La preservación de los ecosistemas denominados humedales ha generado mayor preocupación en los últimos días, por el lógico cuidado del medio ambiente de siempre, y debido a los recientes incendios en las islas aledañas al Río Paraná y el Delta. Y el tema ganó protagonismo en la agenda pública por la presentación de siete proyectos que ingresaron en el Congreso de la Nación con el fin de sancionar una ley nacional de “Presupuestos Mínimos para la Conservación, Protección y Uso Racional y Sostenible de los Humedales”.


Ante la problemática, la Coordinadora de Entidades Productivas de Corrientes, que agrupa a 11 instituciones, desde las delegaciones regionales de la Mesa de Enlace a organizaciones ligadas a economías regionales como la citricultura, el arroz y la forestación, entre otras, advirtió que "se debe dar un debate amplio, que todas las partes involucradas/afectadas puedan ser escuchadas, que se privilegie en el análisis de la cuestión un criterio científico apoyado en un estudio previo que demuestre los daños que se pretenden remediar".

La Declaración de las entidades de la producción y el comercio correntino pone el acento en que "no queda claro, cuál es el aporte normativo de los proyectos de ley o qué problemas concretos pretenden proteger y regular, que ya no fueran exigibles por otras normas nacionales y provinciales que regulan las cuestiones ambientales, uso de las aguas, autorizaciones para obras, etc. en consonancia con la Ley Nacional General del Ambiente Nº 25.675".

Firman el comunicado la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (ACPA), la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (ASRC), la Asociación Forestal Argentina (AFoA-Regional Corrientes), las Asociaciones de Citricultores de Corrientes (ACC), la Asociación de Plantadores del Nordeste Argentino (APNEA). Y adhieren también la Federación Económica de Corrientes (FEC), la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (CONINAGRO), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y Federación Agraria Argentina (FAA).


Humedales. Las entidades agropecuarias correntinas advierten que la actividad forestal, aunque se desarrolle en terrenos secos, podría verse restringida por los proyectos de ley presentados en el Congreso, al estar ubicada en zonas de hidromorfismo, con napas altas.
Al entender que "no existen evidencias objetivas que demuestren algún daño provisorio o irreparable, tratándose de actividades productivas y culturales que se realizan desde hace más de 300 años", no aprecian "razones o motivos que justifiquen una legislación restrictiva de la magnitud pretendida". Y creen "inoportuno, inconveniente e innecesario aprobar algún proyecto de ley con tales características, objeto y definición".

De cualquier modo, en caso de que se decida avanzar, solicitan "que se respeten las autonomías y jurisdicciones provinciales, así como el principio constitucional de razonabilidad, que los proyectos ingresados sean girados a las comisiones parlamentarias de agricultura y ganadería, y las demás que resulten pertinentes".

En ese sentido, mencionaron que "la Provincia de Corrientes, en mérito al valor que le asigna a sus recursos naturales, cuenta en materia de legislación con un capitulo especifico (10 artículos) de su Constitución dedicada al Medio Ambiente y al Agua; una Ley que declara de interés provincial la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del Ambiente y de todos sus elementos constitutivos; una Ley que aprueba el Código de Aguas; un Organismo competente (ICAA) con poder de policía sobre el agua, el suelo, la minería, y el medio ambiente; una Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental dependiente del Superior Tribunal de Justicia; y una Reserva Natural del Iberá que cuenta con 1.300.000 hectáreas que sumadas a otras Reservas de similar protección, representan más del 21% del territorio provincial."

Uno de los ejes de la posición crítica a las iniciativas parlamentarias de distintos partidos políticos es que "no ponderan adecuadamente en sus articulados el criterio de Desarrollo Sostenible; que con sus tres pilares trata de lograr de manera equilibrada el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente; considerando como esenciales las actividades antrópicas". Remarcan que los proyectos parlamentarios "poseen una mirada sesgada sobre el ambiente, ya que se ocupan exclusivamente de lo natural, en desmedro del hombre y sus necesidades".

En el mismo sentido, advierten que "no se trata sólo de proyectos de regulación ambiental, sino también de regulación económica, que de aprobarse exigirán realizar en amplias zonas, consideradas como humedales (sobre todo si se incluye el concepto de hidromorfismo), “estudio de impacto ambiental” y/o “audiencia pública”, como paso previo a realizar cualquier actividad productiva tradicional. Ello generará desconfianza, en la inversión privada, afectando la producción, las economías regionales, y abriendo las puertas a una burocracia generadora de conflictividad administrativa y judicial".