistémi­cos. Los humedales prestan una amplia gama de servi­cios importantes y funda­mentales (por ejemplo, peces y fibras, abastecimiento de agua, purificación del agua, protección de la costa, opor­tunidades de recreación y, cada vez más, turismo) que son decisivos para el bienes­tar del hombre. Al mantener el funcionamiento natural de los humedales se les per­mitirá seguir prestando estos “servicios” que impactan de manera positiva en la calidad de vida de la población en ge­neral, que lejos está del lobby productivo. Por otro lado, la interacción entre Nación y Provincia acerca de las deci­siones sobre qué y cómo pro­teger, permite que los intere­ses de ambos sean protegi­dos. Finalmente, no siempre los intereses de un pequeño número de productores son los mismos que los de la mayoría de la población, en términos de cómo interac­tuar con la protección del ambiente y al uso de los “re­cursos” naturales. Esta ley de presupuestos mínimos para el ordenamiento, protección y utilización de los humeda­les en el país, nos ayudará a que todos seamos beneficia­dos de forma equitativa en cuanto a los servicios ecosis­témicos, y a que las formas de producción extractivistas, con extensas modificaciones al ambiente sean reguladas.

—¿Cuál creen ustedes se­ría la definición de hume­dal que mejor consensúe los intereses de ambienta­listas y productores?

—En el marco del Inven­tario Nacional, “un humedal es un ambiente en el cual la presencia temporaria o per­manente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos. Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas, y/o suelos hídricos o sustratos con ras­gos de hidromorfismo”.

—Existen planteos refe­ridos a la potestad de Na­ción de regular aspectos que podrían concernir a las provincias. Desde el Sena­do de Corrientes entienden que debe tenerse en cuenta el artículo 41 de la Consti­tución Nacional que indica que “las provincias se re­servaron la facultad legisla­tiva complementaria de la materia ambiental, la cual no es meramente procesal o reglamentaria respecto de las leyes de presupues­tos mínimos emanadas del Congreso de la Nación”. ¿Qué opinan al respecto?

—Podemos empezar a mirar esto desde otra pers­pectiva y no como una intro­misión del estado nacional en un territorio provincial, el tener un tercer agente que regule, arbitre o audite lo que sucede en la provincia en ma­teria de humedales y de un recurso natural estratégico para el país como es el agua, garantiza potencialmente el uso discrecional y sustenta­ble de estos ambientes.
No obstante, es verdad que desde la modificación de la Constitución en 1994, las provincias tienen la po­testad sobre los manejos de sus recursos naturales. Pero también creemos que en cuestión de protección de los ambientes debemos tener una visión más federal, y aún más regional. Por ejemplo, estas diferencias se han ma­nifestado recientemente con la problemática de la autori­zación de la pesca en el Río Paraná entre las provincias de Chaco y Corrientes. Ni los ambientes, ni su biodiversi­dad tienen límites políticos y por eso es de suma impor­tancia la concreción de una ley de presupuestos míni­mos. Un presupuesto míni­mo, como está establecido en el artículo 41 de la Cons­titución Nacional, permite tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional y tiene por objeto imponer condiciones nece­sarias para asegurar la pro­tección ambiental. Más allá de que una ley de humedales nacional tiene incluidos diá­logos en las determinaciones de las áreas a proteger, es necesario el rol del Estado a nivel nacional, para velar por los recursos naturales que pertenecen a toda la so­ciedad. Y de alguna manera debemos asegurar el man­tenimiento de la biodiver­sidad de los humedales, su estructura y las funciones de estos ecosistemas, orientan­do su gestión en un marco de concertación y articulación federal, intersectorial y par­ticipativa.

—¿Qué rol considera de­ben jugar las provincias en la regulación de los hume­dales?

—Las provincias deben te­ner un rol protagónico en la aplicación de la definición de humedales lograda a través de un consenso nacional y representativo. Creemos que existe la posibilidad de que las provincias puedan gene­rar sus capacidades técnicas para el desarrollo de acciones y medidas para la conserva­ción, el uso sostenible y la promoción de programas de capacitación e intercambio de información dirigido al personal vinculado a la ges­tión de los humedales. Todo este proceso debería ser participativo y vinculante, en el cual tanto los grandes productores agropecuarios y forestales, un equipo técnico heterogéneo, representantes de campesinos y pequeños productores, como el resto de la sociedad forme parte de la toma de decisiones.

—¿La importancia de una ley de Humedales, se limita a la protección, con­servación de determinadas áreas?

—No podemos dejar de ver, que con en el sistema ac­tual de producción y sin esta ley de Humedales, ya hay mi­graciones, pobreza, envene­namiento, modificación ma­siva del ambiente, contami­nación, trabajo precarizado y tantas otras situaciones que desde los centros urbanos quizás no se ven. Si de una vez por todas queremos se­riamente sentarnos a discu­tir cómo modificar la situa­ción de pobreza y las migra­ciones internas, deberíamos ir un paso atrás y discutir los sistemas de producción basados en el agronegocio y el consumo desmedido. En este marco, una ley de pro­tección de humedales, puede encaminarnos hacia un ma­nejo sustentable de nuestros recursos.

Esta nota refleja las opiniones individuales de los suscribientes, y no la opinión de sus respectivas filiaciones.

Firman en orden alfabético: Dr. Federico Exequiel Arce (UNNE); Alejandra Báez - Estudiante Cs. Biológicas (UNNE); Mgtr. Melanie Browne - Bióloga; Tomás Camarasa - Abogado y téc. univ. en gestión ambiental, egresado UNNE; Dra. Micaela Camino (CONICET); Dr. Felix Ignacio Contreras (CONICET-UNNE); Dr. Adrian Di Giacomo (CONICET-UNNE); Lic. Janinna Faraone - Bióloga egresada UNNE; Dra. Ma. Emilia Garcia Denegri (UNNE); Debora Rocio Gilles - Estudiante Cs. Biológicas (UNNE); María Clara González - Estudiante de Cs. Biológicas (UNNE); Dra. Cecilia Kopuchian (CONICET); Dr. Martin Kowalewski (CONICET-UNNE); Dr. Esteban Meza Torres (CONICET); Dr. Angel Miño Boilini; Med. Vet. Belén Natalini (CONICET); Lic. Renata Nicora Chequín - Bióloga egresada UNNE; Lic. María Florencia Pucheta - Bióloga; Dra. Mariana Raño - Bióloga; Dra. Veronica Romero (UNNE); Lic. Romina Florencia Quijano - Bióloga y guardaparques egresada UNNE; Adriana Belén Vallejos - Guardaparques egresada UNNE; Dra. Silvia Clarisa Zaninovich - Bióloga egresada UNNE, Dr. Alfredo Eduardo Zurita.