El fiscal federal de Rosario, Javier Arzubi Calvo, amplió la imputación respecto de siete integrantes de la Policía de Acción Táctica (PAT) de Santa Fe por el delito de comercio de estupefacientes agravado. Se trata de los uniformados Guillermo David Toledo, Sergio Nicolás Robledo, Iván Severino Schneider, Jesús Ángel Balais, Gerardo Sebastián Pérez, Fernando Nicolás Ferreira, Renzo Maximiliano Michelud y Agustín Mario Andrés Martínez –integrantes de la PAT- que ya habían sido imputados por la realización de un allanamiento ilegal el 13 de agosto de 2024.

En aquella ocasión, según el fiscal, robaron cocaína, armas y dinero en una vivienda del barrio Azcuénaga de Rosario. De acuerdo a la acusación, con violencia y bajo amenazas privaron de la libertad a cinco personas -dos de ellas menores de edad- y les robaron “entre 12 y 15 ladrillos de cocaína, armas de fuego, 50.500 dólares y 285 mil pesos”, puntualizó el Ministerio Público Fiscal en su página web.

En la misma audiencia, Arzubi Calvo imputó por comercio de estupefacientes a Miriam Alejandra Gallegos, Guillermo Jonás Gallegos y Leonardo Manuel Gallegos, la pareja y los cuñados respectivamente del oficial Guillermo Toledo, quienes habían sido arrestados el 9 de enero último. Las detenciones se produjeron tras la realización cinco allanamientos en Rosario y Santa Fe, autorizados por el juez Carlos Vera Barros.

“Los peritajes practicados sobre los teléfonos celulares incautados a los policías, cuando fueron detenidos en octubre de 2024, evidenciaron que los ahora imputados se quedaron con la droga sustraída en el procedimiento fraguado por los funcionarios policiales que trasladaron en parte a la ciudad de Santa Fe, comercializaron allí, a través de sus familiares”, sostuvo el MPF.

En virtud de ello, los fiscales del caso ampliaron la imputación respecto de los policías Toledo, Robledo, Schneider, Balais, Pérez, Ferreira y Michelud por considerarlos coautores del delito de “comercio de material estupefaciente doblemente agravado por su calidad de funcionarios públicos y por realizarlo tres o más personas en forma organizada”.

Los oficiales ya habían sido imputados, junto a Martínez, por la coautoría de diversos delitos entre los que se cuentan los de violación de domicilio, robo agravado, falsedad ideológica, asociación ilícita y encubrimiento.

En la misma audiencia, el Ministerio Público formalizó la investigación respecto de María Alejandra Gallegos -pareja de Toledo-, quien habría colaborado en el transporte y la venta del estupefaciente sustraído, y de sus dos hermanos -Guillermo Jonás y Leonardo Manuel Gallegos- por haber fraccionado y comercializado la droga junto a una mujer que aún no fue ubicada. También requirió la prisión preventiva de las tres personas, que fue dispuesta por lapso de 90 días.