Un total de 30 personas detenidas tras los incidentes que tuvieron lugar el pasado viernes luego de la marcha a Plaza de Mayo para reclamar la aparición del joven Santiago Maldonado, fueron trasladados a Comodoro Py, donde prestan declaración ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi.
Los manifestantes detenidos en cuatro dependencias policiales de la Ciudad de Buenos Aires están acusados de haber cometido los delitos de "intimidación pública y atentado y resistencia a la autoridad", según informaron fuentes judiciales.
Actualmente, una docena de ellos se encuentran alojados en la comisaría de Comuna 15 en el barrio de Chacarita, en la comisaría de la comuna 4 de Parque Patricios, en la comisaría de la comuna 12 de Saavedra y en la Alcaidía IV comisaría 30 de Barracas.
Por su parte, la Cordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) manifestó su preocupación porque "ni los abogados pudieron ver a los detenidos" y adelantó que mantendría su presencia en todas las comisarías en las que se encuentran las 30 personas.
Horas después su titular, María del Carmen Verdú, señaló a la agencia Noticias Argentinas que "no se modificó nada en ese aspecto" pero agregó: "Tuvimos la buena noticia de que el juez adelanta 24 horas las indagatorias. Recién acaba de llegar la directiva a las comisarías de que mañana (por este domingo) a las 8 van a trasladarlos".
De acuerdo a lo establecido en el Código Penal sobre el delito de intimidación pública, pueden ser penados "con prisión de dos a seis años" aquellos que "para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hicieren señales, dieren voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos".
"Cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de tres a diez años", agrega el artículo 211.
En lo que respecta al delito de atentado y resistencia contra la autoridad, la normativa establece que "será reprimido con prisión de un mes a un año, el que empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público o contra la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de un deber legal, para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones".
Al tiempo que el artículo 238 precisa que "si el hecho se cometiere por una reunión de más de tres personas" la pena podrá ser "de seis meses a dos años".